El Gobierno aprobó la liquidación forzosa de Fidecaya

El Consejo de Ministros acordó ayer hacer efectivas las garantías de devolución de depósitos a los cedulistas de Fidecaya en los porcentajes fijados por decreto ley, el 20 de agosto. Igualmente, como estaba previsto (véase El PAIS del jueves), decidió poner en marcha la liquidación forzosa e intervenida de esta «entidad de ahorro particular», para lo cual designó una comisión que elabore un plan ordenado de devoluciones y transforme la empresa o venda sus activos a sociedades financieras e inmobiliarias.

Con esta decisión, a partir de ayer los depósitos de los ahorradores cesaron de devengar intereses y premios. A la vez, empezó a contar el plazo para que en tres meses hayan sido devueltos una cuarta parte de los depósitos Y en un año se hayan alcanzado el total, que cubre el 91% de los 16.398 millones de pesetas contabilizados a principios de año y al 96,3% de los cedulistas (más de 243.000). Los reintegros serán pagados con cargo a una cuenta especial abierta por el Tesoro en el Banco de España, previsiblemente a partir de finales del presente mes y a través de las propias oficinas y delegados de Fidecaya.La comisión, que sustituirá a los actuales órganos rectores de la entidad y cuenta con las más amplias facultades para liquidar y exigir responsabilidades, según el acuerdo del Gobierno, será constituida hoy mismo, coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La integran, Luis Reija Guedea, abogado del Estado; un ex jefe del gabinete técnico de la Subsecretaría de Economía Financiera destinado en la Audiencia Territorial de Madrid; Emilio Cano Blajot, inspector de seguros y ahorro y subdirector general de Inspección de la Dirección General de Seguros; Fernando Soles Gargallo, interventor del Estado; Fermín Molina Alonso, jefe del servicio de inspección Financiera de la Dirección General de Política Financiera, y Manuel Zamanillo Martínez, inspector jefe del Banco de España. Los tres primeros representan al Ministerio de Hacienda. el cuarto, al de Economía y Comercio, y el último, al banco emisor. A ellos se incorporará un representante designado por los accionistas.

El plan ordenado de devoluciones de las cantidades oarantizadas por el Estado (véase cuadro adjunto sobre alcance de las garantías), así como la efectividad de anticipos del Banco de España, se llevarán a cabo, según fuentes gubernamentales, teniendo también en cuenta las posibilidades de ventas de bienes. Fidecaya agotó su liquidez y dejó de operar al ser intervenida el pasado 19 de agosto por Hacienda, al considerar la Dirección General de Seguros que las aportaciones prometidas por Vicente Edmundo Alfaro al hacerse con la presidencia de la entidad no alcanzan los objetivos de saneamiento, así como después de dos semanas de retiradas de depósitos (Unos 1.500 millones, según Edmundo Alfaro). Estas retiradas coincidieron con la publicación de noticias sobre el embargo judicial preventivo de los derechos de Cemesa, empresa presidida por Alfaro y que tiene varias concesiones administrativas, entre ellas la impopular grúa madrileña, en la propiedad de los terrenos ganados al mar por la construcción del puerto deportivo de Benalmádena (Málaga). La demanda fue instada por Hilders y la entidad holandesa Almathon, que financiaron a Cemesa para que construyera dicho puerto.

La comisión se pondrá en contacto con las empresas interesadas en los bienes de Fidecaya y su grupo de empresas (treinta inmobillarlas v diez financieras). Una auditoría realizada por Espacontrol el pasado año reveló que entre dichos activos y el pasivo de Fidecaya (capital, depósitos y otras deudas) era de 4.056 niillones de pesetas el 30 de Junio, aunque terminaría el año con unos 5.309 millones. Una de las condiciones para la desintervención de Fidecaya y su entrega total a Alfaro, después de que éste se hizo con la participación de Soriano y la de Promobane, era la de que el presidente de Cemesa realizara aportaciones de bienes para cubrir tal desequilibrio.

Entre los bienes de Fidecaya que tratará de realizar la comisión figuran las aportaciones de Alfaro, los préstamos de Fidecaya a sus empresas filiaes (la auditoría los valoraba en 9.700 millones de pesetas), los préstamos a otras empresas (1.500 millones sin garantía hipotecaria y, 1.300 con ella). efectos con vencimiento próximo (1.497 millones), valores mobiliarios (270 millones), valores en empresas filiales (570 millones), algunos solares y el medio millar de pisos terminados, la mitad de ellos ya en venta.