General Salas Larrazábal: "La situación exige una ley de modernización del Ejército"
El general Ramón Salas Larrazábal desmintió cualquier parecido entre la reforma militar de Azaña y la ley de, Reserva Activa, que acaba de jubilar a los capitanes generales Pedro Merry Gordon y Angel Campano, entre otros, en declaraciones a la Prensa, con motivo de su participación en un curso de la Escuela de Estudios Hispánicos dedicado a la II República.El general agregó que la citada ley de Reserva Activa viene a corregir un exceso de plantilla retirando a los viejos. «La ley actual», dijo, «no contempla más que una reducción en las edades de retiro. La de Azaña fue positiva en el orden estrictamente militar, pero a su autor le faltó coraje para llevarla a cabo. La situación actual pide a gritos una ley de modernización del Ejército, cosa que yo haría si fuera ministro de Defensa, cosa que nunca seré».
«Hoy», añadió el general Salas, «estamos en un régimen pluralista aceptado por la mayoría de los españoles, que sólo encuentra una oposición minoritaria». Respecto al golpe de Estado del 23 de febrero, el general Salas Larrazábal afirmó que la mayor parte del Ejército respalda la democracia, y que en la actualidad resulta imposible un enfrentamiento entre el Ejército y la sociedad civil, situación esta radicalmente distinta a la que precedió a la guerra de 1936, en la que la sociedad estaba muy dividida entre sí.
Ramón Salas Larrazábal, el teniente coronel Miguel Alonso Baquer y el historiador Ricardo de la Cierva expusieron sus versiones sobre el papel del Ejército en la II República española en el nuevo curso de verano de la escuela asturiana de Estudios Hispánicos, que desde el pasado lunes se celebra en La Granda (Avilés).
Según Salas Larrazábal, la política militar de la II República tenía dos objetivos concretos: situar a las Fuerzas Armadas en el marco de las actividades que le eran propias, dando fin a su preponderancia política e influencia social y a su utilización como prolongación de las fuerzas del orden público, y dotarlas de la organización, armamento y medios necesarios para transformarlas en el instrumento eficaz que necesitaba la República para su defensa, suprimiendo organismos, servicios y personal innecesarios.
Para desarrollar esta política, el comité revolucionario de las fuerzas coaligadas designó a Manuel Azaña, que dedicó notables esfuerzos a conseguir este objetivo. Sus realizaciones abarcan, según Salas Larrazábal, aciertos y desaciertos, pero en cualquier caso quedaron a mitad de camino, pues el coste de la reforma fue muy superior al previsto, y no se consiguieron los ahorros que se pretendían. Los presupuestos militares aumentaron a partir de 1932, sin que se consiguiera dotar a la nueva organización de medios y armamento.
Por otra parte, el general Salas Larrazábal consideró excesivo el uso represivo de los soldados para imponer el orden y la paz en las calles y en el campo. El general no ve relación alguna entre la reforma de Azaña, integrada por 32 decretos, y la ley de Reserva Activa recientemente aprobada. Los sucesores de Azaña en el Ministerio de la Guerra continuaron su política. Gil Robles constituyó una excepción, empeñándose en la tarea complementaria de remediar la penuria de las unidades con notables programas de fabricación y adquisición de armamento y material.
