Expedientados por alquilar casetas construidas ilegalmente en la playa de Doñana

El jefe provincial de Costas de la zona de Huelva abrió ayer seis expedientes a otras tantas personas por apropiarse ilegalmente de terreno público en la playa de Doñana y construir en él casetas y chabolas que posteriormente alquilaban durante el verano a precios que fluctúan entre las 40.000 y las 45.000 pesetas mensuales. Uno de los expedientados posee 43 de estas casetas, construidas con tablones y uralita.

La invasión de la playa del parque nacional de Doñana por más de trescientas casetas, en las que veranean cada año miles de personas, ha sido denunciada repetidas veces por los ecologistas, ya que su construcción está prohibida por la ley del parque nacional de Doñana, además de infringir otras leyes de Sanidad y de Costas. La Administración nunca afrontó este grave problema, aduciendo el conflicto social que se podría originar al expulsar de Doñana a los chabolistas. Sin embargo, ahora se ha descubierto que las personas que utilizan estas casetas proceden de todos los sectores sociales y muchas de ellas no precisamente de los más humildes.La primera medida adoptada por el Gobierno Civil de Huelva para comenzar a paliar este problema ha sido prohibir el tráfico de vehículos por la playa. Esta prohibición ha provocado una fuerte tensión entre los propietarios de las chabolas, dado que la mayoría acceden a ellas en Land Rover, vehículos que se pueden ver delante de casi todas las casetas, muchas de ellas equipadas también con antenas de televisión. Ayer, una manifestación recorrió las calles de la urbanización de Matalascañas, trozo de la playa de Doñana que en su día se dejó fuera del parque para que pudiera ser urbanizado, y del que las mencionadas casetas no son sino una prolongación que se adentra en el parque nacional.

En medios ecologistas se teme que la medida pueda provocar represalias y que los afectados intenten prender fuego al parque nacional de Doñana, gravemente afectado por la sequía. La amenaza de los incendios ha sido esgrimida en repetidas ocasiones por los habitantes de los pueblos limítrofes al parque, como medida de presión para conseguir una serie de beneficios en el parque. En opinión de los ecologistas. la medida de prohibir el tráfico rodado por las dunas de la costa de Doñana, de unos treinta kilómetros de longitud, debería haberse tomado hace ya tiempo.

Los ecologistas, contra Icona

Por otra parte, los ecologistas acusan al lcona de inhibirse de sus obligaciones conservacionistas y han denunciado que se está permitiendo que en la zona de la Algaida se haya invadido el parque con unas trescientas cabezas de ganado, que han penetrado en el mismo después de que fueran arrancadas las alambradas. También han denunciado al Instituto para la Conservación de la Naturaleza por haber autorizado a un influyente ganadero de Almonte a meter doscientas cabezas de ganado en la zona de la Rocina, una de las más importantes para la conservación de Doñana, y de ser el responsable de la desaparición de varias colonias de cría de aves dentro del parque por no haber reparado a tiempo los pozos de agua abiertos para combatirla sequía.