El proceso autonómico no incrementará los impuestos ni el gasto público por transferencias del Estado central

Los principios básicos que animan al segundo informe sobre desarrollo de las autonomías en sus aspectos económico-financieros consisten en que «los españoles no van a pagar más impuestos por el hecho autonómico, a menos que así lo decidan en cada comunidad, ni aumentará el gasto público por las transferencias del Estado central», según se desprende de las conclusiones aún provisionales del documento que están ultimando los miembros de la comisión redactora.

La comisión de expertos económicos y financieros encargada de elaborar el llamado segundo informe Enterría sobre el desarrollo de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) continuaba reunida en la madrugada de hoy, a la hora de cerrar esta edición, dando los últimos retoques de redacción a las conclusiones que podrían ser entregadas hoy mismo al profesor García de Enterría, presidente de la citada comisión.El profesor García de Enterría, tras la lectura de los 150 folios de que consta, aproximadamente, el informe más las conclusiones, decidirá si incluye algunas observaciones de última hora y entregará el documento técnico a continuación al presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y al secretario general del PSOE, Felipe González, para su posterior estudio y discusión por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.

El acto de la entrega de este segundo documento sobre «racionalización del proceso autonómico» podría celebrarse el próximo viernes, o si no hubiera observaciones de última hora del presidente de la comisión, podría adelantarse a mañana, miércoles. El compromiso adquirido por el Gobierno y el primer partido de la oposición a principios del pasado mes de abril para desarrollar la LOFCA, paralizada, según fuentes de la Administración, por la «enemiga interna de los propios aparatos del Estado afectados por ella y las fuertes inercias a dejar las cosas como están» tendrá su primer resultado concreto con la elaboración de este documento técnico.

La segunda comisión, presidida, como la primera, por García de Enterría, está compuesta por Jaime Trebolle, Miguel Angel Fernández Ordóñez, José Víctor Sevilla y Francisco Fernández Marugán. Estos dos últimos fueron los autores del proyecto de la LOFCA como director general de Tributos y secretario general de la Dirección de Tributos del Ministerio de Hacienda en su día, respectivamente.

Desarrollo reglamentario de la LOFCA

Entre las conclusiones del informe -que recoge no sólo información técnica, sino también algunas opiniones políticas de los técnicos, tal como es habitual en las comisiones homologadas de otros países europeos- destacan las recomendaciones sobre la concreción de la LOFCA. En estas concreciones se hace especial atención a dos principios básicos, según fuentes próximas a la comisión, que consisten en que los españoles no van a pagar más impuestos por el hecho autonómico y en que el gasto público no deberá aumentar por el mismo hecho.A diferencia del primer informe García de Enterría sobre el proceso autonómico, este segundo documento no recomienda para los aspectos económico financieros de las autonomías nada semejante a la llamada LOOPA (ley orgánica de Ordenación del Porceso Autonómico), ya que ésta existía antes de la elaboración del propio informe. Por tanto, propone el desarrollo regla mentario de la LOFCA, que, por ser de carácter orgánico, deberá realizarse mediante leyes.

Entre las leyes reglamentarlas que concreta el informe se encuentra la ley del Fondo de Compensación Interterritorial, que deberá ser elaborada por el Gobierno cuando presente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1982, ante las Cortes, ya que así lo manda la propia LOFCA, y la ley del Presupuesto de 1981.

Otra de las leyes importantes cuyo proyecto deberá presentar el Gobierno para el desarrollo reglamentario de la ley orgánica es la ley de Participación en los Ingresos para Cataluña, que será la encargadade fijar el porcentaje de los ingresos del Estado central que corresponde a Cataluña para financiar las competencias transferidas. Este porcentaje será el cociente entre el coste efectivo de los servicios transferidos que hay que financiar y los capítulos 1 y 11 del Presupuesto, es decir, los ingresos del Estado por impuestos directos e indirectos. Este sistema de porcentaje no afectará al País Vasco ni a Navarra, que tienen su peculiares conciertos económicos.

Fondo de compensación interterritorial

El objetivo sobre el que giran las conclusiones del informe económico- financiero de las autonomías es armonizar la existencia de las comunicades autónomas con la del Estado, poner en marcha la LOFCA, paralizada reglamentaria mente durante varios meses, desde su entrada en vigor el pasado 1 de octubre, concretar y valorar el funcionamiento de las transferencias y sugerir las líneas de desarrollo del Fondo, de Compensación Interterritorial.El proyecto de ley de creación del FCI es considerado como de máxima urgencia por los propios redactores del informe, ya que es el instrumento legal encargado de redistribuir la renta entre las regiones ricas y pobres y resulta pieza clave para la elaboración del mismo Presupuesto del Estado para 1982. El 30% de las inversiones públicas fijadas en el Presupuesto del Estado se distribuirá, según el mandato del Fondo, en relación inversa a la renta de cada región. Con ello se trata de compensar la ventaja comparativa que tienen desde el primer momento de la entrada en vigor de la LOFCA las comunidades más ricas de España. Si Cataluña tiene, por ejemplo, escuelas, centros sanitarios Y otros servicios públicos cuya financiación corresponde al Estado con un coste equivalente a cien, la Generalidad recibirá cada año el porcentaje que resulte de dividir este coste actual por los ingresos del Estado. La distribución del gasto público se perpetúa de manera desigual a favor de las zonas actualmente mejor servidas, ya que recibe más dinero quien tiene más servicios públicos y menos quien menos tiene. Por ello, la presión socialista para el consenso parlamentario que permitió la aprobación de la ley orgánica garantizó la existencia del Fondo.

La actual distribución del gasto público se alterará en la medida en que el 30% correspondiente a inversión pública lo sea de verdad, en lugar de disfrazar como ocurre ahora, otros gastos corrientes de personal, material, etcétera.