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Próxima supresión de los delegados provinciales de Trabajo

El Ministerio de Trabajo tiene preparado un decreto por el que desaparecerá la figura del delegado provincial de Trabajo, según supo este diario en fuentes de la Inspección Laboral de Barcelona.

En lugar del delegado provincial se creará una nueva figura, dependiente directamente del gobernador civil, para las cuestiones referentes a trabajo y empleo.

Por otro lado, la inspección de Trabajo estará vinculada más directamente a la organización central del Ministerio. El ánimo de estos cambios es una clara oposición a las transferencias en materia laboral a las comunidades autónomas, según indicaron las fuentes informantes.

En Cataluña, la inspección de Trabajo recibe ya orientaciones de la Generalidad, por ser esta institución ya titular de transferencias en materia de relaciones laborales, cuyo instrumento para ejercerlas no puede ser otro que las inspecciones de Trabajo. Tal es el caso de sanciones por incumplimiento de normas en materia de seguridad e higiene, ordenanzas laborales y calendarios de fiestas, entre otras.

Contra la "economía golfa"

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social ha intensificado en los últimos meses la acción inspectora en matena de fraudes a la Seguridad Social y al desempleo. En este sentido, la inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado las siguientes actuaciones: en el primer semestre del presente año han sido inspeccionadas 64.807 empresas. De estas actuaciones se han deducido 19.219 actas de liquidación por un importe total de 7.769.226.745 de pesetas. Junto a ello se han formulado requerimientos de pago de cuotas por falta absoluta de cotización en número de 275.067, por un importe total de más de 130.000 millones de pesetas.Las actas por las infracciones comprobadas han sido 19.671, por un importe total de 319 millones de pesetas.

Esto supone un incremento con respecto al primer semestre de 1980 de más de un 25% en pesetas constantes en materia de acción inspectora a la Seguridad Social y al empleo.

La acción inspectora al fraude en la Seguridad Social se ha incrementado en un 25% respecto al año pasado. Esta acción en el futuro se verá más reforzada y agilizada en sus trámites por los mecanismos jurídicos que el último decreto-ley de inspección y recaudación ha configurado, según los cuales, la tesorería de la Seguridad Social puede girar certificación de descubierto de una empresa morosa sobre la base de los salarios medios del sector, además de que se establece un recargo de mora del 20% del principal reclamado por cada período anual de morosidad.

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