La solución dada a Lemóniz, un arriesgado precedente

La solución al problema que le plantea la construcción de la central nuclear de Lemóniz a Iberduero parece acercarse con pasos rápidos. La resolución de la Asamblea del Partido Nacionalista Vasco, asumiendo la necesidad de la finalización de las obras de la central, anteponiendo una serie de condiciones previas más o menos etéreas, representa el fin del callejón en el que se encontraba sumida la empresa eléctrica, con domicilio social en el País Vasco.El compromiso del PNV aceptando como necesaria la continuación de las obras en la central nuclear, sin que se plantee como requisito indispensable la celebración de un referendum, sino simplemente como una alternativa al control público de la explotación de la central por parte del Gobierno vasco, abre el camino a la solución aparentemente definitiva dé los problemas que su construcción estaba planteando tanto a la propia compañía, como a la sociedad vasca, que iba viendo cómo sus elementos más radicalizados empleaban Lemóniz como arma de desestabilización.

Pero la solución que se apunta, y que pasa por la constitución de una sociedad para el control de la explotación de Lemóniz, en la cual tendría una participación destacada el Gobierno Vasco, y por tanto el partido mayoritario, el PNV, deja algunos interrogantes al descubierto.

En primer lugar habría que plantearse si esta solución, indudablemente una de las mejores posibles en los momentos actuales para Iberduero, y que además apetece al PNV por cuanto comporta el control de la principal fuente de producción energética en Euskadi, tendría algún sentido fuera del contexto de violencia que rodea a los temas nucleares en aquella nacionalidad. Y por otro habría que plantearse si esta solución, cuidadosamente acariciada por los vascos, y entendida como un mal menor por Iberduero y la Administración central, no representará un nuevo precedente insostenible de los supuestos procesos de "descentralización administrativa", ya que después de este caso podrían plantearse reivindicaciones de este signo por parte de los restantes Gobiernos autonómicos.

Normas sobre seguridad

Las normas sobre seguridad nuclear pertenecen a ese paquete de medidas de soberanía irrenunciables por la autoridad central, por cuanto corresponden a una reglamentación internacional de difícil interpretación partidista. Los condicionantes políticos con los que en su día fue gestada la Junta de Energía Nuclear han terminado por hacerla prácticamente inoperante. Sin embargo, reemplazarla por un conglomerado de organizaciones regionales no parece ser la solución que mayores posibilidades de futuro plantee a nivel del Estado español.

La realidad es que el caso de la central nuclear de Lemóniz presenta algunas particularidades con relación al resto de las instalaciones de este tipo que están construidas o en vías de construcción dentro del territorio del Estado español. En ningún caso se han planteado con tanto encono las reivindicaciones antinucleares como en Lemóniz, y tampoco ninguna de las restantes instalaciones de este tipo se halla enclavada en territorio donde operen bandas armadas que puedan manipular el sentimiento de inseguridad que plantea a la comunidad una instalación de este tipo como en el País Vasco. Estas circunstancias hacen de Lemóniz un caso especial.

Pero esta singularidad viene dada por los componentes sociológico-políticos y por el inherente contenido económico que para la sociedad constructora comportan.

Iberduero ha realizado en su estrategia un giro muy acusado desde que a mediados del presente año fue relevado de la presidencia Pedro de Areitio y reemplazado por Manuel Gómez de Pablos, anterior directo general de la compañía, quien ha pretendido acercar a la comunidad vasca los problemas que plantearía la no puesta en marcha de la central nuclear. Estos planteamientos han resultado coincidentes con los que el PNV ha realizado entre sus bases.

El compromiso adquirido por el lendakari Garaikoetxea de convocar un referéndum como medida previa a la puesta en funcionamiento de Lemóniz está siendo reemplazado por la figura del control público por el Gobierno vasco. Las reticencias o, mejor dicho, la cerrada negativa con que esta iniciativa fue recibida por el Gobierno de Madrid, junto con las dificultades objetivas que planteaba la convocatoria del plebiscito, parecen haber decidido al Ejecutivo vasco a relegarla paulatinamente al baúl de los recuerdos y sustituirla por un mecanismo más funcional y menos costoso, políticamente hablando, a pesar del desgaste que la no convocatoria comportará a los dirigentes del PNV.

Los deseos de una formación nacionalista pequeño burguesa, como es el PNV, para quien el control de las fuentes energéticas de su territorio resulta estratégicamente vital, y la aceptación de sus condiciones de control, fundamentalmente político, que la compañía constructora y explotadora de la central ha aceptado, resultan tremendamente lógicas desde sus particulares puntos de vista. Sin embargo, la incidencia de Lemóniz en el PEN, y sobre todo el precendente que ello plantearía, presentan un cúmulo de razones que invitan cuando menos a la meditación.