Negociar sumarios

Hace algún tiempo, la opinión pública española se interesó mucho por las informaciones acerca de la la uditoría realizada en las cuentas de RTVE por funcionarios del Ministerio de Hacienda. El asunto era grave y un grupo de diputados del PSOE presentó querella criminal contra quienes fueran responsables de las irregularidades puestas de manifiesto por los expertos en contabilidad. Se admitió la querella a pesar de la oposición del ministerio fiscal y se form6 el correspondiente sumario, al que se incorporó una anterior denuncia de diputados del PCE: El ciudadano medio se sintió confortado. En un régimen democrático, cualquiera mala utilización de los caudales públicos y todos los abusos que puedan cometer los gobernantes y los administradores oficiales reciben inmediatamente la correspondiente sanción.Pero han transcurrido meses, muchos meses, y del famoso sumario no ha vuelto a hablarse. Los querellantes han pasado de una activa colaboración con la justicia a la pasividad casi absoluta. ( ... )

Sin embargo, tan oscuras circunstancias acaban de ser aclaradas por las informaciones filtradas por una destacada personalidad de UCD. No se trata de un caso de desidia por parte de quienes presentaron la querella. Tampoco es que se haya perdido la fe en el proceso penal. Ocurre simplemnte -según esta versión ampliamente recogida por los periódicos, sin el rotundo mentís que cabía esperar- que detrás de todo esto hay un pacto secreto entre dirigentes de los dos mayores partidos, UCD y PSOE. E insistimos en que no ha habido mentís rotundo, porque lo cierto es que las breves palabras que Felipe González dedicó el viernes a la Cuestión (La Vanguardia del sábado pasado) significan poquísimo. Dicho sea de paso, es por lo menos sorprendente que el señor González asevere que "es en los países más subdesarrollados y tercermundistas donde proliferan las emisoras privadas de televisión". ¿Y Estados Unidos?, ¿y Japón?, ¿y Canadá?, ¿e Italia? Son notables ejemplos de subdesarrollo tercermundistas...

A UCD, lógicamente alarmada por la amplitud de las investigaciones y las posibles personalidades afectadas por la marcha del sumario, el PSOE le ofreció la paz, en forma de dejar que el proceso penal muriese, o se eternizase en las dependencias judiciales, sin recibir impulso alguno de los querellantes. UCD atendería las solicitudes del PSOE, inquieto por ganar más espacios de radio y televisión, así como influir en la orientación de estos medios. Se nombrarían directivos de RTVE de común acuerdo, se les dejaría hacer y, además, se congelaría el desarrollo constitucional del artículo 20 en lo relativo a las televisiones privadas.

Por fortuna, todo esto fue orquestado en 1980, y el actual presidente del Gobierno no está vinculado por pactos de esta clase. (Dejemos al lector la calificación que estime adecuada.) Todo indica, por eso, que en el próximo Consejo de Ministros va a aprobarse una norma de desarrollo constitucional, avalada por un dictamen favorable del Consejo de Estado. La televisión privada será pronto una realidad. Los otros puntos del pacto, esperamos, y deseamos, que se desmientan con hechos (no sólo con palabras más o menos agresivas) prestando la colaboración a la justicia que en la última época ha faltado.

16 de agosto