Del consumo de masas al envenenamiento colectivo

La mezcla de aceites comestibles ha sido un instrumento habitual en la política de abastecimiento interior en España. Cualquier conocedor del sector sabe de las repetidas quejas de los olivareros desde que en noviembre de 1954 la Comisaría de Abastecimientos y Transportes autorizó las mezclas de aceite de orujo con aceite de oliva. Posteriormente, en 1956, se legalizaban las mezclas de aceites de semillas de importación con aceite de oliva, práctica que quedó prohibida en 1960, manteniéndose la de mezclar entre sí otros aceites distintos del de oliva.La mezcla fraudulenta tiene unos orígenes muy remotos en nuestro país. Sin embargo, es en la década de los cincuenta, con la quiebra del tradicional proteccionismo al aceite de oliva español, cuando el propio organismo de regulación del mercado institucionaliza toda suerte de manipulaciones, con el único objetivo de facilitar el consumo popular de un aceite comestible barato. El procedimiento seguido para lograrlo puede considerarse nefasto. Según la situación coyuntural, la política de abastecimiento toleraba o prohibía el consumo humano de unos u otros aceites, y la CAT elaboraba los aceites de regulación con los caldos nacionales o importados que tenía a mano, con criterios de provisionalidad realmente sorprendentes.

Los primeros efectos no se dejaron esperar. El consumidor perdió pronto su preferencia hacia el aceite de oliva, rota en pedazos la transparencia del mercado, con productos indiferenciados de precios muy variables. Pero, además, las mezclas de aceite fueron creando un hábito entre los profesionales del sector; almacenistas, mayoristas, industriales de todo tipo, que podían alcanzar grandes beneficios si sus aptitudes en la nueva alquimia oleícola se combinaban con una cierta capacidad de asumir el mínimo riesgo a que se exponían. Efectivamente, el riesgo de sortear alguna prohibición era pequeño, porque la desorienta ción de los propios funcionarios en la disciplina del mercado, venía provocada por las mismas regulaciones de ordenación de la campaña de aceites que, no lo olvidemos, se establecen anualmente por un decreto de Presidencia del Gobierno. La variabilidad en las normas ha impedido siempre que el público en general y los profesionales del sector tuvieran una orientación de la estrategia oficial respecto al abastecimiento de aceites. En una situación como la descrita, distinguir el fraude de la simple habilidad comercial se hacía prácticamente imposible.

Sin embargo, las normas comerciales y sanitarias existían, y no se han cumplido. La corrupción en el sector de transfomación y comercio de aceites ha saltado en más de una ocasión a las páginas de actualidad de los periódicos: Reace, Redondela..., salpicando en más de una ocasión al propio organismo regulador. Entre todos los productos alimenticios que pueden ser objeto de manipulaciones fraudulentas, el aceite siempre ha sido el primer sospechoso en nuestro país.

Es una triste paradoja que en el estudio de la política de aceites comestibles en España, además de errores políticos y económicos, haya que incluir hechos tan dramáticos como el que estamos viviendo en la actualidad. El envenenamiento colectivo de un importante número de ciudadanos tiene un origen próximo y concreto, según parece, al destinarse a consumo humano una partida de aceite de colza desnaturalizado de importación, de cuya responsabilidad se ocupan en la actualidad los tribunales de justicia. Desde esta perspectiva podría atribuirse este accidente a la ignorancia o maldad de unos desaprensivos. Pero existe, sin embargo, otra dimensión histórica y política del problema, que no debe ocultarse, que explica la inevitabilidad de lo ocurrido con el aceite de colza desnaturalizado. Si el comercio interior de productos alimenticios en general es poco transparente y se presta a manipulaciones fraudulentas, una parte del comercio de aceites se viene efectuando en la ilegalidad desde hace años. No olvidemos que en España existe

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