La ley de Integración Social obliga a una mayor atención a los minusválidos

El Pleno del Congreso (te los Diputados comenzó ayer el debate de la proposición de ley sobre integración social de los minusválidos, elaborada por una comisión especial de la Cámara, en virtud de la cual el Estado se obliga a hacerse cargo de los cuidados, rehabilitación, educación e integración de las personas disminuidas física o psíquicamente. En el debate de ayer, UCD no aceptó, por objetar su elevado coste, el establecimiento de un régimen especial de Seguridad Social.

Los diferentes grupos parlamentarios están básicamente de acuerdo con el contenido de la proposición, que ha sido elaborada conjuntamente. Pero el centrista Jaime Barnola rechazó la propuesta de un régimen especial de Seguridad Social, porque, según dijo, valdría 278.199 millones de pesetas, y no podría ser adecuadamente financiado. No obstante, UCD aceptó que el subsidio de ingresos mínimos previsto en la ley sea al menos equivalente al 50% del salarlo mínimo interprofesional, en lugar de referirse a las pensiones de la Seguridad Social.Asimismo, UCD aceptó la enmienda transaccional formulada por Antonio Carro, en nombre de Coalición Democrática, para que se establezca un nuevo subsidio, llamado de tercera persona, por referencia a quien ayude a los minusválidos puedan integrarse en la por sí mismos para la vida normal.

Con independencia de estas diferencias, la proposición de ley que debate el Congreso persigue, en términos generales, que los minusválidos puedan integrarse en la vida normal de la sociedad, de lo que se hace responsable el Estado, que garantizará las prestaciones correspondientes y amparará la iniciativa privada que se realice sin ánimo de lucro, especialmente las asociaciones de minusválidos o de sus familiares.

En esta línea de integración, el proyecto contempla medidas para que los minusválidos se incorporen a los sistemas ordinarios de trabajo y de educación. Destaca la obligación de que las empresas con más de cincuenta trabajadores reserven un 2% de su plantilla para dar empleo a minusválidos, y la modificación de la ley de la Seguridad Social para que la «gran invalidez» no implique necesariamente la incapacidad permanente absoluta para trabajar.

Servicios sociales

Los servicios sociales a los que los minusválidos tendrán derecho son: orientación familiar, información y orientación, atención domiciliaria, residencias y hogares comunitarios, actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre. Los servicios deberán prestarse por personal especializado, aunque se procurará orientar hacia la atención a los minusválidos a los jóvenes que presten servicio civil sustitutorio del militar.

La ley obliga, asimismo, a que se dicten normas urbanísticas y arquitectónicas para que las calles, edificios y lugares públicos se construyan sin barreras arquitectónicas, y se adapten gradualmente las instalaciones existentes. La propia ley obliga a que en las viviendas de promoción pública y de carácter social se reserve un 3% con características adecuadas a los minusválidos. Por último, se prevé la adaptación progresiva de los transportes colectivos, el establecimiento de facilidades de aparcamiento para los vehículos de minusválidos, y la organización de un subsidio de transporte.