El acuerdo sobre empleo y las subvenciones a las centrales sindicales

Sorprende por su beligerancia y falta de información objetiva el editorial de este diario del pasado día 19, bajo el título Dinero para los sindicatos.Al tratar este desgraciado incidente, que podría perjudicar la credibilidad y los efectos positivos del acuerdo sobre el empleo, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: la forma irregular y condenable en que los sindicatos y los representantes de la Administración han establecido el acuerdo secreto; la justificación y las graves consecuencias de introducir en los Presupuestos del Estado un sistema de subvenciones directas y globales, con recursos de todos los españoles, a las centrales sindicales que han suscrito el acuerdo sobre el empleo y el tratamiento del llamado patrimonio sindical.

El resto de la información y del análisis del editorial que comentamos puede constituir defensa de posiciones políticas o personales e incluso consideraciones no exentas de demagogia.

Al margen y con engaño de la CEOE

El pacto reservado entre los representantes de la Administración y los sindicatos para fijar subvenciones a éstos con recursos públicos ha sido establecido con ocasión de la negociación sobre el empleo, y puede entenderse como una contrapartida irregular e injustificable por los sindicatos, que han exigido, y por los representantes de la Administración, que la han aceptado, al margen y con engaño de la CEOE, que de buena fe ha participado en la negociación y que, desde el comienzo de la misma, propuso entre los temas a discutir el tratamiento del llamado patrimonio sindical.

La forma en que se ha producido este pacto ya justifica el rechazo y protesta del mismo por parte de la CEOE, de los empresarios, de los trabajadores españoles y de la opinión pública.

Pero es que su contenido viene a agravar aún más el juicio sereno sobre el mismo. Del texto del mismo, que solamente se ha conocido por su forzada reproducción en algunos medios de comunicación social, se desprende una absurda y lesiva mezcla de conceptos y argumentos que, bajo la máscara de una futura negociación entre Gobierno, CEOE y sindicatos sobre el destino de determinados bienes del patrimonio sindical y de no se sabe bien qué tipo de renuncia a posibles reclamaciones de CC OO y UGT sobre el mismo, reconocen el gran objetivo del pacto: subvencionar con recursos de todos los españoles, de manera directa y global, a CC OO y UGT, que han participado en la negociación y en la firma del acuerdo sobre el empleo.

Este es el gran compromiso y este es el gran objetivo de la exigencia sindical y las consecuencias de la aceptación irregular y grave por los representantes del Gobierno. Todo lo demás es retórica o demagogia.

Y bajo esta única consideración debe centrarse el juicio de la opinión pública, como se centra la protesta y oposición de los empresarios.

Y no se justifica esta protesta u oposición con razones cerriles o, como maliciosamente parece sugerir el editorial de EL PAIS, por vinculaciones a opciones políticas determinadas. Se justifica solamente con la Constitución vigente en la mano, con la práctica sindical de los Gobiernos de Europa occidental y los juicios e informes de la Organización Internacional del Trabajo.

En un sistema político democrático y pluralista, como el vigente en España, los sindicatos y organizaciones empresariales, que también pueden desarrollar actividades de interés general, son organizaciones privadas de carácter libre, democrático, independientes del Gobierno y, sobre todo, de afiliación libre y voluntaria.

Cualquier sistema de financiación global con recursos públicos administrados por el Gobierno puede desnaturalizar estas características y a estas organizaciones.

Así lo ha recogido frecuentemente en sus conclusiones o informes la Organización Internacional del Trabajo, que, incluso, ha editado una interesante obra bajo el título Las autoridades públicas y la protección de los bienes sindicales, donde se afirma que «el otorgamiento de subvenciones gubernamentales a los sindicatos puede originar problemas con incidencia en la independencia de estas organizaciones». Donde se dice también que «las leyes no deben permitir que la concesión de subvenciones dé lugar a discriminación entre sindicatos rivales, y menos en base a que unos atienden y otros no los deseos de los poderes públicos».

Finalmente, es revelador que de tan interesante informe de la OIT se deduce que, salvo la rigurosa excepción de Suiza (que prevé subvenciones para formación profesional), solamente se conceden subvenciones a los sindicatos con recursos públicos en los siguientes países: Irak, Líbano, Siria, Madagascar, Costa Rica, India, Argelia, Panamá, República Centroafricana, Costa de Marfil, Alto Volta, Gabón y Guinea.

Queda, también, el propio sentimiento de confusión e indignación de muchos españoles que no desean afiliarse a estos sindicatos y que pueden ver cómo, con sus recursos, se les trata de financiar, vía presupuesto del Estado.

Consolidación de los sindicatos

Y no utilicemos el argumento de que la consolidación de la democracia exige la consolidación y el fortalecimiento de estos sindicatos. Esta consolidación se consigue, no con la protección del Gobierno o la dependencia de partidos políticos, sino actuando en el estricto plano sindical a todos los niveles y defendiendo cada día los derechos y aspiraciones auténticos de los trabajadores.

Nadie puede acusar a la CEOE de no facilitar una limpia y eficaz consolidación de los sindicatos. En los acuerdos con UGT y USO -CC OO no quiso suscribirlos- de los años 1979, 1980 y 1981, se reconoce en los centros de trabajo la figura del delegado sindical, y el descuento de la cuota sindical en la nómina a petición de los trabajadores. En las recientes elecciones a representantes de los trabajadores las empresas han dado una prueba evidente de interés y colaboración frente a la frecuente apatía o rechazo de gran parte de los trabajadores. Esta es una realidad y hay que decirla con todas sus consecuencias. Si estos sindicatos no se consolidan no es por culpa de la CEOE. Seguramente es porque llevan dentro de sí el germen de la destrucción de empresas y de puestos de trabajo, y arrastran su propia ineficacia por excesivos condicionamientos y dependencias políticas. Y ello no puede resolverse con el dinero de todos los contribuyentes. Cabe la confianza de que finalmente el Gobierno y su presidente valoren estas circunstancias y encuentren fórmulas correctas de tratamiento a los sindicatos y a las organizaciones empresariales.

En este sentido, en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno y el ministro de Economía y Comercio el pasado día 15, ambos negaron que el Gobierno acepte aplicar un sistema de subvenciones global y directo a los sindicatos, que podría vulnerar la obligación de neutralidad respecto a su libre constitución y funcionamiento.

Al mismo tiempo, han asegurado a la CEOE que cualquier prestación. que pueda establecerse con recursos del Estado a las organizaciones de empresarios y trabajadores se realizará sin ninguna discriminación, y mediante acuerdos voluntarios de colaboración, en la realización de actividades de interés público, dentro de los fines y de la competencia de los diferentes órganos de la Administración y de las organizaciones de trabajadores y empresarios, con el necesario y riguroso control público de las actividades acordadas y del uso de los recursos del Estado que resulten afectados.

Esta es, desde nuestro punto de vista, la única solución correcta que puede darse al problema planteado y la única forma admisible de establecer fórmulas de colaboración entre estas organizaciones y el Gobierno, con el apoyo parcial de recursos públicos.

Respecto a las leyes vigentes

Sobre el destino o uso del llamado patrimonio sindical, cuya propiedad es del Estado, no cabe hablar de devoluciones ni de indemnizaciones por el retraso en las mismas. Todas las reclamaciones deben plantearse y solventarse ante los órganos de la justicia. Cualquier compromiso del Gobierno prometiendo devoluciones o indemnizaciones ha de hacerse con escrupuloso respeto a las leyes vigentes sobre disponibilidad del patrimonio público.

Otra coslá es que, mediante una negociación seria y limpia, que en esta ocasión no se ha producido, el Gobierno, la CEOE y los sindicatos puedan llegar a acuerdos sobre el mejor uso de determinados bienes de ese patrimonio, en apoyo de las actividades propias o de interés general que, lícitamente, realicen estas organizaciones y de acuerdo con el volumen de aportaciones a la constitución de este patrimonio.

A esta negociación ha estado y está dispuesta la CEOE. Sólo cabe esperar que, si se produce, no se repartan las cartas del juego por debajo de la mesa.