Pensiones y fuertes indemnizaciones para los afectados

El Congreso de los Diputados aprobó, como conclusión del debate sobre el aceite tóxico, una serie de veinticinco medidas y la creación de una comisión mixta Congreso-Senado para estudiar las actuaciones públicas y privadas en relación con el caso. Entre las públicas se incluyen las de la Administración estatal, de los entes autonómicos y preautonómicos y de los ayuntamientos. Las medidas consisten en actuaciones de reforma de la Administración y de ayuda a los afectados, entre las cuales destacan pensiones e indemnizaciones de tres millones de pesetas para los familiares de los fallecidos.Mientras la comisión de encuesta fue aprobada sólo con veinticuatro abstenciones del PCE, un voto en contra y 291 favorables, la decisión sobre las medidas dio lugar a una dura lucha entre la oposición socialista -autora de la propuesta original- y comunista contra UCD, la Minoría Catalana y Coalición Democrática, que votaron sistemáticamente contra las medidas presentadas y las sustituyeron casi en su totalidad por propuestas propias, sobre todo de UCD, uniendo sus votos.

Respecto a temas administrativos se ha aprobado la creación de un Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que incluya todas las competencias sobre protección al consumidor, cuyos servicios serán reestructurados; elaboración de un plan gubernamental para refundir y actualizar las normas vigentes en la materia; plan gubernamental de inspección de los establecimientos industriales alimentarios; declaración oblilatoría en los productos del número de registro sanitario de la empresa en un plazo de' dos meses, y un plan general de mataderos, que tendrá carácter indicativo, en colaboración entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas.

Asimismo se prevé la creación de un registro de empresas que se dedican a la esterificacióii de aceites y grasas, y establecimiento de la normativa de funcionamiento; revisión de los servicios de vigilancia de la calidad de los alimentos; sistema de coordinación de los servicios de vigilancia epidemiológica; creación de un Consejo de Coordínación de Planificación Sanitaria; actualización, si es necesario, del calendario de reglamentaciones técnico-sanitarias, que en lo que respecta al aceite deberán recoger la obligación de que los aceites mezclados deben explicar la mezcla en el envase; determinación por el Gobierno de las sustancias que pueden utllzarse en la desnaturalización de productos que puedan ser derivados hacia el consumo humano; publicación de los datos del registro sanitario; ayudas a determinar, que deban ser concedidas a los municipios para construcción o actualización de mataderos, así como para servicios de control.

Medidas para los afectados

En cuanto a las medidas para los afectados, los socialistas consiguieron, haciendo suya una propuesta que UCD había presentado y luego cambiado por otra, y que por ser originalmente suya no podía dejar de votar, la inclusión en los Presupuestos del Estado de 1982 de ayudas por valor de tres millones de pesetas a los familiares de los fallecidos.

A propuesta de UCD se aprobó también la elaboración de un plan de rehabilitación, pensiones a cargo de la Seguridad Social a los afectados y sus familiares, y la intensificación de la realización del censo de afectados, al que se dará publicidad si éstos dan su consentimiento; así como el compromiso del Gobierno de adoptar medidas para garantizar el salarlo real a los trabajadores de las empresas implicadas, y para que los enfermos en edad escolar puedan seguir sus estudios y recuperar lo perdido.

De la Minoría Catalana se aprobó la propuesta de tramitar con urgencia los artículos de la reforma del Código Penal que estén relacionados con el fraude alimentario y, a propuesta del PSOE se decidió que el Gobierno inicie un estudio sobre la incidencia de la enfermedad en la población expuesta, y que el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social realice censos provinciales y locales de afectados, a los que se dará una cartilla para la asistencia. No se aprobó ninguna de las propuestas comunistas, ni del diputado Ramón Tamames, así como de los grupos de socialistas vacos y de Cataluña.

De la propuesta socialista original sólo se respetó el punto cuarto, por el que se compromete el Gobierno a enviar al Congreso un proyecto de ley general de Comercio, que determinará las competencias de las distintas administraciones públicas. Entre las medidas no sustituidas, sino simplemente suprimidas figuraba la creación de una red de unidades regionales de diagnóstico prenatal para las embarazadas potencialmente o afectadas de hecho.