Una tarta de 180.000 millones para repartir en 1982

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, formado por representantes del Gobierno y de las autonomías (CC AA), estudiará hoy los criterios para el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Una tarta de 180.000 millones de pesetas para 1982, que democratizará la inversión pública nueva o creadora de nuevos servicios, mediante el control parlamentario, el conocimiento y de debate de los proyectos y la regionalización y descentralización del gasto público que supone.

La puesta en marcha del FCI, destinado a «disminuir las diferencias de renta y riqueza», ha sido la medida más discutida de los pactos autonómicos, tanto durante su negociación como en las reacciones procedentes de los territorios más ricos. No en vano se trata del primer intento de cortar la tendencia a que las regiones ricas lo sean cada vez más y las pobres acentúen su depauperación. Intento, por otra parte, que responde a un mandato constitucional explícito.El hecho de que el Fondo empiece a funcionar cuando la crisis económica hace más difícil tal redistribución será una verdadera prueba de fuerza para el ejercicio de la solidaridad, según observadores imparciales. En efecto durante los años de vacas gordas y de planificación del desarrollo, la renta se concentró en las zonas más ricas. El proceso se frenó en el bienio 1976-1977, cuando la población continuó concentrándose en las provincias y regiones más pobladas, pero la tasa de crecimiento y renta de dichas provincias empezó a ser menor (Renta de España (1977), del Banco de Bilbao).

No obstante, debe matizarse que en ello tiene notable influencia el retroceso del País Vasco. El mapa de tendencia al desarrollo provincial recogido en el mismo libro apunta entre las pocas provincias en expansión casi todo el litoral mediterráneo, parte de los alrededores de Madrid, en especial la línea que va hasta el Pirineo medio, y la zona situada al sur del País Vasco. Por el contrario, Vizcaya, Guipúzcoa y Asturias integran el grupo de provincias con tendencia a deprimirse.

En cualquier caso, incluso los mayores críticos que ha tenido hasta ahora desde el campo técnico el proyecto del FCI (Antonio López Nieto y Fernando Fernández Rodríguez) han dicho: con la aceptación política del sentido informe ya podría afirmarse que la democracia española se sitúa en vanguardia por sus inquietudes favorables a la nivelación territorial de la inversión pública y el desarrollo regional».

La nivelación se alcanzará, además de con el FCI, mediante las asignaciones estatales destinadas a garantizar la cobertura del nivel mínimo de servicios públicos, que será el nivel medio alcanzado en España durante los cinco años anteriores. Por otra parte, el desarrollo regional será coordinado con ambos mecanismos, gracias a la obligación de presentar planes negociados de común acuerdo para las comunidades que reciban recursos del Fondo superiores al 8% de la cuantía total de este. Para ello, el Gobierno, previa consulta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, aprobará la metodología común de los programas de desarrollo regional.

Pese a estos esfuerzos, los redactores del segundo informe que inspiraron el proyecto de ley del FCI tomaron tres precauciones fundamentales: que su configuración sea coherente con otros aspectos de la financiación de las CC AA (singularmente con el procedimiento para determinar el porcentaje de participación de las mismas en los ingresos del Estado), que su regulación no suponga por sí misma incremento del gasto público (los gastos de gestión de los proyectos correrán a tal fin por cuenta de las CC AA), que el Fondo no signifique una alteración radical del reparto sectorial de las inversiones públicas.

Los criterios de reparto del FCI, que probablemente no serán modificados, aparecen en el cuadro adjunto. En virtud de los mismos, puede juzgarse si cumplen con tales objetivos y con el mandato de solidaridad. Sin embargo, debe resaltarse que la coherencia financiera trató de ser cubierta con la limitación del fondo a la inversión nueva, pues la de reposición (ampliación, mantenimiento y mejora) irá incluida en la valoración del coste de los servicios transferidos a las CC AA y la restante será la destinada a servicios de competencia del Estado.

Por ello, el sistema de cálculo para llegar a los 180.000 millones de pesetas ha sido el siguiente: de las inversiones "reales del Estado incluidas en los Presupuestos de 1981 (271.806 millones) fueron excluidos los gastos de defensa (92.006 millones) y las inversiones para reposición (26.929), lo que arrojó como resultado 152.870 millones; hecha la misma operación con las inversiones reales de organismos autónomos administrativos (88.012 millones), inversiones reales de organismos autónomos comerciales (124.383) y transferencias de capital del Estado a las corporaciones locales (35.796 millones), se alcanzaron los 362.044; esta cifra fue aumentada en el 25% en que crecerán las inversiones públicas de 1982 con respecto a las de 198 1, y de la resultante se calculó el 40% destinado al fondo sobre toda la inversión nueva.

Destino de las inversiones

El destino de los recursos del F.C. l., serán los «gastos de inversión que coadyuven a disminuir las diferencias territoriales de renta y riqueza dentro de cada CC AA y, en particular, a proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional de infraestructura, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural y transportes y comunicaciones». Así se intenta compatibilizar la nivelación interterritorial con la de los territorios de cada CC AA dado que hay bolsas de pobreza incluso en las más ricas.

Para 1982 es previsible que, de los 180.000 millones, 155.000 sean inversiones a realizar por competencias de las CC AA y el resto por el Estado. En su mayor parte, los sectores serán educación, regadíos, transportes y comunicaciones y vivienda.

Próximo artículo: El espíritu y la letra de la LOFCA.