Escepticismo sobre la capacidad del Gobierno para cumplir los objetivos económicos de 1982

La falta de una voluntad clara de reducir el déficit público y el esceptismo sobre el cumplimiento de los objetivos de crecimiento del producto interior bruto y de los precios al consumo, son las primeras objeciones que ha despertado el proyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1982 en medios financieros. Medios que reconocen, sin embargo, una mejor presentación, más ajustada y documentada, en el proyecto de Presupuestos del próximo año.

El cuadro macroeconómico del proyecto de Presupuestos, que en principio debe reflejar la política económica del próximo año, se ha elaborado con la inapreciable ventaja sobre años anteriores de conocer el crecimiento aproximado de las rentas salariales. De ahí que indirectamente el ANE haya facilitado, sobre el papel, la concreción de un objetivo de crecimiento económico del 3% del producto interior bruto, del 12% de los precios al consumo, del 15 %al 16% en las disponibilidades líquidas y del 3% al 3,5% en el crédito al sector privado. Todo ello con un déficit previsto de unos 700.000 millones y una cuantificación más clara («más realista», según fuentes de Economía y Comercio) de las asignaciones a inversiones y al desempleo.El escepticismo sobre el cumplimiento de las previsiones presupuestarias, herencia de lo sucedido en los últimos ejercicios, induce a pensar en medios financieros que el déficit público tendrá como poco un desbordamiento similar al del presente año, con lo que el déficit final rondará el billón de pesetas. Y en este caso, según estos medios, la Administración tendrá que explicar cómo va a financiarlo y cómo va a hacer compatible tal financiación con el crecimiento de disponibilidades líquidas y del crédito al sector privado. Tanto la apelación al Banco de España como la emisión de deuda a corto detraen recursos a la financiación del sector privado y presionan sobre los tipos de interés.

La Administración, sin embargo, frente a estas acusaciones de «voluntarismo», está convencida, a la vista de los últimos indicadores de coyuntura y de la buena marcha en los últimos meses de las exportaciones, que la economía española tiene casi asegurado ya en estos momentos un crecimiento para el próximo año del 2%. La fuerte inversión pública prevista para 1982 y la reanimación de la inversión privada, en función de las mayores disponibilidades de crédito y de los acuerdos salariales del ANE, contribuirán a materializar ese 3% de crecimiento del PIB previsto

En medios financieros, que recuerdan que este año se va a crecer en torno al 1 % cuando, según las previsiones de los Presupuestos del Estado para 1981, deberíamos haber crecido un 2,5%, se apunta también la posibilidad de que las mayores deducciones fiscales anunciadas para los contribuyentes con mayores cargas familiares queden en agua de borrajas si la inflación supera el 12% previsto por el Gobierno.

Un crecimiento inferior al 3%, por otra parte, incidiría sobre el volumen de ingresos del Estado, e indirectamente agravaría el déficit

Estatalización creciente

La lucha contra la inflación, a juicio de estos medios, se relega a un segundo plano, en relación con los presupuestos de años anteriores. La creación de empleo vía inversiones y la financiación del paro, a la vista de las tasas actuales de desempleo, justifican estas prioridades presupuestarlas, reclamadas reiteradamente, por otra parte, por la oposición socialista en los últimos años.Fuentes del sector privado, por el contrario, hacen hincapié en el fuerte crecimiento del sector público en los últimos años, y hablan en términos exagerados de estatalización creciente de la economía.

La eterna discusión sobre el papel de la iniciativa privada y el sector público en la economía de nuestro país, acrecentada por la situación de crisis y por las altas tasas de paro, vuelve a subyacer a la hora de juzgar -desde distintos intereses y opciones ideológicas- el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982.

Frente a estos problemas, comentan fuentes del sector privado, resulta ridícula la postura de la CEOE protestando por el destino de ochocientos millones para actividades socioculturales de los sindicatos. El verdadero problema está en la financiación del déficit y en el volumen y precio del dinero que se facilite a las empresas, y ahí sí sería comprensible su protesta. Lo que no resulta de recibo, añadieron estas fuentes, es montar un escándalo por la asignación de ochocientos millones en unos presupuestos que se cifran en 3,5 billones de pesetas.

AIgunos expertos del sector privado reconocen a la Administración, sin embargo, que, pese a las cifras cada vez más abultadas de desviación de la realidad sobre lo presupuestado inicialmente, las tasas de ajuste están mejorando. Extremo que concuerda con los esfuerzos realizados por Hacienda para mejorar la elaboración presupuestaria mediante la introducción del presupuesto por programas que racionaliza la asignación de recursos y la gestión.

Finalmente, y como en ejercicios anteriores, fuentes del sector privado echan en falta una estimación del déficit de los entes territoriales y desconfían del comportamiento presupuestario de los ayuntamientos.

Las previsiones de consumo para 1982 se han reducido en función de la contención salarial, y la cuantificación de pérdidas en RENFE y en empresas públicas se ha hecho con unos criterios de transparencia y realismo -según la Administración- muy superiores a los de ejercicios anteriores. Y lós objetivos presupuestarios -anaden- creemos que en gran medida van a cumplirse.