Recelos comunistas ante la situación actual de las autonomías educativas

La legislación que desarrolla los principios constitucionales en materia educativa viene reflejando hasta ahora una evidente intención de asimilar el concepto de «poderes públicos» al de «poderes de la Administración central», según la opinión de Eulalia Vintró, que explicó el programa educativo del partido comunista en el seminario sobre regionalización de la enseñanza, que hoy culmina sus tareas en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander.

La diputada comunista expresó su preocupación personal por determinados aspectos del informe García de Enterría, que está sirviendo de base para el diálogo entre las diversas fuerzas políticas en torno a la clarificación y consolidación del proceso autonómico. En su opinión, también dicho informe refleja la misma intencionalidad que se desprende de la legislación de desarrollo constitucional, y, aunque insistió en que se trataba de una visión estrictamente personal, todo le lleva a pensar que hemos entrado en una etapa de claro retroceso en relación con las esperanzas suscitadas por la Constitución.Según Eulalia Vintró, tanto la ley de Centros como lo que se conoce hasta ahora sobre la nueva redacción del proyecto de ley de Autonomía Universitaria se caracterizan por una «incalificable mezcla de planos jurídicos, donde se superponen el desarrollo de derechos fundamentales con aspectos de régimen reglamentario». Todo ello le lleva a concluir que, en la práctica, estas leyes para lo único que están sirviendo es para un desarrollo extensivo de competencias del Estado, que la Constitución no reconoce.

Esta interpretación de Eiilalia Vintró sería confirmada en cierto modo en la intervención del secretario general técnico del Ministerio de Educación y Ciencia, Miguel Angel Arroyo.

Su ponencia sobre Política estrategia de la regionalización de la enseñanza pone un acusado énfasis en la supremacía de las competencias educativas del Estado sobre las de las autonomías.

De su exposición podría desprenderse que el Gobierno ha extraído unas pautas de conducta mucho más nítidas, con la intención de superar la línea de indecisiones, avances y retrocesos casi simultáneos y algún que otro salto en el vacío que ha caracterizado los primeros años de los procesos autonómicos. La experiencia acumulada y los argumentos de fondo aportados por el informe García de Enterría habrían abierto, en consecuencia, una etapa absolutamente nueva, que pasa por la reafirmación de las competencias exclusivas del Estado.