La adhesion a la OTAN y el miedo a las "fugas" de votos

La dimisión de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia ha venido a dar la razón a quienes gestaron la decisión gubernamental de tramitar la adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por la mera vía de la autorización del Parlamento y por mayoría simple. La ley orgánica, y su consecuencia obligada de la mayoría absoluta en cada Cámara, podría poner en peligro el proyectado ingreso español en la OTAN si a la oposición de la izquierda y a las reticencias de las minorías nacionalistas tras el pacto autonómico se añadiera una fuga de votos centristas desde el sector socialdemócrata.La importancia de la decisión de incorporar España al Pacto Atlántico quiso ser protegida en todo momento, desde el Gobierno, de los avatares parlamentarios y de las luchas internas de Unión de Centro Democrático (UCD) y su traducción en las votaciones del Congreso de los Diputados. El crédito del Gobierno Calvo Sotelo a nivel nacional e internacional no podría arriesgarse con un traspié en el Parlamento, una vez que la opción atlantista del Ejecutivo había sido tomada, y además con el respaldo militar, en un momento en que el país vive todavía la resaca del 23 de febrero.

Sobre el papel, la obtención de una mayoría absoluta -en el Congreso de los Diputados, 176 votos- no ofrecía excesivas dificultades para un tema como el de la adhesión a la OTAN, que, aunque polémico, era capaz de polarizar en torno suyo los votos centristas y de Coalición Democrática (CD) y muy probablemente los del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Minoría Catalana. Pero esta segura mayoría absoluta comenzó a correr peligro por las áreas nacionalistas cuando el pacto autonómico suscrito a finales de julio entre centristas y socialistas fue contemplado en el País Vasco y Cataluña como un augurio de próximos recortes a sus respectivas autonomías.

Los problemas suscitados en UCD tras las sesiones parlamentarías en que salieron adelante las tesis de Fernández Ordóñez sobre la ley de Divorcio, a causa de la fuga de votos centristas, avivados después por la aparición de la denominada plataforma moderada, consolidaron la desconfianza mutua entre los distintos sectores ideológicos de los grupos parlamentarios centristas. Para curarse de eventuales sorpresas, el Gobierno optó por el trámite parlamentarlo de la mera mayoría simple, que llevaba añadida la ventaja de unos debates más someros y la imposibilidad de modificar los textos en que se materializara la adhesión.

El Gobierno renunció a afrontar en solitario la responsabilidad de elegir la vía más fácil para el Ejecutivo y de menor participación del Parlamento en un a decisión para la que, por su especial trascendencia, se reclamaba desde amplios sectores de la opinión la conveniencia del referéndum. La jurídica y políticamente dudosa opción por el artículo 94.1 de la Constitución pudo ser consultada al Tribunal Constitucional. El Gobierno prefirió limitar el asesoramiento al Consejo de Estado, que emitió un dictamen con todos los pronuncia mientos favorables para la fórmula gubernamental.

La rapidez con que el Gobierno ha hecho llegar al Congreso de los Diputados la documentación sobre el ingreso de España en la OTAN, un día antes de que se inicie formalmente el período de sesiones septiembre-diciembre, y la simultánea solicitud por parte de cincuenta diputados centristas de que la votación sea pública y nominal parecen encaminadas a evitar que todavía el importante debate parlamentario concluya en un fracaso que obligaría seguramente a Calvo Sotelo a dimitir o a proponer la convocatoria de elecciones generales.

La reunión que mañana celebrará la Junta de Portavoces del Congreso dará la medida de la presión de la izquierda para que la adhesión a la OTAN se tramite como ley orgánica, de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución. Difícilmente los centristas aceptarán elevar el listón por encima de la mayoría simple, y menos después de la dimisión de Fernández Ordóñez, con sus poderosos veinte votos.