Se reanudan los juicios contra los ocupantes de pisos vacíos en el extrarradio

En el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid se celebró ayer un nuevo juicio contra Ricardo Doménech, padre de una familia que hace un año ocupó, por el sistema de la patada a la puerta, una vivienda en la calle Virgen de la Oliva, 48, de San Bias, propiedad de la extinguida Obra Sindical del Hogar y cuyo adjudicatario inicial es el policía municipal Tomás Tosca García. El ministerio fiscal pide para el ocupante un mes y un día de arresto mayor por considerar que se ha cometido un delito de coacciones, mientras que el abogado defensor, Fernando Salas, reclama la absolución.

Según las declaraciones formuladas en el curso del juicio, Ricardo Doménech, madrileño de ventisiete años y, trabajador de artes gráficas en paro, acompañado de su mujer, Carmen Núñez y sus dos hijos, de un año y, quince días, respectivamente, forzó la puerta de la mencionada vivienda el día 1 de octubre de 1980. Una vez dentro, cambiaron la cerradura y realizaron un inventario de los enseres que se encontraban en el interior, para depositarlos después en una de las habitaciones del pequeño piso.Anteriormente, la familia había habitado una chabola en el barrio de Bilbao.

El adjudicatario inicial de la vivienda ahora ocupada, Tomás Tosca, policía municipal de 45 años de edad, declaró que en ningún caso el piso ha estado deshabitado, aunque sí reconoció que durante estos últimos años ha compatibilizado dos domicilios (la vivienda ocupada con otra que posee en Molina de Segura 19), a causa de una enfermedad que sufre su mujer. Con la des aparición de la Obra Sindical del Hogar, Tomás Tosca consiguió que el 29 de abril de 1980 la titularidad de la vivienda pasara a nombre de su hijo mayor quien durante todo este tiempo, ha estado cumpliendo el servicio militar en Palma de Mallorca. Este último manifestó en el juicio que su intención era instalarse en el piso en el momento en que decidiera contraer matrimonio.

El fiscal hizo una exposición final del tema en la que mantuvo sus acusaciones iniciales, a la vista de que el propio acusado había reconocido el forzamiento de la puerta y de que existía un titular claro de la vivienda. Fernando Salas, abogado defensor, afirmó que la responsabilidad final de este caso y, de los restantes pendientes de Juicio recae sobre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por haber demostrado su incapacidad para ordenar el patrimonio de vivienda y por mantener situaciones tan paradójicas como el que existan 200.000 solicitudes de vivienda social a la vez que hay cientos de pisos oficiales desocupados.