El Ejecutivo remite a las Cortes la LOAPA y regula la ordenación urbanística

El Consejo de Ministros acordó ayer la remisión a las Cortes Generales del proyecto de ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), y aprobó un decreto ley de adaptación de planes generales de ordenación urbana. Con el primero de los acuerdos citados, el Gobierno avanza un paso más en el cumplimiento de los pactos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre armonización autonómica. Con la segunda medida, el Ejecutivo cumple uno de los principales compromisos asumidos en el acuerdo-marco de vivienda y urbanismo, recientemente firmado con las asociaciones de empresarios y la Federación Española de Municipios.Según la información gubernamental facilitada, el proyecto de LOAPA responde al deseo de establecer «un conjunto de principios, criterios y reglas que precisen, racionalicen y den coherencia a los distintos procesos de autonomía». Entre los aspectos mas destacados del proyecto de ley figura la regulación de las relaciones entre las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales, la fijación de un ordenamiento jurídico común para todas las comunidades autónomas, la acomodación de las transferencias de servicios a los principios de racionalidad, coherencia y rigor, la reforma de la Administración del Estado y de la función pública exigida de forma especial por el proceso autonómico.

Asimismo, la nueva ley pretende aclarar e interpretar algunos preceptos de la Constitución, como el contenido y carácter de la legislación básica y la naturaleza de las competencias exclusivas. También pretende desarrollar plenamente ciertos principios constitucionales, como los relativos a las actuaciones del Gobierno para asegurar el cumplimiento de la legislación estatal cuando su ejecución corresponda a las comunidades autónomas.

El decreto ley de adaptación de planes generales de adaptación urbana pretende dar eficacia y seguridad a las actuaciones encaminadas a lograr el necesario suelo ordenado y urbanizado y a potenciar las posibilidades de los ayuntamientos sin merma alguna de los derechos del ciudadano y respetando las normas urbanísticas establecidas en la ley del Suelo de 1976.

La medida principal destacada por el Gobierno es la que consiste en garantizar la aplicación del régimen urbanístico del suelo establecido en la citada ley en los términos municipales, cuyos planes generales de ordenación urbana no estén aún adaptados a las previsiones de dicha ley. A tal fin, y mientras no se produzca esta adaptación, se dan reglas claras para fijar lo que deba ser suelo urbano, urbanizable o no urbanizable y las consecuencias que se derivan de esta clasificación para los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos. También se agiliza la tramitación.

El Gobierno aprobó también un decreto que desarrolla la disposición transitoria cuarta del concierto económico con la comunidad autónoma del País Vasco. En esta disposición se especifican los términos y condiciones en que han de entenderse transferidos por el Estado a las diputaciones forales de Guipúzcoa y del Señorío de Vizcaya, los medios materiales y personales adscritos al ejercicio y competencias tributarias asumidas por dichas diputaciones forales en virtud del concierto.

El Consejo de Ministros aprobó, asimismo, el reglamento del impuesto general sobre el tráfico de las empresas y reguló con carácter provisional el régimen de devoluciones de ingresos a cuenta por retenciones en el impuesto sobre sociedades.

Nombramientos

El Gobierno acordó en su reunión de ayer, entre otros, los siguientes nombramientos: embajador de España en Etiopía, Mariano Berdejo Rivera; embajador de España en la República Democrática de Madagascar, José García Bañón; embajador de España en la República Unida de Tanzania, Fernando Castillo Moreno, y embajador de España en la República de Togo, José María Sierra y Nava. El Consejo de Ministros decidió promover el ascenso al generalato del coronel de Caballería Joaquín Valencia Remón.