Hay más rebeldes

EL CONSEJERO togado José María Garcia Escudero ha elevado al Consejo Supremo de Justicia Militar las actuaciones sumariales sobre el golpe de Estado frustrado del 23 de febrero. Sin embargo, el fiscal del Consejo Supremo podrá solicitar la práctica de diligencias sumariales complementarias y pedir, eventualmente, nuevos procesamientos antes de la fase del plenario.Serían necesarios argumentos cuya existencia no resulta fácil de adivinar, para justificar el no procesamiento de todos los hombres armados que en la tarde del 23 de febrero asaltaron el Palacio del Congreso, interrumpieron a golpe de metralleta la votación de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, humillaron, agredieron y vejaron de palabra y de obra y a disparos a los miembros del Gobierno en funciones (entre otros, al teniente general Gutiérrez Mellado) y a los diputados, y mantuvieron secuestrados durante cerca de dieciocho horas a los representantes electos de la soberanía popular.

Nada más lejos de nuestro propósito que equiparar a los cabecillas de la intentona facciosa con todos los guardias que participaron en la tropelía subversiva. Los propios diputados podrían testificar quizá en un juicio público a favor de algunos guardias atemorizados por sus superiores. Cualquier tribunal podría encontrar circunstancias atenuantes de la responsabilidad en el comportamiento de una parte de los asaltantes del Congreso.

No obstante, las atenuantes, si bien disminuyen la responsabilidad criminal, en modo alguno la anulan. Por esa razón, el procesamiento de los presuntos culpables y la celebración del consiguiente juicio constituyen pasos inexcusables para apreciar tales circunstancias aliviadoras de la responsabilidad, ya que únicamente la sentencia puede establecer esas atenuantes y rebajar la pena en función de su número e importancia.

La decisión de no procesar a todos los asaltantes del Palacio del Congreso sólo podría justificarse por la in equívoca existencia de una eximente, esto es, de una circunstancia que hiciera desaparecer la responsabilidad criminal en una conducta objetivamente delictiva. Ahora bien, el artículo 185 del Código reformado de Justicia Militar es inequívoco justamente en el sentido contrario, ya que, tras eximir de responsabilidad a quien «obra en virtud de obediencia debida», establece, de manera rotunda, que «se considera que no existe obediencia debida cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que constituyan delito, en particular contra la Constitución».

Este precepto, por lo demás, no hace sino trasladar a la normativa penal disposiciones incluidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por las Cortes Generales y sancionadas por el Rey el 28 de diciembre de 1978. Porque el artículo 34 de esa ley establece que «cuando las órdenes entrañan la ejecución de actos que (...) constituyan delito, en particular, contra la Constitución, ningún militar estará obligado a obedecerlas», y, «en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión ». El artículo 26 de esas mismas Reales Ordenanzas establece que «todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las obligaciones contenidas en la Constitución».

Parece, así pues, fuera de duda que todos los asaltantes del Palacio del Congreso, en estricta justicia Y de acuerdo con las leyes, deben ser procesados y comparecer ante un consejo de guerra.

El actual presidente del Gobierno afirmó hace pocas semanas ante el Congreso, en una intervención muy firme y ligeramente arrogante, que desconocía la existencia de un presunto pacto entre las autoridades y el teniente coronel Tejero para facilitar la rendición sin derramamiento de sangre de los sediciosos. Según ese fantasmal acuerdo, la inmensa mayoría de los guardias que asaltaron el Palacio del Congreso serían dejados en libertad, sin procesamiento, y continuarían en el servicio activo. Pero Leopoldo Calvo Sotelo fue todavía más allá en sus palabras y subrayó, con énfasis y solemnidad, que tampoco se sentiría obligado por ese hipotético pacto, en el caso de que, efectivamente, hubiera llegado a rubricarse. Mucho nos tememos, sin embargo, que la ausencia de argumentos jurídicos parajustificar la impunidad y el no procesamiento de un gran número de los asaltantes del 23 de febrero fuerce la explicación de que sí hubo pacto y de que Leopoldo Calvo Sotelo, pese a su negativa ante,el Congreso, lo conoce y está dispuesto a cumplirlo. Nos hallaríamos, en tal caso, ante una gravísima dejación de los deberes del Gobierno y de los poderes públicos, obligados a respetar y a hacer cumplir las leyes, y a incumplir en cambio acuerdos arrancados por la extorsión y por la fuerza. Tejero no actuó como un militar que se rinde ante el enemigo, sino como el jefe de una banda terrorista que capitula ante la ley y el poder legítimo. Y también, por supuesto, estaríamos ante una especie de involuntaria incitación al golpismo.

Si este régimen es incapaz de juzgar a quienes criminalmente atentaron contra él, si la debilidad del Gobierno es tanta, o tan grandes sus dudas que no es posible llevar ante un tribunal a los hombres armados que amenazaron a punta de metralleta la vida y la libertad de los representantes del pueblo, ningún juicio, ninguna condena, ninguna respuesta política que desde el poder se otorgue al golpismo tendrá la credibilidad suficiente ante los ojos de los ciudadanos. El hecho es llano y simple: muchos guardias civiles rebeldes que asaltaron el Congreso siguen en libertad, están en posesión de su arma y amenazan -con su ignorancia o con su malevolencia- al orden público. No se explican las diferencias del comportamiento gubernamental respecto al comandante Sáenz de Ynestrillas, al que tilda de terrorista, y estos números de la Guardia Civil a los que mantiene en su puesto. Es intolerable que el director general del Cuerpo siga en su cargo después de los últimos y recientes acontecimientos. Es inadmisible que el presidente del Gobierno haga ante el Congreso rotundas promesas que no cumple. Su Gabinete ha solicitado el procesamiento de algunos de los rebeldes todavía en libertad. La opinión pública solicita, sin embargo, el de todos ellos y su inmediata expulsión de un cuerpo al que deshonraron. Pero, además, la destitución de un director general cuya torpeza e incapacidad no merecemos los contribuyentes.