Calderilla para la investigación

HACE APROXIMADAMENTE un mes (véase EL PAIS de 26 de junio de 1981), los vocales de la comisión científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acordaron dimitir de sus funciones si el Gobierno no daba satisfacción, antes del 31 de julio, a las reivindicaciones de los investigadores que trabajan en esa institución. No parece, desde luego, que la equiparación entre las remuneraciones de los investigadores con dedicación exclusiva y los ingresos de los profesores adjuntos universitarios sea una pretensión disparatada o ruinosa para el presupuesto estatal. Sin embargo, es un hecho conocido que la consigna de frenar los gastos corrientes suele ser aplicada por el Gobierno en una sola dirección, con el resultado de que el Tesoro público, tan rumboso con los profesionales del poder acogidos al generoso régimen de las compatibilidades múltiples (defendido con uñas y dientes por la mayoría y el portavoz del Grupo Parlamentario Centrista), suele mostrarse cicatero y tacaño con los investigadores, como ha puesto de relieve el bochornoso cierre durante el mes de agosto del Archivo General de Indias.Por otra parte, las peticiones del CSIC no se limitan a las reivindicaciones salariales -modesta calderilla en relación con otros gastos de la Administración pública de los investigadores de plantilla, sino que se extienden a la solicitud de un presupuesto extraordinario trienal de unos 4.500 millones de pesetas, destinado a financiar un ambicioso plan concretado en 107 programas. Las líneas de actuación de esa programación multidisciplinar y rnultisectorial serían la alimentación, el desarrollo de nuevos materiales de interés industrial, la conservación de los recursos naturales, la sanidad, la electrónica y las energías alternativas. De esta forma, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uno de los elefantes blancos del régimen anterior y predio particular de sectas, mafiosas durante años, demuestra que está dispuesto no sólo a cambiar de imagen, sino a transformar los contenidos de su actividad y a convertirse en el núcleo de una auténtica comunidad científica.

La modernización de la sociedad española, el desarrollo económico, la elevación del nivel cultural de nuestro país y la detención de esa hemorragia que es la fuga de cerebros hacia Estados Unidos y Europa exigen de manera urgente y prioritaria que el Parlamento y el Gobierno presten a la política científica y a los trabajos de investigación la atención y los fondos públicos que hasta el' presente han regateado o negado. El escandaloso asunto de la masiva intoxicación producida por aceites adulterados -que continúa llenando hospitales y causando fallecimientos, pese a los conjuros falsamente tranquilizadores de unos ministros disfrazados de hechiceros centroafricanos- bastaría sólo para que el Gobierno no se tomara a beneficio de inventario unos programas de investigación que incluyen entre sus objetivos la mejora de la producción de alimentos y del control de su calidad, la sanidad humana y animal y el análisis y corrección de elementos que degradan el medio ambiente.