En espera de una LAU mejorada
Quizá el curso 1980-1981 pueda pasar, si pasa, a la historia de la maltrecha universidad española porque en él se. ha adoptado la no fácil decisión de modificar, tras el cambio de Gobierno en febrero, el proyecto de ley orgánica de Autonomía Universitaria (LAU), ya dictaminado por la Comisión de Universidades del Congreso de los Diputados y publicado un mes y medio antes en el Boletín Oficial de las Cortes.
En su momento, tal decisión fue muy discutida; no en vano el proyecto de ley en gestación había llegado a convertirse en uno de los pivotes de la pugna política en y entre los partidos. Presentado con habilidad a la opinión pública como una de las manifestaciones en que se decantaban los elementos pretendidamente más progresistas del sector socialdemócrata del Gobierno de UCD, es dudoso que la imagen haya variado mucho, aunque los comentaristas que han continuado propagándola no parezcan haber dado respuesta a las críticas de uno de los pocos profesores universitarios, José María Lozano Irueste, que con más rapidez que ningún otro osó poner públicamente en entredicho aquel presunto carácter.
Pero el proyecto de LAU no era particularmente progresista. Y no lo era, sobre todo, en el crucial aspecto de los mecanismos futuros de selección del profesorado. Vagamente aupado en planteamientos como los desarrollados en la ley marco alemana de'26 de enero de 1976, el texto hubiera, en mi opinión, incorporado definitivamente a las universidades españolas a ese nirvana al que parece aspirar una buena parte de nuestra sociedad, donde se ahoga la competencia y se extiende a casi todo el mundo el cheque en blanco de la inamovilidad funcionarial. Hubiese sido la cristalización final del desastre universitario que ha legado a este país el anterior régimen.
El artículo 59
Tal peligro aflora con particular intensidad en el curioso artículo 59 del proyecto de LAU que preveía un sistema de impronta demagógica mediante el cual una segunda renovación cuatrienal del contrato a los profesores implicaba automáticamente que éstos adquiriesen la condición de permanentes. Tal forma de acceso a lo que los anglosajones denominan tenure hubiera, me parece, congelado la dinámica universitaria española -que existe, mal que pese a algunos- en las actuales estructuras de poder local y en las escuelas y capillas hoy vigentes, consagrando de manera definitiva el mandarinazgo académico actual y las presiones particularistas. Para salvar el escollo de las desprestigiadas oposiciones se establecía una política de puertas abiertas que no merece otro calificativo que el de torpe, aunque sus resultados se proyectasen en el oscuro y pobre mundo de la política interna de cada universidad a favor de personas a las que en principio no se les exigía ninguna calificación profesional determinada. Con mucha razón, pero escasa repercusión periodística, el profesor Lozano Irueste adjetivó tal sistema de tercermundista.
Es cierto que el proyecto de LAU preveía otros mecanismos para acceder a la condición de profesores de cuerpos estatales, pero después de tantos años de discusiones y de papeleo en el ministerio la resultante dejaba tantas lagunas por cubrir que no era difícil prever en la futura provisión de catedráticos y adjuntos una corrupción infinitamente más intensa que la que ya se produce en la actualidad y en la cual es necesario instruir a nuestro PNN.
La reforma universitaria en España tiene, creo, que partir de una constatación: el desolador estado a que la política educativa del pasado ha conducido a nuestras universidades, dotadas de medios y de hombres a niveles que provocan bochorno, que carecen de un ethos profesional homologable con el de los países de nuestro entorno y que se encuentran lastradas por la perpetuación de un sistema selectivo para acceder a la tenure abierto endémicamente a la corruptela, a la amigocracia y al favoritismo. El proyecto de LAU ampliaba aún más la posibilidad de descubrir nuevas y perfeccionadas modalidades para desarrollar estos males de la universidad española, en la que, como es notorio, con tres voto en un tribunal puede hacerse catedrático hoy a un poste de telégrafos.
Cómo conseguir que una parte del profesorado numerario que debe su plaza a la intriga y a la manipulacíón no llegue a seleccionar desde similares presupuestos a los profesores del mañana requiere, ya que no una poco probable modificación de la conciencia, sí al menos un sistema que deje escaso margen a las componendas, a la compra o al mercadeo de votos en los tribunales por cuya composición cabe predeterminar quiénes serán los candidatos victoriosos. Escasos eran los elementos de control en los mecanismos de filtraje que aparecían en el proyecto de LAU que encontraba la solución de problemas sociales endógenos en la mera aceptación mimética de respuestas foráneas.
Sistema de rígido centralismo
Ha de señalarse que la implantación en España de instituciones como la habilitación, tomada de la experiencia alemana, se produce aquí en condiciones muy diferentes de las que prevalecen en la República Federal de Alemania. La reorganización universitaria en este último país a partir de la ley marco se ha basado en la previa existencia de una normativa muy detallada a nivel de Estados federados y en un desarrollo muy amplio de la autonomía de las distintas universidades dentro de éstos. Precisamente la ley-marco, aprobada tras ocho o nueve años de intensas discusiones, al lado de las cuales las nuestras parecen -son- juegos de niños, se estableció como canal que encauzase evoluciones que amenazaban con ser dispares. Aquí se parte, por el contrario, de un sistema de rígido centralismo, potenciado por el mandarinazgo de los catedráticos, para ir a una descentralización, careciendo antes de los moldes normativos que regulan a nivel particular los procesos de selección del profesorado.
Es posible que la universidad española haya traspasado ya su punto de no retorno para nuestra generación y que una parte de su profesorado haya, en general, seguido un curso paralelo. De la misma forma que los catedráticos españoles han asumido impertérritos la corrupción universitaria que fomentó el franquismo, podría parecer que muchos hubieran aceptado complacidos la totalidad del proyecto de LAU. No en vano su puesta, en práctica hubiera permitido, creo, que la corrupción del futuro se trasladase a nivel local, sin la necesidad -siempre molesta- de tener que compartirla con el Ministerio. Desde el punto de vista de la selección del profesorado, el proyecto apuntaba en una dirección repleta de peligros y amenazaba con reproducir algunos de los peores defectos de la universidad franquista. No cabe, pues, dejar de denunciar tales elementos regresivos, inaceptables para una sociedad que tiene derecho a esperar de sus universitarios una toma de posición que, a la vez que exponga críticamente los errores y corruptelas del pasado, se enfrente con el compromiso de contribuir a construir eficazmente el futuro. Esta es, en definitiva, la apuesta que aguarda a la mejora de la LAU y que aguarda a la universidad española. De ella depende, en cierta medida, el porvenir de este país.
