Dos altos funcionarios mexicanos, envueltos en un caso de fraude económico

Dos escándalos político-financieros, que han puesto en danza más de 20.000 millones de pesetas y, que involucran a un diputado federal y a un gobernador, ambos del partido gubernamental (PRI), han estremecido durante los últimos días a este país, que, por lo demás, ha mostrado una insólita tolerancia para las historias de corrupción de sus gobernantes.

El monto de las operaciones ilegales ha sido esta vez tan abultado, que el Gobierno ha decidido actuar jurídicamente aunque las salpicaduras alcancen al propio sistema, en un momento tan delicado corno son las vísperas de la nominación presidencial para el próximo sexenio.Al diputado por Chihuahua Miguel Lerma será difícil, sin embargo, que le alcance la Justicia mexicana. Desde noviembre del pasado año vive en la localidad norteamericana de MacAllen, en el Estado de Tejas. La procuraduría general de la República investiga la desaparición de unos 20.000 millones de pesetas pertenecientes al Banco de Crédito Rural, institución pública en la que Miguel Lerma ocupó el cargo de director de control hasta hace dos años.

El tema aparece, por otra parte, tan confuso que ni siquiera el Banco de Crédíto Rural es capaz de deterininar con exactitud el monto del supuesto fraude. Las cifras manejadas públicamente hasta ahora oscilan entre 3.000 y 6.000 millones de pesos, que a la cotización oficial de cuatro pesetas suponen un baile de números hasta 12.000 millones de pesetas.

El escándalo del Banco de Crédito Rural ha tenido una insólita derivación, hasta el punto de crear un conflicto entre el poder judicial y, el legislativo. Efectivos de la policía allanaron el despacho del diputado sin mandamiento Judicial y, lo que es más grave, sin haber solicitado previamente el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Lerma.

El presidente del Congreso, Luis Marcelino Farias, se ha dirigido al procurador general de la República para protestar por este asalto a dependencias del Congreso, violando el fuero de los diputados. El procurador Oscar Flores Sánchez contestó el jueves con una carta en la que reconoce que los policías actuaron con ligereza sin conocimiento de sus superiores, por lo que han sido relevados v encarcelados. Pero el procurador añade que dispone de una grabación en i1deo en la que se demuestra que el secretarlo del diputado firmó la declaración sin presiones de ninguna clase.

Este conflicto entre la justicia Y el Congreso, que tiene su antecedente más inmediato en los años veinte, cuando el presidente de la Cámara fue asesinado por orden del presidente Huerta, estalló el pasado martes, justo un día antes de que la gran comisión del Congreso dictaminase sobre el levantamiento de la inmunidad al gobernador de Coahuila, Oscar Flores Tapia, acusado de "enriquecimiento inexplicable"

Pero también en esta ocasión el gobernador logró eludir a la justicia, al menos de momento. Flores Tapia presentó la renuncia a su cargo el mismo martes, con lo que privó al Congreso de un eventual juicio político por su actuación al frente del Estado de Coahulla.

Pudiera pensarse que de esta forma decidía ponerse en manos de los jueces, prescindiendo voluntariamente de su fuero. Esto es totalmente inexacto: el "enriquecimiento inexplicable" no aparece tipificado en el Código Penal mexicano, que tampoco contempla figuras delictivas como el tráfico de influencias o la utilización en beneficio propio de la información privilegiada de que pueda disponer un funcionario público.

Aunque los partidos de oposición han pedido a la procuraduría general que congele sus bienes y que investigue su pososible origen fraudulento, existen pocas probabilidades de que Flores Tapia pueda ser condenado.

Este modesto ex periodista, que carecía de fortuna personal al ser elegido, hace seis años, gobernador de Coahulla, como candidato del PRI, de la mano de su amigo y ex presidente Luis Echevarría, tiene hoy un patrimonio valorado en unos ochenta millones de pesos (320 millones de pesetas).