El jefe de los rebeldes bolivianos, Natusch, negocia un compromiso con la Junta Militar

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El Gobierno militar de La Paz y los generales sublevados desde hace cinco días en la ciudad de Santa Cruz han iniciado negociaciones a través de la Iglesia católica. El diálogo entre las dos formaciones militares se ha formalizado con la llegada a la capital boliviana del obispo Luis Rodríguez, presidente de la Conferencia Episcopal y titular de la diócesis de Santa Cruz. Los bolivianos viven sometidos entre tanto a una estrategia de la tensión y a una guerra de propaganda y rumores. Según la agencia Efe, una comisión de los militares rebeldes llegó ayer a La Paz para establecer las bases de una posible negociación.

Al mismo tiempo que comienza de este diálogo para tratar de evitar un choque entre las fuerzas armadas, la Junta Militar de La Paz está enviando tropas y materiales a las proximidades de Santa Cruz, capital de la zona rebelde. Fuentes diplomáticas solventes confirmaron ayer a EL PAÍS que hay alrededor de 3.000 hombres en camino hacia el departamento de Santa Cruz.

Estas tropas, leales a la Junta del ex presidente Luis García Meza, proceden de las guarniciones de Cochabamba, La Paz y Oruro, y están siendo transpor tadas básicamente en aviones pequeños, capaces de aterrizar en las innumerables pistas clandestinas que utilizan los contra bandistas de cocaína de esa región boliviana. Otros contingentes se aproximan en camiones a la región de Santa Cruz, bajo completo control de los generales Natusch y Añez.

Las emisiones de radio procedentes de la capital rebelde, sintonizadas en onda corta y con gran dificultad en La Paz, a 900 kilómetros, daban cuenta anoche de la llegada de estos refuerzos fieles a la Junta. Los generales Natusch y Añez, sin embargo, confirmaron que mantienen sus posiciones y siguen recibiendo el apoyo de unidades militares bolivianas. Más que presagiar un enfrentamiento armado, el envío de soldados a las proximidades de Santa Cruz forma parte de una estrategia de la tensión previa a las negociaciones entre los bandos de militares. Las fuerzas armadas bolivianas, auténtica clase privilegiada en uno de los países más pobres de Latinoamérica, saben que su enfrentamiento supondría su destrucción como árbitro permanente de los destinos del país.

La condición fundamental enunciada por los generales Natusch y Añez para poner fin a su sublevación es que el sucesor de García Meza sea designado por todos los jefes de unidades e institutos armados de Bolivia, en una votación a tres vueltas. El ganador de la última contaría con el apoyo total de las fuerzas armadas para dirigir la reconstrucción política y económica del país. La propuesta rebelde, que se considera generalmente como moderada no es aceptada por los tres miembros de la Junta, generales Bernal y Torrelio y contralmirante Pammo Pammo.

Pese a su guerra de propaganda y a la censura, la Junta boliviana no se ha consolidado. No hay un solo reconocimiento internacional de un Gobierno que ni siquiera controla territorio.

Por otra parte, y aunque con seguimientos muy desiguales -y sobre todo poco verificables-, prosigue la huelga decretada a comienzos de semana por la Central Obrera Boliviana, que en las minas es total.

El arzobispo Manrique afirmó que era imperativo un acuerdo que impidiera el derramamiento de una sola gota de sangre y conduzca a una paz auténtica, "que no comporte nuevos atropellos a la dignidad y libertad y a los derechos humanos..., no se asegura esta paz si los responsables de la conducción del país no asumen su posición como un servicio, sino como un medio para su lucro personal". Monseñor Manrique añadió que la crisis actual hay que buscarla en una larga historia de atropellos a los derechos ciudadanos y violaciones a la dignidad y la libertad de los bolivianos.