Maniobra anticonstitucional de abogados del 23-F para implicar al Rey en la intentona golpista.

Varios abogados de los procesados por el 23-F han iniciado una maniobra para implicar directamente al Monarca en la intentona golpista, afirmando que los jefes y oficiales implicados actuaron en todo momento a las órdenes de Su Majestad, transmitidas por intermedio del general Armada. Los letrados piden que los Reyes presten declaración judicial, lo cual choca directamente con la Constitución, que establece la no responsabilidad de la persona del Rey. Esto es así en virtud del necesario refrendo de sus actos por el jefe del Gobierno, los ministros o el presidente del Congreso.

Para completar el intento de convertir el consejo de guerra en un juicio a la democracia, los letrados piden que se aporten datos sobre la situación de terrorismo, crisis económica y conflictos sociales vi vidos por España entre 1976 y 1980, y alegar así la eximente del «estado de necesidad». Los implicados habrían actuado impulsados por la necesidad de remediar tal estado de cosas, lo cual podría exi mirles de responsabilidad, según el Código de Justicia Militar.Un tercer frente, en la misma línea de defensa, consiste en implicar a los partidos centrista y socialista en el «Gobierno de salvación nacíonal» que Armada habría formado. Según el abogado de Tejero, varios diputados de uno y otro partido habrían entrado en el mismo, entre otros Felipe González y Enrique Múgica. La representación socialista se habría completado con Jordi Solé-Tura, diputado comunista y miembro del PCE-PSUC, que, sin embargo aparece como representante del PSOE en el texto del letrado López Montero, en una clara muestra de la precipitación con que parecen haberse fabricado tales versiones.Estos datos figuran en los escritos de conclusiones provisionales presentados ayer por los abogados al Consejo Supremo de Justicia Militar. Este organismo habrá de decidir ahora sobre la pertinencia de las pruebas solicitadas, que, en caso de que se realizaran en su integridad, podrían prolongar la actual fase de la causa hasta marzo de 1982. El presidente del Gobierno mantuvo ayer una reunión con la Junta de Jefes de Estado Mavor, inicialmente prevista para asuntos relacionados con los presupuestos de las Fuerzas Armadas el año próximo.

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