El bloqueo de la LAU puede producir la renuncia del ministro de Educación
La ley de Autonomía Universitaria (LAU), que fue causa de la caída del ministro de Universidades e Investigación, el socialdemócrata Luis González Seara, podría producir la dimisión del actual ministro de Educación y Universidades, el democristiano moderadamente progresista Juan Antonio Ortega, como consecuencia de la división interna de Unión de Centro Democrático (UCD).
Esta es la impresión obtenida por este periódico después de que los socialistas dieran ayer un ultimátum al Gobierno para que se convoque la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, a fin de debatir el proyecto de LAU, sobre el que ya existe acuerdo político en el seno de la ponencia.El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Gregorio Peces-Barba, hizo pública una carta dirigida al ministro de Educación y Universidades, Juan Antonio Ortega, anunciándole que, si no se convoca la citada comisión antes del próximo día 8 de octubre, «entendemos que han incumplido su compromiso». EL PAIS requirió más tarde la opinión del citado ministro, quien señaló: «Yo cumplo siempre mis compromisos, en lo que de mí depende. Si a mi me desautorizasen, yo tomaría mi determinación».
La LAU, junto a la ley de Divorcio, polarizaron situaciones parlamentarias conflictivas durante los últimos meses de 1980, a causa de las disensiones entre democristianos y socialdemócratas de UCD por el contenido de las citadas leyes, patrocinadas por sendos ministros de este último sector: Luis González Seara y Francisco Fernández Ordóñez. Tras el cambio en la presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez por Leopoldo Calvo Sotelo y el cese de González Seara, el nuevo ministro, Juan Antonio Ortega (democristiano del área de Joaquín Ruiz-Giménez, a cuyo partido, Izquierda Democrática, perteneció) pidió la devolución del proyecto de ley, ya aprobado por Ia Comisión de Educación, a la ponencia para rehacer el acuerdo político sobre el mismo.
En la ponencia se obtuvo un texto, nucleado esencialmente en torno al acuerdo UCD-PSOE y con la conformidad del ministro de Educación y Universidades. El citado texto, según Peces-Barba, «no modificaba sustancialmente el texto de comisión aprobado en diciembre de 1980, que se mantenía en los aspectos sustanciales».
Sin embargo, recienteniente, el sector más derechista de UCD se opuso al proyecto elaborado por la ponencia. Al parecer, el democristiano Oscar Alzaga recomendó en la llamada comisión de integración de las distintas tendencias centristas que se detuviera la tramitación de la LAU. El hecho es que los ponentes centristas, según denunció ayer Peces-Barba, han recibido órdenes de no firmar el informe elaborado por la ponencia y, por tanto, no ha podido ser publicado en el Boletín Oficial de las Cortes ni convocada la comisión de Educación.
El compromiso del ministro
En su carta al ministro de Educación y Universidades, Peces-Barba dice: «Habíamos quedado en que el texto iría adelante en cuanto que se iniciase el período de sesiones en septiembre. Sin embargo, nos hemos encontrado con un silencio absoluto y con una negativa a asumir compromisos de desarrollo de los trabajos parlamentarios de la LAU en estos días. Así, por ejemplo, el portavoz de UCD ha retrasado sin excusa cualquier conversación sobre el tema, y el presidente de la comisión, el diputado Miguel Durán, se ha negado también a fijar un compromiso de convocatoria de la misma». El ministro de Educación y Universidades manifestó a EL PAIS su opinión de que los socialistas se han puesto nerviosos, ya que, dijo, «deseo y espero que la LAU, como la ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, vaya adelante lo antes posible».La carta de Peces-Barba dice también: «Cuando te he pedido aclaraciones sobre el tema, sólo he recibido evasivas por tu parte, y creo que se ha producido un auténtico cambio de actitud que presagia malos vientos para la LAU, es decir, desde nuestro punto de vista, para la universidad».
Peces-Barba se reunió ayer con los informadores parlamentarios, a los que leyó el texto de la extensa misiva, a fin de «alertar a la universidad y a la opinión pública».
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