La vacuna antigripal Letí venía siendo denunciada desde hace un año

Las pruebas que han podido servir de base a la sentencia del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona para ordenar la intervención urgente de la vacuna antigripal Leti obraban en poder de la Administración sanitaria española desde el mes de octubre de 1980, a través de sucesivas denuncias realizadas ante la Dirección General de Farmacia, sin que dicho organismo oficial respondiese, en forma alguna, hasta el pasado mes de junio.

La respuesta del nuevo director general de Farmacia y Medicamentos, Ramón González Oti, el 17 de junio pasado, incluye un certificado en el que, de acuerdo con los informes emitidos por el Centro Nacional de Microbiología, Virología e Irimunología Sanitarias, se afirma que las pruebas sobre diversos lotes de vacuna antigripal Leti han significado que éstas poseen potencia inmunizante suficiente. El resumen de los informes emitidos por dicho centro nacional dice textualmente: «Los resultados de los numerosos análisis realizados en este centro mediante las técnicas de hemaglutinación en microplacas e inmunodifusión radial, en diversos lotes de vacuna antigripal Leti, revelaron cápacidad inmunogénica apropiada de sus distintos antígenos, lo que, a nuestro juicio, significa que poseían capacidad inmunizante suficiente».Al margen del escaso valor científico de unos informes que aluden a «numerosos» análisis (sin decir cuántos ni sobre qué lotes del medicamento), es sumamente sorprendente que todo un director general de Farmacia certifique que una cosa es cierta basándose en adjetivos tan poco científicos, como los aplicados a la capacidad inmunogénica (los adjetivos «apropiada» y «suficiente» no tienen significado concreto en análisis bioquírnicos, es sólo una opinión). Por otra parte, aunque el juicio del director de un centro nacional es siempre valioso, en este tipo de análisis no caben juicios subjetivos: o la vacuna arroja el número de unidades internacionales que debe arrojar, en cuyo caso es válida para lo que dice ser válida, o no lo hace, en cuyo caso no vale.

Es evidente que, ante la denuncia presentada por otro laboratorio, aportando las pruebas que ya en su día habían sido remitidas a Sanidad, sin respuesta por parte de este departamento en casi nueve meses, el juez de Barcelona ha encontrado indicios más que suficientes de que otros análisis, esta vez con números y detalles científicos que no se prestan a confusión alguna, llegaban a conclusiones bien diferentes a las del Centro Nacional de Microbiología. Estos análisis, y quizá otros que puedan obrar en el sumario, realizados por el Instituto Pasteur de Francia, el Paul-Ehrlich Institut de Francfort, y el National Institute for Biological Standard and Control, de Londres, utilizaron ampollas de la vacuna antigripal de Leti procedentes de cuatro lotes diferentes y adquiridas ante notario en farmacias españolas (véase EL PAIS de 7 de febrero de 1981). Posteriormente, la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid emitió un informe, el 6 de abril, firmado por los doctores César Nombela, director del departamento de microbiología, y Antonio R. Martínez, director del departamento de Parasitología, según el cual, mediante pruebas de hemaglutinación (técnica Perkins), las unidades internacionales por dosis vacunante en la vacuna Leti, lotes 152 y 155, alcanzaron las cifras de 198 UI y 165 Ul, en lugar de las novecientas Ul, declaradas en el estuche de dichas vacunas. El informe no juzga, se limita a dar las cifras, sin comentarios. Las conclusiones son, desde luego, evidentes, y ante pruebas tan contundentes no parece extraño que un juez haya ordenado la inmovilización de dichas vacunas.

Otro caso bien diferente es el de la «guerra comercial», a la que ,aludió anteayer por radio el subdirector general de Inspección Farmacéutica, y ayer un portavoz de la Consellería de Sanidad de la Generalidad de Cataluña. El hecho de que la denuncia haya partido de otro laboratorio, que también fabrica vacunas antigripales, no es razón suficiente para invalidar lo que de cierto haya en la denuncia. Y según los análisis de prestigiosos laboratorios extranjeros y nacionales, salvo el Centro Nacional de Microbiología, que hasta la fecha no ha hecho público resultados, numéricos y sólo ha emitido un informe opinativo, lo cierto es que la denuncia tenía visos de verosimilitud, como así lo ha sentenciado un juez, cuya probidad no cabe poner en duda. Al margen de cualquier posible tipo de guerra comercial.

Por otra parte, la retirada de las farmacias de la vacuna Leti de la campaña 1980-1981 pudiera estar justificada aún hoy día, un año después de la primera denuncia, por el hecho de que en las farmacias de toda España todavía se puede encontrar el lote P de dicha vacuna, cuyo plazo de validez Finaliza en enero de 1982, sin que hasta ahora haya sido retirada y sustituida por. nuevas vacunas. En todo caso, la opinión pública puede preguntarse por qué los departamentos de Sanidad, tanto de la Administración centraicomo de la Generalidad, a la vista de la grave decisión tomada por. unj uez, no han actuado con celeridad para aclarar el caso. Es obvio que el juez no ha tomado su decisión a la ligera. Por otra parte, la composición de la vacuna antigripal para la campaña 1981-1982 es la misma que la del año pasado, según recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud.

Volviendo a la famosa «guerra comercial», se ha declarado que Leti había presentado una querella contra el laboratorio rival, Jorba, ante las reiteradas denuncias de dicho laboratorio. Sin embargo, dicha querella, presentada hace cuatro meses, no ha sido ádmitida por el juzgado.

Lo lamentable de todo este caso, de cara al consumidor, es que las vacunas antigripales tienen una eficacia que oscila entre el 70% y el 90%, y están recomendadas por la OMS para individuos de alto riesgo (mayores, enfermos, embarazadas, niños, etcétera). Lo cual significa que si, según se desprende de la sentencia del juez de Barcelona, la vacuna Leti (o al menos algunos de sus lotes de la campaña 1980-1981) no sirven para lo que dicen servir, muchas de estas personas de alto riesgo han estado expuestas a una enfermedad para ellos muy grave, debido a la desidia de las autoridades sanitarias que debían haber tomado cartas en el asunto con tiempo, y no esperando nueve meses a dar las primeras señales de vida.