Valencia, sojuzgada por Milans
En la información sobre nombramientos militares de vuestra edición, del jueves 20 señalabais que la Unión de Periodistas del País Valenciano había elaborado un informe sobre la actuación del general Caruana en relación con el intento de golpe de Estado del 23-F. Efectivamente, la UP ha elaborado un informe (un extracto del cual hemos hecho llegar al Rey y al Gobierno), pero no sólo sobre el mencionado general, sino tratando de abordar de forma global todo cuanto, en nuestra opinión y en la de amplios sectores de la vida valenciana, consideramos que está muy lejos de haber sido esclarecido en relación con la intentona golpista.Ciertamente, uno de los aspectos inexplicablemente desdeñados en el apuntamiento del juez y en el escrito del fiscal es la toma del poder civil en la noche del 23 de febrero, y en la que jugó un papel decisivo, y hasta ahora no aclarado en sus posibles responsabilidades, el recién ascendido a teniente general Luis Caruana, tal como -con gran acierto y oportunidad- señalabais en vuestro editorial.
Pero hay, además, otros muchos aspectos: la indudable preparación de la toma de Valencia con anterioridad al día 23; la ocupación de la práctica totalidad de medios de comunicación en la cíudad por parte de la segunda sección de Estado Mayor de la Capitanía General (la misma sección que ocupó, de forma absolutamente inusual, la sala especial de operaciones de dicha Capitanía en las semanas anteriores al golpe); la toma de ciudades en otros puntos del País Valenciano; la existencia tanto de lístas negras de personalidades molestas a neutralizar como de candidatos para ocupar el poder en el nuevo régimen que se quería instaurar; en definitiva, la existencia de una tupida trama civil del golpismo sobre la que pocas dudas caben, incluso entre muy altas esferas policiales consultadas por representantes de la Unión de Periodistas.
El equipo de trabajo que ha preparado el informe se ha encontrado, con estupor, con que un buen número de oficiales del Estado Mayor de la Capitanía General y de ciertos servicios de información ni siquiera han prestado declaración en la instrucción del sumarlo, cuando algunos de ellos podrían haber aportado testimonios de incalculable valor.
Con su informe, la Unión de Periodistas no trata, lógicamente, de suplantar a la autoridad competente en la materia o prejuzgar responsabilidades, sino simplemente poner sobre la mesa toda una serie de aspectos que la ciudadaqía valenciana observa cómo han sido desdeñados, para centrar todas las responsabilidades y las únicas inculpaciones en tres personas, cuando Valencia fue la única ciudad española en que el golpe triunfó en la práctica y cubrió todos sus objetivos./
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