Crisis, sindicato y negociación colectiva

La crisis económica surgida a finales de 1973 ha supuesto la quiebra, de una manera no coyuntural, de un modelo de crecimiento cuantitativo basado en el consumismo, las materias primas a bajo costo, el intercambio desigual entre países ricos y pobres y el despilfarro. Este mecanismo de crecimiento, que hasta entonces venía siendo sostenido y continuo, se ha puesto en crisis, y con él el empleo, que ha pasado de ser algo cíclico y coyuntural a convertirse en un problema estructural de las sociedades más desarrolladas del mundo capitalista.Esta crisis, sin precedentes desde la segunda guerra mundial, tiene profundas repercusiones sobre la clase obrera y sobre la acción sindical. De una manera muy general, tres son los aspectos que se pueden distinguir como característicos de las repercusiones que la crisis económica actual plantea sobre la problemática de la acción sindical: la parcelación de la clase obrera; la instalación de un porcentaje masivo de desempleo; los límites de la negociación colectiva tradicional para dar respuesta a estos nuevos problemas.

Como consecuencia de la crisis se ha producido una mayor parcelación de la clase obrera. Ello implica un desafío esencial para el futuro del sindicalismo y de la negociación colectiva, cuyos perfiles son todavía difusos. Es evidente, sin embargo, que el sindicato, que por su propia definición de clase está llamado a tratar de organizar y responder con sus reivindicaciones al conjunto de los trabajadores, se halla ante el hecho de que sectores crecientes de trabajadores escapan de los canales tradicionales de relación laboral, de negociación y de organización obreras: parados, trabajo negro, trabajo parcial y temporal.

Intentos como el de la organización de los parados reflejan esta preocupación sindical. Es claro a este respecto que tiene que ser repensada la negociación colectiva buscando, de una parte, reivindicaciones unificantes: política de empleo, salarlo mínimo, salarlo social y familiar, reducción del tiempo de trabajo, legislación laboral, protección social. De otra parte, requiere dar una nueva dimensión a la contratación colectiva en el sentido de conectar el ámbito profesional con el interprofesional o territorial (salud, transportes, zonas subdesarrolladas, cuadro de vida).

En definitiva, frente a la fragmentación se hace necesaria una dimensión cultural y política que afirme el interés colectivo como elemento de reunificación de la clase trabajadora.

Nuevas acciones sindicales

Por otra parte, el desempleo masivo exige nuevas adecuaciones a la acción sindical, que no se puede encerrar en la ciudadela de los trabajadores con empleo. Así, la dinámica básicamente salarial que ha caracterizado las reivindicaciones obreras durante los años cincuenta-75 de expansión capitalista deja paso al tema del empleo como eje central de la acción sindical. Los sindicatos dejan de ser guardianes de cada puesto de trabajo para defender el nivel global de empleo en cada país. Lo mismo sucede en el tema salarial: de la defensa o aumento del poder adquisitivo en cada empresa se pasa a una defensa más global del nivel de participación de las rentas salariales en la renta nacional, en la defensa de una demanda global que englobe a parados y a trabajadores en activo.A la crisis se une la aceleración en la introducción de nuevas tecnologías, lo que a medio plazo incide negativamente sobre el empleo. De ello se deduce para el sindicato una reducción profunda del tiempo de trabajo; la discusión de temas claves de la acción empresarial -como las inversiones y la organización del trabajo-, a través de la negociación de un tema tabú hasta ahora como la productividad, así como la exigencia de un desarrollo económico más cualitativo a través de la expansión de sectores como la sanidad, la enseñanza, el ocio y la cultura.

La crisis afecta, a su vez, a la dimensión de la negociación colectiva. Con la crisis, la negociación adquiere necesariamente una dimensión más global, al tiempo que se ve desplazada a una mayor interlocución con el Gobierno y el cuadro político.

El empleo, por ejemplo, exige una negociación con el Gobierno, pues la mejor política de empleo es una buena política económica. Asimismo, la protección a los desempleados, la reconversión de sectores en crisis, así como el tema sustancial de la nueva legislación laboral sobre el mercado de trabajo, cuya finalidad consiste en desarmar el principio de estabilidad en el empleo; los intentos que frente a la crisis realizan los poderes públicos para condicionar las relaciones laborales por vía de topes salariales o medidas disuasorias de tipo indicativo; la exigencia de una mayor democracia industrial como contrapartida a los sacrificios que impone la crisis, suponen todos ellos una interlocución con el Gobierno, dando una dimensión nueva al principio de autonomía de las partes.

Dimensión global y política

En definitiva, todo apunta a que, con la crisis, la acción sindical y la negociación adquieren una dimensión más global y por tanto política, como consecuencia de la responsabilidad de tipo nacional que se ve llamado a asumir el sindicato, y, de otra parte, porque frente a los sacrificios que supone la salida de la crisis, el sindicalismo ha de plantear medidas alternativas alobales a las políticas gubernamentales con objeto de dar una salida progresista a la misma.En España, pese a la debilidad de los sindicatos, estos están asumiendo un protagonismo frente a la crisis superior a la de otros países del sur de Europa.

A pesar de los intentos racionalizadores que a posteriori viene realizando CC OO, el AMI ha sentado las bases para una respuesta negociada a la crisis en nuestro país: impuso el criterio de negociación global; estableció la negoclación sobre inflación prevista y no pasada; cambió la inercia de una política sindical de contestación por una de negociación; redujo radicalmente la conflictividad innecesaria; supuso la mayor, la única reducción del tiempo de trabajo de carácter general que se ha hecho en nuestro país por la vía convencional; unificó las relaciones laborales y las condiciones básicas de trabajo a cerca de seis millones de trabajadores, pasando a ser el 92% de los asalariados del sector privado afectados por convenios, frente al 57,6% en 1979; creó la credibilidad que ha hecho posible una negociación más global.

Un cambio de escenario

El ANE ha sido la continuación del AMI. El ANE supone un cambio de escenario para la política económica española. Sienta las bases para cambiar la tendencia del desempleo. Es un factor de consolidación demográfica, en la medida en que da una respuesta a un elemento de disgregación generacional y social como en el paro.Con el ANE se crean condiciones de certidumbre, de marco de relaciones laborales, de costes para todas que haya una mayor inversión privada de una vez por todas en nuestro país. Es de esperar que así sea y a que los empresarios de nuestro país superen la visión de su función he redada del régimen anterior basa da en la tutela del Estado, se desprendan de actitudes rentistas o especuladoras y asuman riesgos de innovación.

Ello resulta especialmente importante con respecto a la banca. Hoy, la quiebra de las empresas depende más de los costes financieros y del tipo de interés que de los costes salariales. Por otra parte, no parece razonable que haya un sector crediticio sano boyante en un país en decadencia industrial, porque al final todos terminan por caer.

El ANE inicia un camino para buscar una salida a la crisis en nuestro país. Su plena virtualidad pasa por la presencia de los socialistas en el Gobierno, por una mayoría parlamentaria, social Y de gobierno con voluntad, fuera y convicción para darle al acuerdo toda su dimensión sin dudas ni cilaciones.

Por otra parte, el ANE debe ser complementado en dos puntos por un acuerdo entre los sindicatos firmantes y la CEOE: darle efiacia general de tal manera que afecte a todas las empresas y trabajadores y establecer mecanismos voluntanos de mediación, conciliación y arbitraje que llene el vacío dejado por los laudos tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

Asimismo se hace urgente la puesta en marcha del Consejo Económico y Social que el Gobierno, tras reiteradas declaraciones, promesas y compromisos de los sucesivos Gobiernos de UCD, no lo quiso negociar en el ANE, y que los empresarios tampoco parecen tener interés en crear este órgano de encuentro que instítucionalice el diálogo entre las partes sociales.