Mercasa no quiere vender su participación en Mercamadrid para no perder su control de los mercados centrales
La empresa pública Mercasa, que posee el 49% del capital de Mercamadrid, pide al Ayuntamiento 5.000 millones de pesetas por la venta de sus acciones en esta sociedad, lo que resulta prohibitivo para la Corporación. De esta manera, parece cerrarse para el Ayuntamiento la posibilidad de municipalizar los nuevos mercados centrales a través de hacerse con su propiedad. UCD, por su parte, se opone al expediente de municipalización de la sociedad en los términos que pretende el actual equipo de gobierno de la Corporación. Como trasfondo de esta situación aparece el hecho de que de la solución que finalmente se encuentre al contencioso en torno a Mercamadrid depende, en gran medida, el futuro de los diecinueve mercas que hay en todo el Estado, concebidos éstos como el soporte mercantil de la presencia de la Administración central en competencias que la Administración local reclama para sí.
Ante la negativa a vender que de manera implícita se contiene en la exigencia de Mercasa de los referidos 5.000 millones de pesetas por su paquete de acciones en Mercamadrid, el equipo de gobierno del Ayuntamiento estudia recurrir a la vía de la expropiación de sus instalaciones por razones de interés público. No obstante, esta posibilidad parece harto difícil de prosperar dada la circunstancia de que debe ser el Consejo de Ministros quien aprecie las aludidas razones de interés público, lo que permite suponer que no vaya a contrariar el Gobierno los intereses del Ministerio de Comercio, que es quien, en última instancia, está interesado en perpetuar su presencia a través de Mercasa en los canales de comercialización y abastacimiento a las ciudades mediante los mercados municipales.No obstante, el concejal responsable de Abastos, Luis Rufilanchas, propuso ayer al alcalde que gestione con el ministro de Comercio, García Díez, un encuentro para buscar una salida a la actual situación que afecta al proyecto de entrada en servicio de los nuevos mercados municipales.
Medios socialistas creen ver en la postura del Gobierno, junto con el interés de la Administración central en intervenir en asuntos que la Administración local considera de su exclusiva competencia, un claro apoyo a su partido, que en el gobierno municipal es oposición. Esta versión insiste en el interés centrista por retrasar la entrada en servicio de Mercamadrid hasta las próximas elecciones municipales, en la esperanza de que las gane UCD y pueda procederse a la municipalización de los nuevos mercados centrales mediante la simple traslación del reglamento que hoy impera para los mayoristas en los viejos mercados.
UCD, por su parte, niega estos extremos e insiste en la posibilidad de proceder a la apertura de los nuevos mercados y su posterior municipalización, como ocurre en al menos nueve de los mercas abiertos hoy en España. Asimismo, UCD rechaza la versión, también socialista, de que su oposición al expediente de municipalización que pretende la Corporación madrileña suponga un retraso indefinido en la apertura de Mercamadrid y la congelación de más de 6.000 millones invertidos.
Una última versión o explicación socialista a la postura de UCD asegura que este partido pretende impedir que entre los logros de la izquierda en el gobierno municipal se pueda contabilizar la entrada en servicio de Mercamadrid. Obviamente, el grupo centrista niega este último extremo.
Injerencia centralista
El contencioso en torno a Mercamadrid tiene su origen en una estructura comercial que arranca del apogeo del Opus Dei en la década de los sesenta. Defenestrados los democristianos que habían servido de sostén al régimen franquista hasta que los tecnócratas del Opus se hacen con el poder económico, los miembros de la Obra se introducen en la universidad y ven crecer su presencia en los centros de poder, salvo en la Administración local, que está en manos de los falangistas. No obstante, administradores de los fondos públicos, tienen en sus manos el flujo de inversiones que necesita el poder local. Es al amparo del Opus como surge la denominada Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) en el seno del Ministerio de Comercio, pieza fundamental para controlar el comercio de Estado y posibilitar los canales paralelos de distribución alimentaria que permiten saltarse los mercados mayoristas centrales, en manos de los ayuntamientos.De otra parte, el Opus como organización económica tiene intereses en instalaciones frigoríficas y mataderos, lo que justifica el interés en no romper las "cadenas de frío" con la presencia de los ayuntamientos en las expediciones alimentarlas que llegan a las ciudades directamente desde origen a los detallistas. El control sanitario, del que quedan al margen los ayuntamientos de las ciudades donde se distribuyen y consumen los alimentos llegados por estos canales paralelos, se aplica directamente en origen y, con frecuencia, ocurre que los veterinarios del Estado, a los que corresponde este control, están en plantilla en las mismas empresas que distribuyen el producto.
Tras la llegada de la izquierda a los municipios, el alcalde de Madrid dicta un bando por el que se obliga a los canales alternativos de comercialización de productos alimenticios perecederos exentos de pasar por los mercados municipales a darse de alta en el registro de Comercio creado al efecto. De esta manera, el posterior control municipal permite conocer hoy que no más del 50% de la carne de vacuno, entre el 50% y el 60% de la lanar y nada de cerdo, se distribuyen a través de los mercados municipales.
El imperio de los "mercas"
No obstante, los canales comerciales establecidos durante la presencia opusdeísta en el poder se materializan, y hoy tratan de perpetuarse en los mercas, mercados centrales constituidos como sociedad mixta entre los respectivos ayuntamientos donde se levantan, y la empresa pública dependiente del Ministerio de Comercio, Mercasa. De esta manera, la Administración central, por la vía de la ayuda económica, ya que en la mayor parte de los casos la construcción de las instalaciones es obra de Mercasa, define las líneas comerciales de abastecimiento a las ciudades.A Madrid llega también el plan de mercas, que se instaura entre 1968 y 1969, y el entonces alcalde, Carlos Arias, se opone con pasión al nuevo sistema, como recuerda hoy el actual concejal responsable de Abastos y entonces secretario general de la Dirección de Comercio Interior durante el mandato de Fontana Codina, Luis Rufilanchas. No obstante, la oposición de Arias se acaba cuando el entonces Príncipe de España, del que fue preceptor Torcuato Fernández Miranda -en algún momento vinculado a la Obra-, se interesa por las razones del retraso en la constitución de Mercamadrid.
Mercamadrid, en efecto, se constituye en julio de 1973 y poco tiempo después se inicia el trámite de municipalización, aún no logrado hoy. La constitución de la sociedad, incluso la ubicación de los nuevos mercados, es algo que se decide al margen de la municipalización, por lo que este trámite, que de no existir Mercamadrid sería innecesario por estar ya bajo control municipal los mercados centrales, queda reducido al régimen legal de funcionamiento de los mercados y la determinación de las tarifas a aplicar.
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