El fiscal solicita la baja en el Ejército de los 32 militares procesados por el 23-F

Diez de los 32 militares procesados por el intento golpista del 23 de febrero producirán baja definitiva en los ejércitos, y los veintidós restantes causarán baja en el ejército respectivo, con pérdida de los derechos adquiridos en el mismo, en caso de que prospere la petición de penas accesorias del fiscal militar en su escrito de conclusiones provisionales. En ambos casos se exceptúan los derechos pasivos que pudieran corresponder a los condenados en razón a sus años de servicio.

De acuerdo con la citada solicitud fiscal, serán condenados a las penas accesorias de pérdida de empleo e inhabilitación por tiempo de la condena el teniente general Jaime Milans del Bosch. el general de división Alfonso Armada, el general de división Luis Torres Rojas, el coronel de Ingenieros Diego Ibáñez Inglés. el coronel de Artillería José Ignacio San Martín, el coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, el comandante de Infantería Ricardo Pardo Zancada, el capitán de la Guardia Civil José Luis Abad y el capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. Según el artículo 223 del vigente Código de Justicia Militar, la pérdida de empleo «producirá la baja definitiva en los ejércitos, con la privación de los grados, sueldos, honores y derechos militares que correspondan al penado, así como la incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo, excepto los derechos pasivos que pudieran corresponderle por sus años de servicio».

Para los veintidós militares restantes, para los que se solicitan distintas penas de prisión, el fiscal pide también la accesoria legal de separación del servicio, y tanto para ellos como para el único paisano procesado, Juan García Carrés, la de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio.

Según el artículo citado del Código castrense, la pena de separación de servicio «producirá también la baja en el ejército respectivo, con pérdida de los derechos adquiridos en el mismo, excepto los pasivos que puedan corresponderles en razón de sus anos de servicio». Según el artículo 224, «las esposas, hijas y madres viudas de los condenados a las penas de pérdida de empleo y separación del servicio, mientras éstos estuvieran presos como consecuencia del cumplimiento de la condena, sin haber perfeccionado el condenado derecho a haber pasivo, si no disfrutaren de medios de fortuna, percibirán las pensiones señaladas en la legislación vigente sobre derechos pasivos para caso de fallecimiento de los causantes».

De acuerdo con lo establecido en los artículos 202 y 204, 2º, del Código de Justicia Militar, el fiscal solicita que los procesados que participaron en el asalto al Congreso abonen, por partes iguales y solidariamente, por vía de reparación y en concepto de responsabilidades civiles. el importe de los daños causados en la sede de la Cámara baja, que se determinarán en el período de ejecución de sentencia.

Tejero no recuerda

En relación con la frase atribuida al teniente coronel Tejero por varios testigos presenciales en la mañana del 24 de febrero, poco antes de que los parlamentarios salieran del hemiciclo, según la cual el jefe militar golpista esperaba que le cayeran treinta años de cárcel, el diario Ya publicaba ayer una conversación telefónica con el procesado en la que se recogen las siguientes palabras referidas a los diputados: «Se habló algo allí, cuando los señores aquellos querían irse y estaban en las condiciones que se habían enfrentado; pero, vamos, no recuerdo exactamente la cifra que dije».

Por otra parte, Tejero se proclama un hombre feliz -"vivo feliz en cualquier parte», dice-, y asegura no haber leído los libros sobre el golpe, porque, afirma, «yo leo lecturas serias», entre las que cita un libro del que es autor el director del periódico ultraderechista El Alcázar, Antonio Izquierdo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 12 de agosto de 1981.

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