El Ministerio de Hacienda considera prematuro hablar de infravaloración del cupo vasco

El director general de Coordinación de las Haciendas Territoriales, Jaime Trebolle, ha declarado a este periódico que es prematura e imprudente toda referencia a una posible infravaloración del cupo que el País Vasco ha de liquidar en 1981 a la Hacienda del Estado, como contrapartida que éste presta en es territorio autónomo. «Las informaciones aparecidas últimamente en el sentido de que exista una infravaloración del cupo provisional de 1981, que para unos se cifra en 10.000 millones de pesetas, pero que otros calculan en 50.000, me parecen aventuradas», afirma Trebolle.

Para el director general del Ministerio de Hacienda, que a la vez es uno de los cuatro redactores del dictamen sobre financiación de las comunidades autónomas, no es prudente hablar de infravaloración en tanto que no se proceda a la liquidación definitiva del cupo referido a 1981, tal y como prevé la disposición transitoria séptima de la ley del Concierto.Esta liquidación definitiva, que se producirá una vez que se haya cerrado el ejercicio, deberá incluir las rectificaciones necesarias para que las cargas asumidas recojan exclusivamente las correspondientes a aquellos servicios que de forma efectiva se hayan transferido al País Vasco. Habrá que rectificar también la valoración de las cargas, que, aunque su transferencia estuviera prevista a 1 de enero de 1981, ésta no se haya hecho efectiva, por ejemplo, hasta el segundo semestre, por lo que habrá de deducirse la valoración correspondiente al primer semestre. Finalmente, deberán introducirse correcciones para valorar las cargas asumidas de acuerdo con la efectiva asunción de competencias.

«De todo ello», afirma Trebolle, «se derivará, sin duda, una liquidación del cupo de 1981 por un importe considerablemente superior a los 38.600 millones de pesetas, que, provisionalmente, se han consignado en el concierto económico.

Antes informaciones relativas a la no consideración del cupo de 1981 como precedente necesacio para la valoración del cupo definitivo del quinquenio 1982-1986 -en este sentido se pronuncian los autores del dictamen sobre financiación de las comunidades autónomas-, Trebolle precisa que, efectivamente, el cupo de 1981 es provisional, «pero dentro de su provisionalidad, que ha de ponerse claramente de relieve, se ajusta a la metodología general prevista en la ley del Concierto Económico». Los expertos, entre los que se encuentra el propio Trebolle, consideran positiva la metodología fijada en esta ley para la fijación del cupo.

Por otra parte, no se ajusta a la realidad, según Trebolle, la afirmación de que el índice de imputación considerado en el cupo provisional se fija en función de la renta y la población, ya que se ha aplicado estrictamente el criterio de renta a que se refiere el concierto. Lo que ha sucedido es, según afirma, que ante la falta de datos estadísticos para la fijación del cupo de 1981, únicamente han podido manejarse estimaciones de la renta relativa al País Vasco. El Instituto Nacional de Estadística (I NE) atribuye al país Vasco en 1977 el 6,74% del producto interior bruto (PIB). Los indicadores disponibles indican que de 1977 a 1981 este porcentaje ha descendido en unos 0,5 puntos, por lo que se llega al índice de 6,24% utilizado para el cálculo del cupo provisional.

El director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales insiste en que la valoración de las cargas asumidas por elPaís Vasco a los efectos del cupo provisional de 1981 no es más que una «mera previsión» y que su cuantificación definitiva responderá, única y exclusivamente, a la efectiva asunción de competencias por la comunidad autónoma vasca. Sostiene también que no es exacto aseverar que los servicios traspasados al País Vasco han tenido distinta valoración a los traspasados a Cataluña. Unos y otros están sometidos a revisión para ajustarlos a la realidad y «es obvio que la valoración que se practique en ambos, casos ha de responder a una metodología homogénea y común», afirma.

"Cumbre" autonómica

Precisamente los cuatro partidos estatales mayoritarios comenzaron ayer tarde a analizar, junto con representantes del Gobierno, las propuestas de acuerdos políticos formuladas por los cuatro expertos que elaboraron el dictamen sobre financiación de las comunidades autónomas.La reunión duró cuatro horas, y fue interrumpida hacia las nueve de la noche para ser reanudada esta tarde. Tanto los partidos como el Gobierno invitaron a la reunión a expertos de su confianza, dada la complejidad técnica de algunas de las propuestas. Los asistentes a la reunión manifestaron que no había existido negociación, ya que se limitaron a una lectura pormenorizada de las propuestas, que no finalizó. Alfonso Guerra señalaría, al término de la reunión, que había seguido con gran interés las diferencias de criterio que se habían podido observar entre los ministros de Hacienda y Administración Territorial, García Añoveros y Martín Villa. También recalcó que el ministro de Hacienda había reconocido que en la valoración del cupo de 1981 para el País Vasco «había errores por partida doble».