Inventario de problemas para la futura Xunta /1

Sustituir unos esquemas político-administrativos altamente centralizados por otros articulados sobre el autogobierno de comunidades autónomas constituía uno de los más delicados y complejos problemas de la transición española.Por ello resulta especialmente sorprendente la tosquedad, insensatez y alegre irresponsabilidad con la que fue abordado desde sus primeros planteamientos. Entre las muchas consecuencias lamentables de un proceso caracterizado abundantemente por aquellas notas figura la frecuente identificación entre autonomía y desarrollo económico, creando expectativas que la irreversibilidad de algunos procesos de involución económica regional convierten en objetivamente irrealizables. La decepción y dolorosa frustración coronarán, por ello, la historia de la autonomía de algunas comunidades españolas.

Afortunadamente para los, gallegos, Galicia se encuentra, sin embargo, entre las comunidades para las que la institucionalización autonómica puede significar una potenciación de su desarrollo económico.

En efecto,prueba evidente de su capacidad de desarrollo es el paradójico contraste entre, por una parte, la potencialidad derivada de su riqueza en recursos naturales y humanos y, por otra, su insatisfactoria realidad económica presente, motivada por una estructura productiva inadecuada.

En casos como éste no es difícil probar que el acceso a la autonomía plena sienta las bases institucionales más adecuadas para convertir en realidad toda su potencialidad económica.

Pero afirmar que la institucionalización autonómica permite alcanzar cotas de bienestar superiores a las asequibles bajo la organización centralizada tradicional no equivale a señalar que esta posibilidad se realice por la mera existencia de los nuevos órganos autonómicos.

Tal éxito requiere que Parlamento y, Gobierno autónomos resuelvan y remuevan algunos importantes problemas y obstáculos que, de otro modo, convertirían en estéril el nuevo marco, al menos desde la perspectiva del crecimiento económico.

Presentar esquemáticamente las principales dificultades de esta naturaleza constituye el propósito de esta serie de tres artículos.

Actitud de la Administración central

Si la Administración central opone una resistencia contumaz al abandono de los viejos esquemas, paralizando al menos temporalmente, la generalización y profundización de las reformas, se anularían las posibilidades abiertas por el Estatuto de Autonomía. El penoso espectáculo brindado por los entes preautonómicos a la opinión pública española es la mejor advertencia del peligro cierto de que las autonomías pueden derivar en costosos aparatos burocráticos no justificados económicamente al quedar ate nazados por una radical insuficiencia y/o incoherencia de competencias. Ciertamente, la proliferación de consejeros o ministros regionales carentes de capacidad de decisión relevante ha hecho más un favor del desencanto autonómico general y del recelo de nuestros empresarios respecto del nuevo esquenla de organización estatal que todas las declaraciones antiautonomistas de ciertos segmentos de Ia clase política y de concretos intereses económicos.

Pero no se trata sólo de la condición obvia de que las comunidades autónomas sean titulares de las oportunas competencias. Otro requisito es también necesario: un inteligente ejercicio de esas competencias por parte de las comunidades, seleccionando la estrategia adecuada, que, ciertamente, puede ser muy diferente de unas a otras regiones. Condición necesaria para ello es que el Gobierno regional adopte un modelo de dirección y decisión eficiente en la orientación y potenciación del desarrollo, a muchos grados de racionalidad por encima de la práctica habitual de los actuales entes de la Administración local, cuyo conservadurismo es causa próxima de su ineficiencia social.

Por otra parte, los sistemas que un Gobierno regional pretende regular son extremadamente complejos, abiertos y en continua evolución, estando ésta además sujeta a un notable grado de incertidumbre. Por tal motivo, las consideraciones anteriores deben complementarse con el reconocimiento de que las necesidtdes del Gobierno y sociedad gallegos sólo se verán eficientemente atendidas por las fórmulas y estructuras asociadas a una planificación entendida como un proceso continuo de toma de decisiones sobre problemas y conflictos reales o potenciales.

Juan R. Quintás es catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Santiago de Compostela.