La ley de Minusválidos, un frustrado camino de integración social

La próxima semana quedará dictaminada por la comisión correspondiente del Congreso la proposición de ley de intearación social de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales, que afecta a un larguísimo millón de personas aquejadas de subnormalidad en España, según datos de 1979. La proposición, en la que sólo quedan por contemplar básicamente los aspectos relativos a financiación, llegará al Pleno de la Cámara con una aureola polémica tras la supresión, el pasado 20 de mayo, del título V y algunos retoques más, que han levantado las protestas de buena parte de las familias que esperaban verse beneficiadas por ella.

La proposición de ley de integración social de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales afecta a un millón de familias españolas. que se enfrentan a los graves problemas de marginación social que sufre alguno de sus miembros y que repercute sobre todo el grupo humano. Quizá por ello el desarrollo de los debates en la comisión de minusválidos ha sido seguido con un interés excepcional, y el texto que dentro de pocas semanas será sometido al voto del Pleno del Congreso llega precedido por una verdadera polvareda de críticas, provocada por las modificaciones que han enfrentado a los distintos grupos políticos y a los sectores más afectados.Para la comisión de educación especial del Pozo-Entrevías y Orcasitas, que considera el hecho en sí de la existencia de una ley de integración de minusválidos como algo discriminatorio y propiciatorio de marginalidad, dicho texto al menos podría haber ofrecido «credibilidad ante la gente del modelo de sociedad por el que se lucha con la defensa y garantía de los derechos del débil». Sin embargo, con la supresión del título V, sobre Seguridad Social, tras la reunión del 20 de mayo del año en curso, las cosas vuelven a quedar en el aire, y la ley «se convierte en un bello enunciado de principios humanitarios».

En efecto, el enunciado del artículo 13 de la proposición de ley ha sido suprimido con los votos del partido centrista y la Minoría Catalana. Con ello queda reducido a una serie de prestaciones sociales o a una vaga acción protectora aquello que era textualmente: «La asistencia sanitaria del régimen general o regímenes especiales de la Seguridad Social para aquellos minusválidos que no disfruten por otros conceptos de esta cualidad de beneficiarios». Pero, además, las enmiendas votadas el 20 de mayo de este año suponen la supresión de otros derechos esbozados en la proposición primitiva, como el derecho a la rehabilitación médico-funcional y al subsidio de paro, mientras que en el subsidio de ingresos mínimos para grandes inválidos (artículo 17) la referencia al salarlo mínimo interprofesional se cambia por el nivel mínimo de pensiones, «con lo que», apunta la comisión de educación especial, «se quedará reducido a las 3.000 pesetas actuales».

Motivos financieros

El único motivo aducido por los miembros centristas de la comisión de minusválidos para la transformación de ese apartado ha sido el financiero, tras la reunión mantenida con el actual ministro de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, Sancho Rof, que manejaba cifras del anterior titular del Ministerio. «Se habló de cerca de 120.000 millones de pesetas como coste aproximado de la asistencia, cifra que la Seguridad Social obviamente no puede afrontar», señala Juana Arce, diputada de UCD, que ha seguido las sesiones de la comisión a pesar de no pertenecer actualmente a la misma. «Esta es la única razón, contando siempre con que con el paso del tiempo se pueda ir resolviendo. Sancho Rof, en reunión con todos los grupos políticos, explicó esta situación de los costes y cómo era necesario llegar a ellos escalonadamente».Sin embargo, las transformaciones del título V no han sido consideradas como oportunas por los partidos de la oposición, que han emitido comunicados denunciando la actitud de UCD a raíz de la reunión del 20 de mayo pasado. El PSOE ha manifestado en nota de Prensa su «rechazo a que sea sustituido el derecho a la Seguridad Social por un sistema de prestaciones de corto beneficio y caritativo absolutamente discrecional». El PSUC, por su parte, denunciaba que UCD, «al eliminar el título V, sobre Seguridad Social, en el que se recogía la creación de un régimen especial que daba respuesta a la grave situación de un gran número de minusválidos afectados por la falta de prestaciones tan fundamentales como la asistencia sanitaria y farmacéutica, el subsidio de paro o la garantía de ingresos mínimos, impide la integración plena de los minusválidos en la sociedad».

Si bien es la comisión de educación especial del Pozo-Entrevias y Orcasitas -que representa indudablemente a los sectores más afectados por este problema en Madrid- la que más ha trabajado por lograr que la proposición de ley llegara al Parlamento reflejando de una manera más exacta las verdaderas aspiraciones de ese millón de familias afectadas por tan grave problema.

Críticas de la Asociación pro Derechos Humanos

La comisión ha enviado documentación sobre el tema a la secretaria ejecutiva del Año Internacional del Disminuido, Zala L. N. Kanza, y ha obtenido el apoyo de la Asociación pro Derechos Humanos, que, en un severo documento, enjuicia esta proposición de ley. Dado que está comprobado que la mayoría de los subnormales lo son por una falta de correcta atención al embarazo y al parto, la Asociación pro Derechos Humanos considera que la ley no garantiza esa necesidad preventiva de una manera convincente, «como no lo ha garantizado el servicio preventivo a cargo de la Seguridad Social desde 1974, como tampoco ha garantizado la asistencia a toda mujer embarazada o parturienta el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, que funciona desde enero de 1979. Todo ello», prosigue diciendo el documento de la asociación, «contrasta con el criterio de la División de Asuntos Sociales de la ONU, en la consulta efectuada por el Estado español en enero de 1978». En este punto dice: ... «La reunión estimó que sería cuestión de una revaluación de prioridades y criterios relativos a la distribución de los recursos entre los diversos sectores prioritarios implicados; especialmente, en el sentido de potenciar medidas con los fines de protección de la salud, medidas de política social a largo plazo y otros programas preventivos, en lugar de costosos perfeccionamientos de servicios clínicos sofisticados u otras inversiones costosas que pueden beneficiar solamente a una pequeña minoría de la población».En los artículos relativos a la educación de minusválidos tampoco el proyecto que está a punto de ultimarse ha satisfecho el riguroso control de esta asociación, que considera que «la ley no prevé el control de calidad de la enseñanza, quedando éste a merced de cada profesional». El Plan Nacional de Educación Especial anexo a la ley prevé, en cuatro años, la creación de 189.700 puestos en centros ordinarios de EGB, pero la Asociación pro Derechos Humanos se pregunta si, dado que «no hay control de calidad de enseñanza en EGB, las plazas citadas serán ocupadas por más del 15 % de los escolares de este nivel que hoy tienen graves problemas».

Tampoco en el panorama del trabajo de minusválidos dejan de surgir serias pegas, puestas de relieve por este documento. Así, se señala que, a través de la ley, no se prevé qué organismo se ocupará de garantizar al disminuido el derecho al trabajo proclamado en el artículo 23 de los Derechos Humanos.

La ley contempla, en el artículo 53, la situación de la asistencia a los disminuidos psíquicos profundos, y la necesidad de que existan plazas para ellos en residencias especiales, pero la asociación le reprocha el que no especifique qué organismo o institución garantizará al subnormal esta plaza.

Por último, la comisión de educación especial del Pozo-Entrevías y Orcasitas considera que esas dificultades financieras, a las que aludía el ministro Sancho Rof, y que han motivado todos los recortes, «podrían trasladarse a otros capítulos, tales como sueldos de ex ministros, pensiones especiales y un larguísimo etcétera».