El Congreso aprueba el Estatuto de Asturias

El Pleno del Congreso aprobó ayer, con la abstención del grupo comunista, de Coalición Democrática y andalucistas, el proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias, que es el primero que se tramita por la vía del artículo 143 de la Constitución, y que ahora deberá ser enviado al Senado. El grupo comunista intentó inútilmente introducir modificaciones en el dictamen, generalmente para volver al texto del proyecto primitivo, frente a la mayoría compuesta por centristas y socialistas. Estos, no obstante, se alinearon con los comunistas en algunos temas económicos.

Los grupos socialista y centrista se aliaron normalmente en la defensa de sus posiciones políticas sobre el proyecto de Estatuto, frente a las demandas del grupo comunista, que criticó duramente lo que entendía eran grandes recortes al proyecto primitivo en este tema.En cambio, los grupos de izquierda votaron normalmente juntos en lo que se refiere a temas económicos, especialmente respecto del control de las empresas públicas radicadas en Asturias.

Horacio Fernández Inguanzo defendió por el grupo comunista el mantenimiento de las competencias que el proyecto atribuía a la comunidad autónoma asturiana, y que, a su juicio, se han recortado hasta el punto de desproveer a la autonomía de esta región de todo contenido político. El diputado comunista defendió el mantenimiento de competencias en temas como educación, ordenación económica, pesca y seguridad social, argumentando que la Constitución permite una cierta flexibilidad en este tema para las autonomías alcanzadas por la vía del artículo 143 de la propia Constitución.

Fernández Inguanzo se preguntó si los acontecimientos del 23 de febrero han influido en las negociaciones bilaterales que han llevado a este resultado, y añadió que lo ocurrido es el verdadero significado de cortinas de humo conocidas como racionalización o reconducción de las autonomías.

Suficientes competencias

El diputado centrista Emilio García Pumarino fue el encargado de replicar a los comunistas, manteniendo tajantemente la posición de que las comunidades que accedan a la autonomía por la vía del artículo 143 deben asumir las competencias que para este tipo de proceso prevé la Constitución, durante los cinco primeros años, aunque sin renunciar a ampliarlas transcurridos éstos. También dijo que las competencias atribuidas son suficientes para atender las demandas autonómicas iniciales de Asturias.

El Grupo Socialista, a través de su representante Pedro Silva, mantuvo una cierta flexibilidad verbal ante las posiciones comunistas, e incluso consiguió que UCD admitiese ampliar algunas competencias de menor relevancia, pero finalmente los dos grupos mayoritarios votaron conjuntamente los artículos objetados por los diputados del PCE.

En cambio, fueron los socialistas los encargados de defender una mayor intervención de la comunidad autónoma en las empresas públicas, que, según Pedro Silva, son claves para la economía de la región y, por tanto, su gestión debe atender también a los intereses regionales. Fernández Inguanzo se sumó a esta posición.

De nuevo, García Pumarino replicó a la oposición afirmando que las empresas estatales tienen una regulación general y dependen del control del Estado central, por lo que hay que ser muy cuidadosos con los condicionantes regionales, más aún si se trata de sectores económicos estratégicos, como son las empresas públicas de Asturias El diputado centrista recordó que no obstante, el Estatuto contempla el nombramiento por parte de la comunidad autónoma de tres consejeros para Hunosa y otros tantos de Ensidesa.

Oposición al sistema electoral

El resto de los temas del Estatuto fue aprobado sin grandes discusiones, excepto en lo referido al sistema electoral, que los comunistas volvieron a objetar. Jordi Solé Tura pidió que las elecciones sean mediante un sistema de representación proporcional personalizada, que el número de miembros de la asamblea sea de sesenta, en lugar del margen entre 35 y 45 establecido en el proyecto dictaminado por la comisión, y que las elecciones no puedan coincidir con las generales de toda España. Los socialistas se abstuvieron en esta votación, pero después aprobaron el artículo junto con UCD.

El principal debate sobre este tema se planteó en relación con la disposición transitoria primera, que regula la celebración de las primeras elecciones en la comunidad del Principado de Asturias. Los comunistas objetaron eI texto defendido por centristas y socialistas, y su representante Solé Tura advirtió que los pactos autonómicos firmados por el PSOE y UCD obligan a que los temas electorales sean aprobados por unanimidad de los partidos representados en la comunidad de que se trate. A ello replicó el socialista Silva mostrando su extrañeza porque los comunistas invocasen unos pactos que no han firmado, a lo que replicó a su vez Santiago Carrillo que su grupo fue también autor de la parte correspondiente al tema eicctoral, lo que fue acogido con algunas protestas por los diputados socialistas.

No se produjo, en cambio, discusión sobre los artículos 31 a 52, donde se regulan el consejo de gobierno, la justicia, la hacienda y la economía general de la comunidad, y que fueron aprobados conjuntamente con el voto favorable de la práctica totalidad de la Cámara. Coalición Democrática votó generalmente en contra o se abstuvo en todas las votaciones, después de que al principio del debate Juan Luis de la Vallina defendiera una enmienda a la totalidad que fue rechazada por los demás grupos.