OTAN: cuestiones de procedimiento

LA DECISION del Gobierno, asistida por el dictamen favorable del Consejo de Estado, sobre el procedimiento parlamentario de ingreso de España en la OTAN plantea nuevas crispaciones y tensiones a un tema de importancia tan singular en la vida de todos los ciudadanos y que representa, de cualquier manera, una decisión clave de la política exterior de un país y que se prolonga más allá del previsible mandato de este Gobierno concreto.En primer lugar, la intención de Leopoldo Calvo Sotelo de conducir la adhesión española al tratado de Washington por el artículo 94.1 de la Constitución plantea dudas jurídicas tan razonables como los argumentos que hayan podido servir de apoyo al dictamen emitido por el Consejo de Estado. El capítulo tercero del título tercero de nuestra Constitución regula en su articulado las condiciones, formas y modalidades que habrán de observarse para que el Estado preste válidamente su consentimiento a un convenio internacional. La pura lógica de los preceptos y una interpretación desapasionada pueden conducir a la conclusión de que el procedimiento más recomendable para el ingreso de España en la Alianza Atlántica es el configurado en el artículo 93, reservado para aquellos tratados que atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución.

De cualquiera manera, sobre la discusión jurídica del procedimiento adoptado, cuya última palabra corresponde en todo caso al Tribunal Constitucional, se superpone un problema estrictamente político y de oportunidad cuyas consecuencias debe seriamente meditar el actual Gobierno.

La vía escogida precisa simplemente de mayoría simple en el Congreso, y los diputados sólo podrán aceptar o rechazar la adhesión, sin que quepan matizaciones o variaciones a la propuesta gubernamental. La fórmula desechada por el Gabinete supone, sin embargo, un apoyo más cualificado de la opinión pública al tramitarse como ley orgánica, que necesita la aprobación de la mayoría absoluta del Parlamento. En otras ocasiones hemos tenido oportunidad de recordar que una decisión de este tipo no debería de servir para seccionar a la sociedad española en dos posturas enfrentadas y de difícil conciliación. Opiniones sobre los riesgos y ventajas de esta determinación existen para todos los gustos, y sólo un debate serio y reposado podría dotar a los ciudadanos de los suficientes elementos de juicio para adoptar una decisión responsable en este tema.

Desde que Leopoldo Calvo Sotelo, tras las intrigas que descabalgaron a Suárez del palacio de la Moncloa, asumió la presidencia del Gobierno la integración a la OTAN ha sufrido el ritmo de marchas forzadas. Esta precipitación y celeridad, nunca explicadas, han creado una corriente de opinión que considera la actuación del presidente en este terreno concreto como una forma de practicar la política de hechos consumados e irreversibles.

De todos modos, en una situación internacional cambiante desde el comienzo del mandato presidencial de Ronald Reagan, que en ocasiones presenta perfiles típicos de guerra fría, esta decisión política no puede tomarse con la precipitación que parece conceder a este Gobierno el haberse calzado las botas de siete leguas.

En otras ocasiones tendremos oportunidad de volver sobre el tema para suscitar un debate razonable sobre la oportunidad o inoportunidad de esta prioridad política del Gabinete. Siempre en política las cuestiones de forma tienen tanta importancia como las de fondo, pero en esta ocasión será conveniente ofrecer a los contribuyentes una posición sustancial sobre la integración de nuestro país en la OTAN.

De cualquier manera, el procedimiento escogido por el Gobierno revela con bastante nitidez que sus componentes no son partidarios de un debate en profundidad, y que, al rechazar la vía del referéndum, privan a la opinión pública del cauce adecuado para participar directamente en un tema que afecta a su propia seguridad.

El Gobierno puede legítimamente escoger la vía parlamentaria para que el, Estado se comprometa válidamente en el tratado de Washington, pero podría estar más seguro con que la opinión pública aprobará sus intenciones en política exterior si utiliza las mayorías cualificadas que la propia Constitución contempla.