La fiesta no es un negocio, sino un servicio

La celebración de una corrida más destinada a la Beneficencia Provincial pone de nuevo sobre el tapete la presencia y la política de la Diputación de Madrid en y sobre la fiesta de los toros. Y es oportuno levantar acta de que se ha puesto en pie, sólidamente, la arquitectura que se programó en su día y que fue hecha pública por la Diputación.Se ha institucionalizado un órgano especial de gestión, para la plaza de toros de Las Ventas, con representación de todos los partidos políticos, y en el que los profesionales de la gestión taurina tienen también su lugar correspondiente.

Se ha elaborado y aprobado un pliego de condiciones radicalmente innovador, respecto al «antiguo régimen» taurino. Un pliego en el que la baratura de los precios, la calidad y cantidad de espectáculos y el nervio cultural y popular de la fiesta, destacan con luz propia.

Se ha abandonado, por fin, el mal hábito (yo reservaría la palabra tradición para otros hábitos más rigurosos) de entender que la Diputación era pura y simplemente la propietaria de Las Ventas y que, en consecuencia, debía explotarla con la finalidad de maximizar los beneficios económicos según los patrones del primer capitalismo.

Todo ello nos ha permitido afrontar la celebración del cincuentenario del nacimiento de la plaza con las garantías que exige la efeméride, e impulsar una nueva andadura con la Escuela de Tauromaquia de Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, aprovechando la tradición taurina (en este caso un buen hábito) nucleada en torno a las instalaciones de El Batán.

Es evidente que hemos hecho un esfuerzo político, económico y de gestión, que hemos incurrido en costes (siempre los hay) y que hemos cambiado todo el sistema y los valores morales y políticos que lo harán posible. Y hay que preguntarse del porqué de esta deliberada y beligerante actitud hacia la fiesta.

La respuesta es tan simple como novedosa: la Diputación democrática ha comprendido que la fiesta de los toros no es un negocio, sino un servicio, y que, por tanto, no puede actuar como un propietario privado, sino como administrador público de un bien cultural absolutamente encarnado con las más antiguas tradiciones populares de nuestro país.

Colateral e indirectamente, la política puesta en juego por la Diputación ha servido para que otros ayuntamientos y diputaciones se planteen una nueva relación contractual con los empresarios que explotan sus plazas o una actitud más positiva y creativa, hacia la fiesta de los toros en su ámbito territorial. Y, en el Gobierno del Estado, aparece tímidamente, en el Boletín Oficial, una comisión interministerial con facultades de consulta (sólo de consulta) en materia taurina. Son dos grupos de hechos beneficiosos para la fiesta, de los que también podemos sentirnos, modestamente y en parte, coautores.

En el plano institucional quedan por cubrir, entre otros, dos objetivos. En primer lugar, la elaboración y aprobación de un nuevo reglamento taurino, que recoja las experiencias, aspiraciones y reformas que vienen expresadas hace tiempo por todos los estamentos y sectores implicados en la fiesta. Y, en segundo lugar, la transmisión de las competencias en materia taurina que hoy ejerce el Ministerio del Interior al Ministerio de Cultura. Si esto último no se hace, nadie creerá que la política taurina del Gobierno responde a la filosofía que públicamente anuncian, una y otra vez, sus rectores y responsables. ¿Con qué iglesia hemos topado una vez más, amigo Sancho, para que lo racional no sea real, es decir, para que la fiesta de los toros no se gestione, promueva y controle desde el Ministerio de Cultura?

es diputado del PCE, vicepresidente de la Diputación Provincial de Madrid.