Un pacto social, y no un acuerdo sobre el empleo

Para analizar el acuerdo firmado por CC OO y UGT, CEOE y el Gobierno, hay que comenzar señalando que la denominación misma induce a confusión, y es equívocamente interesada. El llamado Acuerdo Nacional sobre el Empleo es, lisa y llanamente, un pacto social, un pacto muy perjudicial para los trabajadores y altamente beneficioso, por tanto, para empresarios y Gobierno.La pérdida del poder adquisitivo de los salarlos que se intenta imponer con el pacto no es un punto más a considerar dentro de su contenido, susceptible de minimizarse o neutralizarse con otras consideraciones.

Los trabajadores del sector privado verán reducidos, como mínimo, con la aplicación de este pacto en un 5% sus salarios reales, lo que significa un recorte del 33% en la revisión salarial del próximo año, siempre teniendo, claro está, en cuenta que la previsión de la inflación para 1981 es del 15%.

Dado, además, que para las empresas que registran o prevén pérdidas se posibilitan los descuelgues por debajo de la banda, fijada entre el 9% y el 11%, se puede estimar que los trabajadores del sector privado en su conjunto verán mermada su masa salarial real en más de 80.000 millones de pesetas.

Los pensionistas no salen mejor parados con este pacto social, puesto que también sus ingresos reales se verán reducidos en cinco puntos. Los trabajadores del sector público, por su parte, reciben un castigo económico todavía superior, al perder seis puntos, cifra resultante de la resta sobre quince del máximo del 9% establecido para la revisión de sus salarios.

Un sindicalista, con sólo estos datos, que suponen una transferencia de renta por encima del billón de pesetas, se siente obligado a preguntarse cuáles son los motivos por los que organizaciones sindicales, como UGT y CC OO firmen un pacto tan negativo para los trabajadores.

Buscar la respuesta a esta cuestión requiere analizar el momento sindical actual y remontarse al pasado inmediato, para extraer las graves repercusiones que puede acarrear este pacto, no sólo para el movimiento sindical, sino también para el conjunto institucional democrático.

CC OO y UGT han resaltado en los medios informativos su preocupación por el paro, la crisis y la creación de puestos de trabajo, pero simultáneamente a este tipo de reflexiones, que, a decir verdad, han despejado muy pocas incógnitas, ha surgido la noticia, oficialmente confirmada, de que el Gobierno subvencionará a los sindicatos con 2.400 millones de pesetas, a repartir durante tres años. ¿Hubieran firmado UGT y CC OO este pacto social sin las contrapartidas financieras apuntadas? O lo definitivo ha sido, como nosotros nos inclinamos a pensar, este trato?

Somos conscientes que esta conclusión es alarmantemente seria y que tiene, como antes hemos apuntado, muy negativas connotaciones. A la salida de la clandestinidad, todos los sindicatos tuvimos que afrontar el difícil reto -porque se partía de cero- de asegurar unos ingresos y medios necesarios para una tarea sindical ardua y difícil. Como en toda decisión, existía la opción natural, intrínseca al momento sindical, de apoyarse fundamentalmente en la aportación de los mismos trabajadores que integran el sindicato, aportación voluntaria, motivada precisamente por una garantía de independencia y libertad que ello supone. La otra, la más fácil, consistía en apoyarse en un financiamiento gubernamental, a pesar del peligro de subordinación y pérdida de independencia que implicaba esta vía.

En ELA-STV optamos por el primero de los caminos, marcándonos como uno de nuestros objetivos prioritarios el conseguir los medios adecuados a través de nuestro propio esfuerzo y con la sola ayuda de nuestros propios afiliados. Por contra, nos atrevemos a afirmar, UGT y CC OO eligieron el otro camino. El camino de la cuota baja, de la financiación por vías distintas de la cotización. La crisis no ha hecho más que acentuar lo erróneo de esta opción, y mucho nos tememos que el pacto social suscrito no sea más que el último episodio.

UCD, culpable de la precaria situación sindical

Este inciso nos permite retomar el hilo argumental de las consecuencias del pacto. Volver de ese pasado de estos últimos años al presente. UCD no ha tenido escrúpulos en aprovecharse de la precaria situación sindical, de la cual es la principal culpable, equiparándose a Gobiernos de países subdesarrollados, muy propensos en el campo sindical a primar a los sindicatos que se pliegan y castigar a los que se oponen, utilizando el erario público al servicio del gran capital y negándose a desarrollar una legislación laboral progresista, que les caracteriza a las sociedades industriales desarrolladas.

UGT y CC OO, por el sendero fácil antes indicado, han llegado a hacer dejación del papel social, fundamentalmente reivindicativo, que como sindicatos les corresponde. Estos sindicatos, en vez de hacer una nueva composición de lugar, de ajustarse a la situación económica, a la relación de fuerzas y a su propia realidad, han preferido convertirse en correa de transmisión de la política económica del Gobierno. El paso que han dado entendemos que es fatal.

Que nadie se lleve a engaño pensando que esta falsa concordia social constituye ya un sistema estable de relaciones laborales, y mucho menos que pactos de esta naturaleza puedan renovarse todas las primaveras sin mayores problemas ni sobresaltos. Esta política sindical es a muy corto plazo y puede causar efectos muy contrarios a los que se persiguen, porque cuando se falsea la dinámica social, cuando las instituciones no juegan su rol, aparecen fenómenos laborales atípicos paralelamente a la extensión del desencanto, producto sobre todo de la falta de credibilidad.

Independencia de la ayuda gubernamental

Aun a riesgo de ser reiterativos, tenemos que insistir que las organizaciones sindicales, si quieren tener un futuro, no pueden depender de una ayuda gubernamental ni disponer de más medios de los que están al alcance de sus posibilidades. La lucha por una legislación favorable, por una práctica negociadora extendida y aceptada, es en todo caso trabajo de muchos años. Cualquier consolidación que no descansé en esta premisa es falsa, por muchas coberturas informativas que se le quieran dar.

Es importante que todos los sindicalistas caigamos en la cuenta sobre los fines que persigue Calvo Sotelo al pretender renovar casi automáticamente los pactos un año tras otro. En la época franquista eran habituales los decretos para congelar los salarios, y, de una forma u otra, más velada si queremos, se va en la misma, dirección.

Tenemos el convencimiento de que los trabajadores van a rechazar estas fórmulas, y a las organizaciones sindicales, si queremos seguir gozando de su confianza y apoyo, no nos cabe otra opción que articular una unidad sindical operativa, basada en primera instancia en el reforzamiento organizativo, autónomo, para contrarrestar la ofensiva patronal que se nos avecina.