Los empresarios mineros de León solicitan ayuda inmediata a la Administración

Las minas de antracita de León sufrirán este año una descapitalización próxima a los 2.000 millones de pesetas, según estimaciones de la patronal leonesa, que controla el 60% de la producción nacional de este tipo de carbones. La patronal ha remitido al ministro de Industria, Ignacio Bayón, un escrito dando cuenta de las dificultades financieras que arrastra el sector desde hace cuatro años y pidiendo medidas inmediatas para que las minas puedan adecuar su producción a las previsiones del Plan Energético Nacional.

El escrito dirigido al ministro consta de cinco puntos, en el primero de los cuales se señala que la última subida de los precios del carbón térmico (19%) dejó sin cubrir un desfase coste-precios de setecientas pesetas por tonelada, incrementado posteriormente por las alzas salariales (14%) del nuevo convenio colectivo, que afecta a unos 4.500 trabajadores. Según la patronal, esta descapitalización está siendo ocultada en las declaraciones oficiales sobre el futuro del sector, poniéndose en peligro la continuidad de las pequeñas y medianas empresas antraciteras.Estas piden una nueva revisión de los precios del carbón «cuenca por cuenca», aplicando la llamada fórmula paramétrica del PEN, de forma que se tengan en cuenta las especiales dificultades de explotación de los yacimientos mineros de El Bierzo, de pequeñas dimensiones y con capas carboníferas estrechas. Aunque no se especifica en el escrito, esta petición aparece relacionada directamente con el incumplimiento por parte de la Administración del contenido del PEN en cuanto a revisión de precios, al decretarse subidas iguales para todo el territorio nacional. Este sistema favorece a las grandes explotaciones de hulla, que cuentan con costes de explotación proporcionalmente más bajos y disponen de una posición privilegiada para negociar con el Estado a través de la gran patronal del sector (Carbunión).

El resto de los puntos del escrito se refiere a la necesidad de adecuar la normativa española a la de los países de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA) en materia de extracostes sociales (Seguridad Social); a las dificultades para acceder al crédito oficial y privado, para el que las instalaciones y concesiones mineras no sirven como aval; al absentismo laboral del sector, que supera el 26% en algunos trabajos de interior, y a la negativa de las empresas eléctricas, que operan en El Bierzo a través de las térmicas (ENDESA y FENOSA), a aceptar el carbón procedente de explotaciones a cielo abierto, lo que impide a las minas paliar el déficit de los yacimientos subterráneos.

Según un portavoz de la patronal de antracitas, el Ministerio de Industria deberá pronunciarse sobre estas cuestiones antes de que finalice 1981 para que las empresas puedan programar con suficientes garantías la producción de los próximos años. Esta urgencia está en función del consumo de las centrales térmicas, cuya demanda será a mediados de los ochenta de 3,2 millones de toneladas anuales frente a las 2,1 que producen actualmente las minas.

Los temores empresariales por el futuro del sector se relacionan también con los proyectos del INI de importación de carbones (Carboex) y de la gran patronal (Aprocar).

Suspensión de pagos en Barcelona

Una solicitud de suspensión de pagos ha sido presentada por la empresa Boncompte Industrial Eléctrica, SA, que acusa un pasivo acreedor de 111.989.929 pesetas y cuyas deudas principales son de más de 42 millones de pesetas al Instituto Nacional de Previsión y por encima de los veintiún millones a Hacienda.

La propuesta de dicha empresa, cuyo activo se valora por encima de los 213 millones de pesetas, es abonar estas deudas en el plazo de tres años: 20%, el primer año; 30%, el segundo, y el 50% restante, el tercero.