Reacciones contrarias al pacto autonómico en Euskadi y Cataluña

Entre el «optimismo vasco de diciembre» -mes en que se logró el acuerdo sobre la policía autónoma y los conciertos económicos- y «el desencanto de julio» -cumbre autonómica con advertencia de que sus resultados sí pueden afectar al Estatuto de Autonomía-, lo que ha habido es, «sencillamente, el 23 F», en opinión de Mario Fernández, consejero de Trabajo del Gobierno de Vitoria, presidente de la representación vasca en la comisión mixta Estado-comunidad autónoma.

«Sin aquel acontecimiento, el tejerazo, no hubiera habido ni informe De Enterría ni eso que, eufemísticamente, llaman reconducción u ordenación del proceso autonómico», opinaba ayer el consejero de Trabajo en una entrevista reproducida en la Hoja del Lunes de Bilbao, y que, aparte unos breves comentarios de Arzallus, presidente del PNV, constituye la primera reacción nacionalista al pacto firmado en Madrid el último día de julio.Esa reconducción del proceso autonómico es, en opinión de Mario Fernández, «no sólo políticamente indefendible, sino éticamente inadmisible, en la medida en que quienes ahora se llenan la boca hablando de intereses superiores del Estado, etcétera, son los verdaderos padres del desmadre autonómico que denuncian. Admitiendo hipotéticamente la necesidad de esa reconducción, su causa no serían los propios estatutos vasco o catalán, o la política de los Gobiernos autónomos, sino la irresponsabilidad de UCD y PSOE en sus planteamientos autonómicos».

Esa « irresponsabilidad » se habría manifestado, por una parte, en la «actitud de Clavero Arévalo regalando preautonomías a cada provincia» y, por otra, en la «utilización del tema por el PSOE en una batalla que tenía como intención principal hacer desaparecer a Suárez».

En Cataluña también se produjeron reacciones desfavorables, según informó Enric Canals. «Si el pacto autonómico entre UCD y el PSOE llega a aplicarse representará, en la práctica, una reforma de la Constitución en el terreno autonómico». manifestó ayer en Barcelona Rafael Ribó, miembro del Comité Ejecutivo del PSUC y portavoz del grupo comunista en el Parlamento catalán. «UCD y el PSOE, bajo el cobijo y la protección de la pretendida objetividad de unos expertos, y con la direcctor, y coordinación de personajes de probada incomprensión hacia las autonomías, como son Martín Villa y Broseta, se disponen a reformar ilegalmente el título VIII de la Constitución, vaciándolo de contenido, rebajando de forma desnaturalizadora los estatutos aprobados, entre ellos el catalán».

Según Ribó, los acuerdos son inaceptables. «Para Cataluña», señaló, «todo esto es muy grave, porque dejaría al Consejo Ejecutivo de la Generalidad sin poderes ni dinero para administrar las competencias, y al Parlamento, catalán, sin potestad legislativa propia. El Parlamento pasaría a ser una macrodiputación, y el Consejo Ejecutivo, su órgano de gestión».