Un pacto en entredicho

El PCE fue excluido del acuerdo autonómico, a iniciativa del Gobierno y del PSOE, por no aceptar la propuesta de ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Esto ocurrió a media tarde del viernes 31 de julio, después de mes y me dio de negociaciones a las que el PCE había sido invitado tras dar a conocer oficialmente sus criterios sobre este aspecto del Informe García de Enterría en los siguientes términos: "Una ley orgánica para desarrollar el título VIII de la Constitución resulta innecesaria, inconveniente y dudosamente constitucional". A este antecedente hay que añadir que cuando tuvimos conocimiento del proyecto de ley elaborado por encargo del Gobierno y del PSOE resultó que además de orgánico era armonizador, dimensión que ni siquiera preveía el Informe Enterría -de aquí el cambio de nombre, de LOOPA a LOAPA-. El carácter armonizador significa que "afecta a aspectos relacionados con el contenido de los Estatutos de las comunidades autónomas y con el ejercicio de sus competencias". Esta cita no es de ningún documento del PCE, sino del propio preámbulo del borrador de la LOAPA, que hemos estado discutiendo y constituye una razón de peso más para oponerse a la alteración de unos Estatutos en ausencia de las fuerzas políticas que son mayoritarias en las comunidades afectadas. Cabe añadir todavía que el acuerdo sobre la LOAPA es un acuerdo sobre un proyecto de ley que deberá pasar por las Cortes, ser enmendado y apreciada su urgencia, ya que es armonizador. ¿Qué actitud van a tener los pactantes ante las enmiendas? Por qué la prisa de firmar esto, si no se podrá presentar hasta septiembre?Todo lo anterior clarifica y, a nuestro juicio, justifica sobradamente el planteamientos comunista de separar la LOAPA de los restantes acuerdos políticos y económicos, que son propiamente acuerdos entre partidos y sobre materias en las que el entendimiento estaba muy avanzado y era globalmente posible. Ni siquiera se puede invocar en contra de esta actitud el manido refrán de todo o, nada, ya que al tiempo que se quería forzar al PCE para que asumiera la LOAPA se le marginaba de la cuarta parte de la negociación -relativa a haciendas locales-, que de principio a fin ha sido llevada entre el Gobierno y el PSOE, sin ofrecer a las otras fuerzas presentes ni información, ni posibilidad de opinión.

Así han sido las cosas. Ni han transcurrido de la mejor manera, ni han concluido bien. Si esta negociación hubiera comprendido desde el principio y en plano de igualdad a todas las fuerzas interesadas -y esto incluye a nacionalistas vascos, catalanes- hubiera sido posible llegar a acuerdos verdaderamente firmes y verdaderamente ajustados a la Constitución. Tal y como la han enfocado el Gobierno y el PSOE, el resultado es que la justeza de lo pactado queda en entredicho por parte de los excluidos y caben dudas sobre la firmeza de los pactantes sobre lo pactado. Aunque sólo sea por la contraposición derivada de ser unos Gobierno y otros primer partido de la oposición.

Algunas aclaraciones más. El PCE mantiene su posición en aquellos aspectos del pacto político a los que dimos nuestro acuerdo. Destacadamente, el mapa de dieciséis comunidades autónomas, el calendario para concluir el proceso antes de febrero de 1983 y la programación de las transferencias, así como sobre la desaparición de las diputaciones en las comunidades uniprovinciales. Sobre la composición y función de las diputaciones en comunidades multiprovinciales tenemos que decir que, tras presentar propuestas concretas y reclamar a lo largo de un mes que el Gobierno hiciera contrapropuestas, finalmente el tema se sacó de la mesa de negociación para establecer un acuerdo bilateral Gobierno-PSOE, sobre el que no se nos ofreció ni ocasión de opinar, al no aceptar la LOAPA. Igualmente ocurrió con las consideraciones especiales que exige el tema Canarias, por todos reconocidas, pero que se han mantenido en la imprecisión más abasoluta en el texto finalmente suscrito. Y parecida es la historia del tema económico. Los negociadores se hartaron de oír reclamar a los representantes comunistas cifras y cuantificaciones Concretas. Durante semanas, el silencio fue la respuesta, aunque las computadoras oficiales trabajaban a tope realizando juegos de simulaciones, entre los que, al parecer, Calvo Sotelo y Felipe González eligieron el que era de su gusto. En la mañana del viernes 31 nosotros no tuvimos tiempo ni de usar las calculadoras de bolsillo para ver qué significaban aquellas cifras. Lo haremos y lo diremos claramente cuando la ley del Fondo de Compensación Interterritorial vaya a las Cortes. Desde luego, lo que no significan -aunque se haya presentado así- es que todo el mundo va a recibir más dinero, más inversiones. Puede ocurrir que incluso inversiones en curso o programadas para ciertas comunidades queden en suspenso. Esto es probable con un fondo de 180.000 millones, que es un fondo pequeño, frente a las propuestas comunistas, y otrora socialistas, de superar los 200.000 millones.

Es posible que los firmantes del acuerdo, cumplido su compromiso de culminar la negociación el 31 de julio, se hayan ido de vacaciones tranquilos. Pero la verdad es que el tema dista mucho de quedar resuelto y con la vuelta del veraneo volverán sobre él partidos, Gobierno, Parlamento, comunidades autónomas y Tribunal Constitucional.

Entre tanto, los comunistas hemos querido dejar claro, con serenidad y objetividad, las cuestiones sobre las que estuvimos y estamos de acuerdo, los temas en que se nos negó información o posibilidad de opinión y el serio problema de la LOAPA, en el que nos negamos a comprometer nuestra posición.

Carlos Almiso Zaldívar representó al PCE en la 'cumbre autonómica"