Los médicos no informan a los enfermos sobre el proceso de la enfermedad

Los más de 1.300 afectados por el síndrome tóxico del aceite de colza adulterado que han presentado querella ante la Audiencia Nacional piensan crear una asociación que ayude tanto a las investigaciones que está llevando el abogado que les representa -García Pablos- como a los afectados por el envenenamiento, que se quejan de la falta de información suministrada por los médicos. Con este motivo se ha formado una comisión dividida en cuatro frentes de trabajo, que se reunió en el despacho de García Pablos después de hacerse pública para él la primera vista del sumario, con el fin de trazar las primeras líneas de actuación.Esta comisión piensa actuar en los aspectos sanitario, organizativo, económico, laboral y profesional.

En esta primera reunión se puso de manifiesto los problemas principales con que se enfrentaban a la hora de trabajar. Por un lado, el miedo de los afectados a organizarse y a tener que trabajar en las investigaciones cuando su estado físico es enormemente precario, unido a la falta de medios y de información que están dando tanto los responsables de Sanidad como los encargados de los centros de seguimiento de los ambulatorios, que no facilitan los nombres de los afectados ni su estado de salud. Tampoco han podido conseguir, a pesar de los reiterados esfuerzos de su abogado, la lista de fallecidos, así como los resultados de las autopsias realizadas.

Otro de los problemas que planteaban era la imposibilidad de cobrar una cuota a los afectados, debido, sobre todo, a la poca capacidad adquisitiva de los enfermos, la mayoría de ellos pertenecientes a zonas del extrarradio de las ciudades y a zonas rurales. Por último, los problemas laborales derivados de la enfermedad, que son quizá los más trágicos y los de más difícil solución. En la reunión se pusieron de manifiesto casos particulares de afectados que están en paro y que la Seguridad Social no los asiste, o los de aquellos que estaban trabajando con contratos temporales y que han sido despedidos después de haber causado baja por la enfermedad. Otro caso más dramático es el de un camionero cuya mujer ha fallecido a causa del aceite tóxico y que se encuentra al cuidado de cuatro hijos sin poder salir a trabajar, o el del dueño de un bar que declaraba a EL PAIS que su sociedad particular se ha negado a cubrirle los gastos de estancia en el Hospital del Rey, por los que ha tenido que pagar hasta el momento cerca de 100.000 pesetas, además de otras 2.000 semanales que se gasta en medicinas. En este, sentido, esta comisión piensa hacer una petición para que. la Seguridad So cial no cobre nada por las medici nas que tienen que tomar.

En cuanto al tema económico, esta nueva asociación, ante la imposibilidad de cobrar cuotas a los afectados -que ya han pagado trescientas pesetas por el poder notarial-, piensa recurrir a créditos privados y apunta la posibilidad de que el Gobierno les adelante parte de la indemnización que les ha sido prometida. «Nosotros creemos que igual que se declaran zonas catastróficas cuando hay sequias o inundaciones, este envenenamiento masivo se debería declarar igual y el Gobierno debería ayudarnos económicamente ». García Pablos apuntó la necesidad de que el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, del que depende en estos momentos absolutamente todá, sacara a la luz una normativa laboral específica con el fin de regular los temas económicos y laborales.

El encargado de los temas organizativos, Soto, declaró que conta ba con la ayuda de los ayuntamientos que se habían prestado a dejar coches, megáfonos y locales, con el fin de convocar a la mayor parte de afectados para que se pu dieran reunir en locales donde cupieran todos.

El testimonio de un médico

Quizá la parte más impresionante en la reunión de esta comisión la cubrió el doctor Corralero, cuya mujer -afectada por el aceite tóxico- había dado a luz precisamente ayer. El niño había nacido sano, pero se le ha retirado la leche materna en previsión a un posible -casi seguro- contagio. El doctor Corralero destacó en su informe temas que todavía están sin aclarar por Sanidad, como son el porqué de los ingresos, los criterios para dar el alta, la medicación, las investigaciones que se están siguiendo, el tema de las embarazadas, la-eliminación del tóxico y las secuelas-, «aunque a algunos compañeros míos», dijo, «no les guste el nombre de secuelas, lo cierto es que no son secuelas, sino que la enfermedad no desaparece aunque los enfermos hayan sido dados de alta». En este sentido se puso de manifiesto que el síndrome más claro son los dolores musculares, los calambres, problemas renales, diabetes y problemas cardiovasculares. «Lo que está claro», informó el doctor Corralero, «es que en una primera fase de la enfermedad, cuando todavía se hablaba de neumonía atípica, los enfermos presentaban problemas respiratorios; eso hizo que a muchos de los fallecidos por el envenenamiento no se les contabilizara como tales; sin embargo, ahora, en una segunda fase, se están presentando. casos de hemorragias internas y de embolias, que son las que causan la muerte». Con el fin de investigar todo el tema sanitario a fondo, García Pablos piensa montar un equipo pluriprofesional dispuesto a colaborar, que ayude a llegar a las últimas consecuencias a investigación, que todavía sigue. En este sentido, se habló incluso de pedir ayuda a la Escuela de Medicina Legal, que entiende de estos casos.

Los afectados allí presentes, así como sus familiares, hablaron de temas espeluznantes como es el caso de una afectada que intentó tirarse desde un noveno piso por no poder soportar. los dolores, o aquellos enfermos que han dejado de creer en la medicina y están acudiendo a los curanderos, ya que gracias a un tipo de masaje y las infusiones consiguen calmarles el dolor. «Los médicos», declararon, «no nos informan debidamente ni nos dicen si nos vamos a morir, cuándo, ni de qué». «A mi cuñado», contaba un familiar de un fallecido, «le ingresaron con las piernas hinchadas y nos dijeron que era una tromboflebitis; después de seis días dijeron que había mejorado y al día siguiente murió». Otro familiar de un enfermo contaba que los médicos le habían dicho que no tuvieran hijos en un año, y que tuvieran cuidado con las relaciones sexuales, ya que todavía no se había estudiado si a través de las secreciones podía haber contagio.

En cuanto al tema de los alímentos que pudieran haber sido comercializados con aceite tóxico, hubo una referencia muy concreta a las madalenas, ya que parece ser que el 60% de los enfermos había consumido este dulce. Concretamente, García Pablos informó que en Valladolid se habían encontrado unas madalenas tóxicas.

También se llegó a decir que la cifra de enfermos afectados podía superar a los 100.000, y que, desde luego, la lista de muertos -inaccesible para todo el mundo- superaba la cifra de 89.

«Pero quizá lo peor de todo», declaraba Soto a EL PAIS, «es el estado psíquico de los enfermos. Mi mujer no se atreve a subir ni a bajar las escaleras por miedo al dolor y a caerse. Ha adelgazado dieciséis kilos, y sin embargo está completamente hinchada, y todos son conscientes de su inutilidad para el trabajo y para llevar una vida normal. Las familias estamos destrozadas».

Esta asociación -no legal, todavía- piensa hacer una asamblea constitutiva en el mes de septiembre con afectados de toda España, y espera alcanzar la cifra de 5.000 asociados. «Pensamos ir a las Cortes», dijeron, «el día que se vaya a tratar el tema que nos afecta a todos. Es curioso», declararon, «que en todo este proceso haya sólo once procesados y no se haya pedido responsabilidades a ningún funcionario, aunque sólo sea por desidia».

Por último, García Pablos se preguntaba qué pasa con los investigadores de Berlín y de Lyon y con las comisiones de expertos que se han creado para investigar sobre el tema. «Del experto de Atlanta», dijo, «se habló muchísimo; ahora nadie dice nada».