Los pactos de la solidaridad

El presidente Calvo Sotelo prometió en su discurso de investidura que, en la primera etapa de su mandato al frente del Gobierno de la nación, abordaría la resolución de los grandes problemas de España. Así se redactó, en primer lugar, el ANE, firmado con el Gobierno por las centrales sindicales y por la CEOE, en su calidad de central empresarial. Desde ese momento quedaba pendiente la ordenación N, la clarificación del proceso autonómico.La construcción del Estado de las autonomías era, sin duda, el más difícil y complejo problema político, por varias causas concretas: porque transformar un Estado de autocrático en democrático y, a la vez, transformar un Estado de centralista en autonómico -en medio de la más profunda crisis económica mundial conocida desde 1929- es, sin duda, la más ardua tarea que los políticos españoles hayan abordado jamás. Mas, para abordarla, era necesario que los partidos políticos españoles abandonaran la táctica -practicada en 1979 y en 1980-, consistente en convertir lo autonómico en la punta de lanza o en el arma arrojadiza de sus luchas partidistas en todas las regiones españolas, en las Cortes Generales y en los medios de comunicación social. Mientras los partidos continuaran enfrentados por la construcción de las autonomías, ningún Gobierno, cualquiera que fuera su signo político, podría construirlas con serenidad.

Por ello, para resolver el problema autonómico, era indispensable convencer a los partidos políticos para que recompusieran el clima que permitió elaborar la Constitución entre todos y para todos los españoles; era necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad política para abordar en común la resolución de las tres grandes áreas de problemas que plantea la tarea constitucional, que es el reparto o la devolución del poder político y Financiero a las nacionalidades y, regiones españolas, Puesto que esto es lo que significa, en síntesis, la construcción del Estado de las autonomías.

Ese fue el gran reto que en nombre de UCD y de SU Gobierno alumbró el presidente Calvo Sotelo, quien supo suscitar el sentido de responsabilidad política de Felipe González, del profesor García de Enterría y de los expertos que con él colaboraron, del partido comunista y de Alianza Popular, pese a que estos dos partidos se retiraron de los pactos autonómicos en el último momento. El gran logro de los pactos firmados el 31 de julio de 1981 fue, sin duda, poner definitivamente de acuerdo a UCD y al PSOE en el más complejo problema político de España que es el que afecta a la construcción del Estado de las autonomías.

II

La solución de los problemas autonómicos obligaba a abordar tres áreas fundamentales de problemas: los político-administrativos, dirigidos fundamentalmente a establecer principios generales para todas las regiones aún no constituidas en comunidades autónomas- los económico-financieros, dirigidos a establecer las bases de la solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones que integran España, de modo que ésta se construya sobre la distribución de los recursos públicos de forma prioritaria, en favor de las regiones menos desarrolladas, y todo ello, además, respetando y haciendo respetar el equilibrio financiero del Estado y de las comunidades autónomas, a fin de no incrementar el gasto público, y, Finalmente, era indispensable elaborar las reglas y los principios básicos que fijaran, entre otras cuestiones, una mayor clarificación en las futuras relaciones entre el Estado y, su Administración civil y las comunidades autónomas y sus respectivas administraciones públicas.

Constituidas ya y en funcionamiento las comunidades vasca y catalana, pendiente la gallega de las elecciones regionales y la andaluza de su referéndum de ratificación del Estatuto y de sus posteriores elecciones, era indispensable ordenar, clarificar y, asegurar el funcionamiento de todas las restantes comunidades autónomas. No era bueno para España ni para la democracia que la autonomía de las regiones españolas fuera ni el resultado de las luchas entre partidos políticos en ella asentados, ni tampoco que su autonomía fuera el resultado de un creciente aire reivindicativo de estas regiones frente al Estado. La construcción del Estado de las autonomías jamás podía basarse sobre la dialéctica de vencedores y vencidos La coordinación debía imponerse a la reivindicación, la colaboración debía sustituir a la tensión; la inercia de la Administración del Estado debía dejar paso franco a la integración en éste de las administraciones autónomas Los recelos de los funcionarios públicos, servidores del Estado, debían desaparecer mediante normas y reglas claras que les tranquilizaran, al verse futuros servidores de las comunidades autónomas que, siendo también Estado, forman todas ellas la indisoluble unidad de la nación española, como proclama el artículo segundo de nuestra Constitución.

III

El contenido de los pactos autonómicos ha sido publicado y es suficientemente conocido. Por ello, para comprender su importancia, lo más oportuno quizá sea resaltar alguno de los graves problemas que sin los pactos autonómicos podrían presentarse en España

Los pactos prevén y desarrollan expresamente la concreción de los principios de generalidad, homogeneidad y solidaridad para todas las regiones españolas, cuyos estatutos deben estar aprobados antes de marzo de 1983, con lo que se recogen las afirmaciones programáticas que formuló ante el Congreso de los Diputados el presidente Suárez en mayo de 1980. Al establecerse una fecha idéntica para las primeras elecciones regionales en toda España, se evita la profunda inestabilidad política que podría producir la constante y repetida situación electoral en unas u otras regiones españolas. Se evita, además, la disolución de las asambleas regionales por los Consejos de Gobierno, con lo que se ha de soslayar la profunda inestabilidad que, de otra forma, podría suponer la constante sucesión de elecciones Provocadas anticipada y artificialmente en unas y otras regiones. Se adoptan las medidas necesarias para ordenar y dotar adecuadamente las transferencias de servicios a las comunidades y entes preautonómicos, de modo que el reparto de poder político desde la Administración del Estado a las comunidades sea armónico y no ponga en peligro la eficacia en la prestación de los servicios a los ciudadanos españoles, cualquiera que sea la región a la que pertenezcan.

Se adoptan, además, varias decisiones que, necesario es reconocerlo, afrontan varios temores que preocupan al ciudadano medio español. Así se ha de evitar la duplicidad de la burocracia, al convertir a las diputaciones provinciales en órganos en cada provincia de su comunidad autónoma y al asegurar que no proliferarán los cargos en los órganos de los gobiernos regionales y que éstos se han de cubrir fundamentalmente con funcionarios públicos. Se prevé también que las asambleas regionales tendrán períodos de sesiones reducidos y que sus diputados regionales no cobrarán sueldos fijos, para establecer así, mediante estas decisiones políticas, criterios de la máxima eficacia y austeridad.

IV

Es mucho lo que se puede decir sobre los pactos autonómicos, pero lo más importante es señalar que ahora queda ante todos nosotros el compromiso de llevar los pactos a la práctica y lograr que el pueblo español, el hombre de la calle, se sienta solidario de la hermosa tarea de construir el Estado de las autonomías. Porque hay que decir muy claramente que estos pactos se han firmado renunciando a intereses de partido, supeditándolos a los intereses del pueblo español, sea cual sea la región a la que pertenezca, para conseguir, de una vez por todas, que ninguna región se sienta marginada, que la solidaridad entre los hombres y mujeres que viven y trabajan en España, en toda España, sea algo más que una bonita frase vacía de contenido.

Por vez primera en nuestra historia, todas las regiones españolas van a poder estar, con el correr del tiempo, en pie de igualdad. Y quizá algún día estos pactos reciban el nombre de pactos de la solidaridad. Ese es su objetivo.

Manuel Broseta Pont es secretario de Estado para las comunidades autónomas y senador de UCD por Valencia.