El deficit del sector público

LAS PAGINAs de EL PAIS recogieron, hace algunas semanas (20 y 30 de junio y 6 y 7 de julio), un interesante debate sobre el déficit del sector público. El presidente de la Asociación Española de Banca Privada expresó su preocupación por el aumento del déficit, su alarma por su crecimiento previsible para 1981 y pidió al Gobierno explicaciones e informaciones precisas sobre el tema. La contestación del ministro de Hacienda no dejó muchos resquicios para proseguir la discusión, pero ésta merece ser reanudada. La expresión sector público se ha usado durante mucho tiempo como sinónimo de Estado, aunque, en realidad, sólo era aplicable al Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado tienen en España un título que no se corresponde con su contenido, porque la existencia de una sección en la que se detallan los gastos de la Jefatura del Estado no significa que se incluya a todo el Estado en esas cuentas. Recientemente el sector público, como decía Rafael Termes, ha cobrado un sentido más amplio e incluye al Gobierno, a los organismos autónomos de la Administración, a la Seguridad Social, a las corporaciones locales e incluso. a las empresas públicas. Organismos internacionales como la OCDE operan con esta definición ampliada en su sistema de contabilidad nacional.

El sector público, al igual que los particulares, no ha conseguido atemperar el optimismo suscitado por el largo proceso de crecimiento de los años cincuenta y sesenta, y ha incurrido en una serie de déficit continuos cuyas consecuencias se han reflejado en el incremento de, la inflación y el desequilibrio de los pagos con el exterior, Se ha tratado de explicar el crecimiento de los déficit como una consecuencia de la recesión de la economía y del aumento del paro. Esos incrementos también son imputados a una serie de decisiones adoptadas en el capítulo de las transferencias sociales en virtud de un pasado económico brillante que hacía pensar en que los recursos habían dejado de ser limitados. Actualmente se plantea, sin embargo, la cuestión de si los déficit son razonablemente financiables y si su mantenimiento o aumento, en un marco de política monetaria en que se programa un crecimiento determinado de la cantidad de dinero, no implica una gradual expulsión del sector privado de los circuitos de crédito.

En España, el aumento del sector público y del déficit fue muy rápido en los últimos años. En la actualidad los gastos de todas las Administraciones públicas representan un 32% del valor del PNB, mientras el de las empresas públicas se sitúa en torno a un 11%. Así pues, un 43% de la economía española se encuentra en manos del sector público. El déficit del sector público ha sido estimado por Rafael Termes para 1981 en 800.000 millones de pesetas, sin incluir a las empresas públicas, y en 1.150.000 millones incluyéndolas, lo que equivale, en términos de PNB, a un 4,56% y 6,55%, respectivamente. Déficit superior, por lo demás, al de la mayor parte de los países de la OCDE.

Esas alarmantes previsiones no parecen nada exageradas visto el desarrollo de la actividad en el primer semestre del año, el déficit de la cuenta del Tesoro en el Banco de España y la previsible evolución del paro. Y dado que el Gobierno sigue acogiendo en su seno a nuevos sectores necesitados de reconversión. y sigue sin introducir ninguna racionalización en los gastos de la Seguridad Social, el déficit puede ser incluso mayor. Las reconversiones industriales y la propia mecánica del Ministerio de Trabajo tampoco contribuyen a mejorar los ingresos de la Seguridad Social. Por ejemplo, los sectores declarados en crisis interrumpen el pago de sus cuotas a la Seguridad Social y la mecánica fiscalizadora de la inspección de Trabajo demora en unos nueve meses la resolución de expedientes de cobro en las cuotas de los morosos. Estos dos puntos fueron adecuadamente puestos de relieve por el dimitido secretario de Estado José Barea, a quien también le preocupaban los ingresos de la Seguridad Social, contrariamente a la tesis públicamente defendida por el ministro Sancho Rof.

El sector público español se encuentra en una situación financiera muy delicada. Sin el apoyo del Banco de España, estaría prácticamente en suspensión de pagos. La gravedad del asunto aconsejaría que el Gobierno informase al Parlamento y a la opinión pública sobre esas dificultades acerca de las medidas que se propone adoptar para remediarlas. Esconder la cabeza debajo del ala y Iimitarse a lanzar quejas acerca de las múltiples presiones sociales -de pensionistas, parados o empresarios en crisis- ejercidas sobre el Estado para conseguir más fondos públicos, sólo puede contribuir a agravar la situación y a impedir la adopción de decisiones para aliviarla.