Un Pleno adulterado

EL PLENO del Congreso, que hoy comienza a debatir las responsabilidades políticas del Gobierno en el homicidio masivo por el aceite tóxico, se halla hipotecado por la situación polítíca general. El PSOE no'está en condiciones de pisar hasta el fondo el acelerador de la crítica, dado que una moción de censura pondría en peligro al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, pero también debilitaría a las instituciones democráticas en su conjunto. La búsqueda de un punto de equilibrio entre la exigencia de responsabilidades al poder ejecutivo y el apoyo a la estabilidad gubemamental garantiza, de antemano, que la técnica socialista de amagar y no dar marcará la tónica dtl debate. El Gobierno, por su lado, ha sacado una póliza de seguros a todo riesgo mediante la utilización de los recur sos de procedimiento a su alcance. La negativa de UCD a que el Pleno sea radiado y televisado muestra el escaso interés del poder por reforzar los nexos entre el Parlamento y la sociedad, precisamente cuando los ciudada nos aguardan con expectación la voz de los políticos so bre un asunto que les concierne directamente. La interpretación centrista del Reglamento de la Cámara para dificultar, mediante la ausencia de una comunica ción previa del Gobiemo, la votación de resoluciones pone igualmente de relieve la voluntad del poder ejecuti vo dc recortar las funciones de fiscalización y control del Congreso, que queda así rebajado a la condición de apéndice del poder ejecutivo, al que invistió con sus votos.

Por lo demás, todo ocurre como si los más de cien muertos y los 11.000 afectados por la intoxicación masiva no fueran contemplados como víctimas inocentes que mueven a una emocionada solidaridad, sino como molestos testigos de un incidente enojoso al que hay que dar carpetazo cuanto antes, sin otros costes que la distribución de indemnizacíones. La obcecación oficial al afirmar que la responsabilidadpenal es el único aspecto atendible del caso lleva en ocasiones a que los ministros implicados en eventuales responsabilidades políticas y administrativas hagan innecesarias protestas de que ellos no han envenenado a nadie, no deseaban que sucediera ese drama o lamentan mucho lo ocurrido. Ese desplazamiento del terreno político al campo penal y esa pretensión de que las responsabilidades se agotan estrictamente en los juzgados de instrucción llevan a la conclusión de que o se minusvalora la importancia de los hechos o que ésta es tan grande que se trata de ocultar.

El homicidio masivo se ha producido en el marco de un fraude alimentario, en el que, de una forma u otra, se ven envueltos la acción gubernamental en la política de grasas, el control alimenticio, la importación de aceites desnaturalizados, la regulación del comercio interior y las medidas preventivas para garantizar la salud de los ciudadanos.

Durante muchos años, el fraude en la comercialización del aceite de oliva, mezclado ilegalmente con otras grasas, ha representado un saneado y extenso negocio que proporcionó beneficios ¡legales por importe de muchos miles de millones de pesetas. Ese mercadeo se realizaba ante la pasividad o la vista gorda del Minísterio de Comercio y del Ministerio de Agricultura, forzosamente sabedores de que el desajuste entre el volumen de aceite producido y la cantidad de aceite comercializado sólo podía explicarse por la entrada clandestina en el mercado de miles de toneladas. Ese fraude era, a su vez, la respuesta a una política de grasas que creaba, con su falta de realismo y su castigo a los consumidores, las condiciones para ser burlada. En una época en que se discute abstractamente sobre el grado deseable de intervencionismo gubernamental en una sociedad industrial parece necesario observar que España, antes de plantearse esos problemas, debería esforzarse por que su Administración pública funcíonase, al menos en los campos del control de los alimentos y de la salud pública, como un país europeo. Porque este es el punto: los españoles pagan sus impuestos como en un país desarrollado y reciben a cambio un trato administrativo más propio del Tercer Mundo. Respecto al Ministerio de Comercio, que figura como protagonista esencial de la desidia que ha hecho posible el caso, hay que señalar, entre otras cosas, la ausencia de control y vigilancia en las importanciones del aceite de colza desnaturalizado y sus responsabilidades en el mercadeo interior del producto envenenado.

Pero a partir de ahí, las preguntas afectan como en racimo a gran parte de la Administración: ¿Qué papel ha jugado en todo esto la inspección de aduanas, el control sanitario, el Ministerio de Agricultura, las inexistentes licencias de Industria? ¿Se puede evadir sin sonrojo el hecho de que uno de los hermanos de los gerentes y propietarios de la firma importadora del aceite ocupe un alto cargo en un instituto de def"ensa del consumidor? Qué horrible paradoja. El debate de la colza, si es serio y responsable, como les ha dado ahora por decir a los políticos, es el debate sobre una Administración que no funciona, que no ha funcionado nunca, y que es cortijo o feria de algunos cuerpos especiales bien dotados de apellidos ilustres, nucleadores de no pocas instancias de poder. La sombra del golpismo pondrá sordina al verdadero escándalo, del que testifican ahora las víctimas del aceite: el de un presupuesto del Estado malgastado y corrompido por la acción de una política administrativa iiicapaz de ser cambiada por quíenes la sustentan.

En el editorial del pasado domingo También culpable: la política de grasas se deslizó un errata que el buen sentido de nuestros lectores pudo no obstante interpretar correctamente. Cuando se decía que el contingente máximo de aceite de soja comercializable en la campaña 1981-82 ascendía a noventa toneladas, en realidad la cifra correcta era noventa mil toneladas.