La vista por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero podría celebrarse a finales de diciembre

A finales del mes de diciembre podría tener lugar la vista de la causa 2/81, relativa al fallido golpe de Estado del 23-F, ante el Consejo Supremo de Justicia Militar reunido en sala de justicia, según las estimaciones adelantadas por la oficina de Prensa del Ministerio de Defensa en una nota oficial que hizo pública ayer. Nada se informa de la suerte que haya corrido la petición que el Gobierno hizo para que fueran procesados los guardias civiles que asaltaron el Congreso.

La nota informa de la decisión del máximo órgano de la justicia castrense de acordar la elevación de la causa 2/81 al período de plenario, por considerar completa la investigación sumarial y no apreciar defectos esenciales en las actuaciones del juez instructor, José María García Escudero, designado con carácter especial por real decreto de 26 de febrero, acordado en el primer Consejo de Ministros celebrado bajo la presidencia de Calvo Sotelo.El Consejo de Justicia Militar ha declarado, por consiguiente, concluida la misión del juez instructor, que cesa en sus funciones, y al mismo tiempo ha designado consejero instructor para el período de plenario al general consejero togado José de Diego López, a quien compete admitir o denegar las pruebas que soliciten el fiscal y los defensores de los 33 procesados, cuya situación de prisión provisional ha sido confirmada.

Los plazos que ahora empiezan a contar son los siguientes: un máximo de veinte días para la calificación provisional del fiscal y otro de la misma duración para la calificación provisional de los defensores. A continuación se abre el período de pruebas, concluido el cual fiscal y defensores habrán de presentar, en un plazo máximo de cinco días, sus escritos definitivos de acusación y defensa, que habrán de someterse al pleno, a quien corripete señalar la vista y acordar el fallo.

Según la nota, la prueba de plenario puede concluirse a primeros

de noviembre, y en cuarenta días más, si se acuerdan prórrogas análogas a las ahora concedidas, deberán redactarse los escritos de acusación y defensa definitivos. Todo ello haría posible la celebración de la vista de la causa en la segunda quincena de diciembre.

En unas declaraciones a la agencia , el juez instructor José María García Escudero ha manifestado que el trabajo ha sido abrumador para formar en cuatro meses una causa con 6.000 folios y 33 procesados.

En esta causa por el 23-F han sido procesados el coronel Manchado, el teniente coronel Tejero, los capitanes Acera, Pérez de la Lastra, Muñecas, Ignacio Román, Abad Gutiérrez, Lázaro Corthay y Bobis González, y los tenientes Izquierdo Sánchez, Núñez Ruano, Vecino Muñoz, Carricona Sánchez, Boza Carrasco, Alvarez Fernández, Alonso Hernáiz y Ramos Rueda, todos ellos pertenecientes a la Guardia Civil.

También están procesados el coronel San Martín López, el comandante Pardo Zancada y los capitanes Dusmet García-Figueras, Alvarez Arenas, Cid Fortea y Pascual Gálvez, pertenecientes al Ejército de Tierra, concretamente adscritos al mando del Cuartel General de la División Acorazada Brunete número 1, con sede en El Pardo (Madrid). Juan García Carrés, también incluido en esta causa del asalto al Congreso, es el único civil procesado.

El coronel instructor Ignacio Díez de Aguilar concluyó el pasado mes de marzo sus investigaciones al remitir la causa al Consejo Supremo de Justicia Militar. Al ser aceptado su informe, toda la responsabilidad judicial pasó al juez García Escudero, que hasta el momento ha dictado auto de procesamiento contra el teniente general Milans del Bosch, el general Armada, el general Torres Rojas, el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, él coronel Ibáñez, el teniente coronel Pedro Mas Oliver, el comandante de Infantería José Luis Cortina, el capitán de Artillería Juan Bautista González y el capitán de la Guardia Civil, adscrito al CSID, Vicente Gómez Iglesias.