La política industrial del PSOE es menos intervencionista que la de UCD

«El proyecto alternativo de reconversión y desarrollo de la industria presentado por el Grupo Socialista en el Congreso es menos intervencionista que el del Gobierno, pero es más participativo y trata de diseñar un modelo industrial español concreto, en contradicción con el decreto actual, que al ignorar un proyecto final corre el riesgo de producir el monstruo industrial de Frankestein», manifestó Pedro de Silva, portavoz del PSOE en la Comisión de Industria del Congreso y diputado por Asturias, en unas declaraciones hechas a EL PAIS con motivo de la reciente presentación de una enmienda a la totalidad al real decreto ley sobre reindustrialización, que pasará próximamente por las distintas instancias del debate parlamentario (véase EL PAIS de 19 de septiembre de 1981).

El PSOE propone la elaboración y aprobación de un plan nacional de industria (PNI), que actuaría sobre los sectores a reconvertir y sobre los sectores a promover o dinamizar, reconociendo el papel primordial del mercado. La enmienda socialista elimina la posibilidad de que la Administración pueda imponer por decreto los términos de reconversión, prevista en el artículo 1º, apartado 6, del texto del Gobierno, tanto por la dudosa constitucionalidad de tal grado de intervencionismo a través de un simple decreto como por la escasa eficacia de medidas de esa índole en un contexto de relaciones basadas en la autonomía de las partes. «La reconversión industrial», afirma Pedro de Silva, «si no se hace de forma concertada, no funciona. Estamos, pues, en contra de intervencionismo. El Gobierno optó por la prolongación de la filosofía franquista de política industrial, mientras que el PSOE trata de hacer una interpretación del modelo de política industrial a la vista de nuestra Constitución, que no se reduce a un liberalismo puro ni a un mero estatismo. Nuestra propuesta es menos intervencionista, pero es más participativa. El Estado va a tener que aportar mucho dinero público para impulsar una nueva política industrial y los trabajadores habrán de asumir importantes sacrificios en materia salarial y de empleo».Esta tesis del diputado socialista coincide con su convencimiento de que para afrontar la crisis industrial no sirve el sindicalismo de confrontación. que, en su opinión, debe ser sustituido por un sindicalismo participativo. «Cuando pedimos», agrega, «que el Estado controle el desarrollo del plan de reconversión y que los trabajadores acentúen el control sindical, en realidad estamos invitando a todas las partes interesadas a una política de entendimiento».

Eliminar las desgravaciones

La enmienda socialista a la totalidad elimina las desgravaciones fiscales, excepto las referidas a las sociedades de reconversión justificadas por su especial naturaleza, por la ausencia de transparencia, la dificultad de cuantificar las ayudas recibidas por esa vía, la falta de control público sobre los fondos públicos indirectamente aportados y la inoportunidad de aplicar paliativos tributarios que no contribuirán a la consolidación de una moral fiscal rigurosa.Otra innovación del proyecto socialista consiste en la exigencia, para disfrutar de cualquier beneficio otorgado a un sector, de que en el nivel de cada empresa y en el marco temporal y de objetivos definidos en decreto de reconversión se concierten acuerdos de planificación, en los que se concreten los compromisos se las partes (empresas y trabajadores), se asuman dichos compromisos y se establezcan formas de participación sindical sobre información, seguimiento del plan y colaboración en las decisiones.

Las regiones tradicionalmente industriales (Vasconeadas, Asturias, Navarra y Cataluña) se encuentran en el grupo de las que ven incrementar más rápidamente sus tasas de desempleo como consecuencia de la naturaleza industrial de la crisis. Ese fenómeno se agudizará con las reconversiones en curso o en negociación (aceros, sidertirgia, textil, naval), que, en todos los casos, comportan importiintes pérdidas de puestos de trabajo. Para actuar sobre este fenómeno, los socialistas proponen la aplicación de programas territoriales de reindustrialización en aquellas zonas más particularmente afectadas por los planes de reconversión, que serían pactados entre la Administración central y la autonómica o provincial.