Acuerdos autonómicos
EL LLAMADO pacto autonómico entre el Gobierno y el PSOE, en gestación desde abril de 1981, se ha salvado del aborto gracias a los fórceps empleados a última hora por Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo. Los acuerdos alcanzados en esta cumbre o cordillera de negociaciones se irán conociendo presumiblemente a medida que el Congreso ponga el marchamo oficial, mediante la disciplina de voto que vincula teóricamente a los miembros de los grupos parlamentarios, y eleve a rango legal el contenido de sus diversos puntos. De esta forma, los comentarios y los análisis sobre cuestiones específicas sólo podrán tener el melancólico tono post festum que acompaña siempre a las opiniones vertidas sobre los hechos irremediables.Como ya tuvimos ocasión de señalar, los acuerdos autonómicos entre UCD y PSOE, los dos partidos hegemónicos en el Congreso y en las regiones que carecen todavía de estatutos de autonomía, pueden ser en sí mismos positivos. Sólo las dos grandes formaciones políticas, que idearon primero el embrollo del título VIII, vacilaron después en sus respectivas estrategias autonómicas y utilizaron finalmente el pitagorismo del 143, el 151 y el 144 como arma arrojadiza para sus combates electorales, pueden arreglar el notable descalabro por ellas mismas creado. Un acuerdo sincero y honesto entre centristas y socialistas para no jugar con el fuego de los agravios comparativos y del ventajismo electoralista y para meter en cintura a sus baronías locales es el único procedimiento imaginable para evitar que la discusión de los estatutos pendientes de elaboración o de aprobación se convierta en una pelea suicida entre UCD y PSOE que arrastre en su desprestigio a las instituciones democráticas, produzca graves distorsiones en el funcionamiento del Estado y transforme en un puerto de arrebatacapas, para provecho de la clase política subalterna, la organización de las comunidades autónomas. Bienvenido sea, así pues, el pacto autonómico alcanzado por UCD y PSOE, y destinado a remediar, en lo que aún resulte posible, los estragos cometidos por centristas y socialistas desde 1978. Pero a la vez no hay más remedio que señalar que ni el procedimiento utilizado ni las apariencias con las que se está tratando de revestir esa concertación interpartidísta, elevada a la condición de política de Estado, merecen el aplauso.
Porque, una vez más, los ciudadanos y electores, incluidos los militantes de base de los partidos signatarios, no sólo han quedado marginados de la discusión, sino que, de añadidura, han sido mantenidos en la más absoluta ignorancia respecto al desarrollo de las discusiones. El estilo Suárez, justamente criticado en su día, de hurtar al Parlamento las grandes cuestiones políticas para darles hospedaje en el palacio de la Moncloa parece seguir inspirando, tras la defenestración del anterior presidente del Gobierno, las relaciones entre el poder ejecutivo y la oposición. La semejanza entre las conversaciones autonómicas de hoy y las negociaciones en torno a los pactos de la Moncloa y los estatutos catalán y vasco es tan asombrosa que se extiende también al carácter maratoniano de las conversaciones, las riñas y reconciliaciones entre las partes, la fijación de plazos improrrogables para los acuerdos, el suspense sobre su desenlace, la alternancia entre la desesperación y la euforia, los regateos de última hora y la milagrosa intervención final del presidente del Gobierno y de sus interlocutores al más alto nivel para suavizar los ánimos y alcanzar la concordia.
De otro lado, la argucia de encomendar inicialmente a una comisión de profesores de Derecho Administrativo, elevada a la condición de tribunal salomónico, la revisión informal del título VIII de la Constitución, a fin de ahorrarse los problemas y las dificultades de la reforma legal por las Cortes de su articulado, sólo ha convencido o a los muy ingenuos o a quienes de antemano estaban dispuestos a comulgar con semejante ficción. La marginación desde el primer momento de los nacionalistas catalanes y vascos, convertidos en una especie de españoles de segunda, en abierta contraposición con los habituales reproches que se les suelen dirigir por su vocación particularista, mostró que los expertos no tenían otra misión que dar respuestas a la serie de preguntas, obviamente sesgadas en su planteamiento, formuladas por centristas y socialistas. Posteriormente, la desmesurada prolongación de unas interminables conversaciones, que no han hecho sino producir tedio en la opinión pública, y el atrancamiento de las negociaciones por culpa de las ventajas que trataba de obtener UCD en el ámbito de las diputaciones, pusieron de relieve que los acuerdos sobre cuestiones técnicas no anulaban las discrepancias sobre temas políticos. Finalmente, la expulsión de los comunistas en el último momento, pese a su expresa voluntad de firmar el pacto autonómico, visible en la prudencia de sus críticas al Gobierno y en su extraño silencio en torno al escándalo de los aceites homicidas, despejó cualquier duda sobre el alcance y la naturaleza de esa cumbre, que a última hora abandonaron también los aliancistas.
Pero lo más grave es que el acuerdo interpartidista entre UCD y PSOE para concertar sus estrategias autonómicas en las regiones carentes de estatuto, decisión perfectamente legítima, sea metido en el mismo saco de la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que afectará presumiblemente a las comunidades autónomas ya constituidas y con instituciones de autogobierno en pleno funcionamiento, y que puede ser fácilmente interpretada como una revisión constitucional realizada fuera de los procedimientos de reforma previstos por la norma fundamental. Porque UCD y PSOE acaban de inventar un procedimiento de iniciativa legislativa intermedio entre el proyecto de ley, cuya responsabilidad incumbe al poder ejecutivo, y la proposición de ley, que nace en las cámaras generalmente por presión de la oposición. La participación del principal partido de la oposición en la elaboración del proyecto de ley permite pronosticar que esta gran coalición provisional de centristas y socialistas va a actuar como una máquina apisonadora en la comisión y en el Congreso contra las minorías y a privar a los debates de sus funciones informativas y esclarecedoras para la opinión pública.
La dignidad del Parlamento queda siempre menoscabada por la condenable práctica de sacar fuera de su ámbito las negociaciones en torno a las grandes cuestiones políticas. Pero lo que resulta ya inadmisible es que el proceso de elaboración, debate y aprobación de las normas sea sustraído a las Cortes Generales hasta el punto de encomendar a un comité de expertos la primera redacción de un proyecto de ley y reservar a las cúpulas de los partidos, a extramuros del palacio del Congreso, la tarea de introducir enmiendas, regatear fórmulas transaccionales y dejar listo el texto para que, en su momento, las llaves de los diputados y senadores centristas y socialistas se limiten a girar obedientemente en el sentido de antemano ordenado por sus direcciones.
