Grave enfrentamiento entre el alcalde de San Fernando de Henares y el arquitecto municipal

El arquitecto municipal de San Fernando de Henares, Luis Crespi González, denunció el pasado 1 de agosto al alcalde de dicha local¡dad, Angel Fernández Lupión (PCE), como presunto autor de delitos de falsificación, coacción y malversación de fondos. A su vez, el alcalde, que declaró ante el juzgado de instrucción de Alcalá de Henares el pasado 22 de septiembre, expuso que al arquitecto municipal se le abrió un expediente disciplinario el 26 de mayo por faltar al trabajo, por lo que la denuncia en cuestión la considera como un acto de venganza personal.

Las relaciones entre el arquitecto y la corporación de izquierdas nunca fueron demasiado buenas y se enrarecieron aún más cuando el Ayuntamiento abordó una reestructuración en el régimen laboral de los funcionarios. Por la misma, el arquitecto pasó a trabajar la jornada completa y no media jornada, como venía haciendo hasta entonces. Según declaraciones del concejal de Urbanismo, Luis Mariscal, Crespi intensificó desde entonces su actitud de desinterés hacia sus tareas municipales, hasta llegar casi a un boicoteo mal encubierto. Faltaba al trabajo injustificadamente y no entregaba los proyectos municipales encargados en las fechas previstas.En este contexto, el Ayuntamiento adjudicó en el mes de marzo la construcción de una guardería infantil municipal a la empresa Elorza, SA. Las obras, según declaró a este periódico el alcalde de San Fernando, Angel Fernández, se retrasaron por los impedimentos técnicos y formalistas alegados por el arquitecto y no dieron comienzo hasta el mes de mayo. Es entonces, el 26 de mayo concretamente, cuando se le abre expediente disciplinario por falta de atención en el trabajo y ausencias injustificadas de mismo, pero sin que la incoación del expediente conlleve la suspensión de empleo y sueldo.

En julio, la empresa pidió que se le pagase la parte de obra ya realizada, que ascendía a casi ocho millones de pesetas. El arquitecto, que debe dar el visto bueno al pago no cumplió con su función de supervisar las obras y ante el temor de que éstas quedasen paralizadas, fue la propia comisión permanente municipal reunida el 15 de julio, quien dio la orden de pago, sin el informe favorable de aquél. En dicha reunión actuó como secretaria de la comisión una auxiliar administrativa, Gloria Martínez Sánchez, por indisposición del secretario oficial. En el acta de la reunión, según palabras del alcalde, y por un fenómeno de rutina burocrática, se utiliza la fórmula habitual en este tipo de acuerdos y se escribe: "La Comisión, vista, la certificación de referencia y el informe favorable y visado del arquitecto municipal...". Este párrafo del acta es el esgrimido por Luis Crespi González, según sus propias declaraciones a EL PAIS, para acusar al alcalde y a la funcionaria de falsificación de documento público, ya que realmente él no había emitido ningún informe favorable. De acuerdo con la denuncia presentada, el alcalde le habría intentado obligar a hacerlo así, de donde se deriva la acusación de coacción. Además, el hecho de haber ordenado un pago de esa cantidad sin haber cumplido todos los trámites legales justifica la inclusión en la denuncia de la supuesta malversación de fondos.

La denuncia se puso el 1 de agosto. Previamente, el 29 de julio, y dentro del expediente disciplinario seguido contra el arquitecto, el alcalde ordena su separación provisional del servicio y la suspensión de empleo y sueldo. El nuevo arquitecto contratado continúa la supervisión de la construcción de la guardería, que ya está terminada y entrará en funcionamiento este mes.

Angel Fernández hizo hincapié en que no ha existido coacción ni malversación de fondos, puesto que la guardería ya es una realidad. Reconoce que hubo un error burocrático a la hora de redaétar el acta de la comisión y así lo explicó ante el juez. Por su parte, el concejal de Urbanismo rechazó también las acusaciones.