Barcelona-Almería: de costa a costa

EN LA conferencia de Prensa celebrada en Barcelona, el presidente del Gobierno, que a veces parece confundir la concisión con la cortedad y la sobriedad con la displicencia, ha sido preguntado sobre los asuntos, más bien tenebrosos, de Almería y del Banco Central.Tanto la muerte de los tres desventurados jóvenes en las inmediaciones de Roquetas como el asalto a mano armada de Barcelona se hallan sometidos a las diligencias sumariales de un juez instructor. No parece congruente, así pues, que Leopoldo Calvo Sotelo se ampare en la coartada del secreto sumañal para guardar un hermético silencio acerca de los espeluznantes sucesos de Almería, mientras el propio presidente y algunos de sus ministros, primero, y, las autoridades policiales, después, se han ocupado y se siguen ocupando con locuacidad del aparatoso secuestro de rehenes de la plaza de Cataluña.

La información gubernamental sobre acontecimientos de alcance político, revistan o no carácter delictivo y ocasionen o no actuaciones judiciales, es una obligación del jefe del poder ejecutivo en un sistema de democracia parlamentaria.

Ya con ocasión de la detención del letrado Ruiz Balerdi -de quien, por cierto, la opinión pública aguarda todavía una explicación, en tanto que ciudadano electo para desempeñar un cargo público- el responsable del Mandó Unico Antiterrorista se descolgó con declaraciones que no sólo invadían la independencia de los magistrados, como se encargó de subrayar el Consejo General del Poder Judicial, sino que. además, pusieron en un brete al ministro del Interior, autoridad de quien depende. Ahora los responsables policiales han dado una versión sobre los sucesos de Barcelona que elimina algunas de las hipótesis manejadas por el presidente del Gobierno en su intervención ante el Congreso y retiene exclusivamente, para convertirla en teoría cierta, la conjetura de que los asaltantes no eran más que delincuentes comunes en busca de botín.

Con independencia de la veracidad o falsedad de esa versión, resulta sorprendente que un asunto sobre el que informó primero el presidente del Gobierno, en una comparecencia ante el Congreso, haya pasado, sin solución de continuidad, y como deslizándose por un tobogán, a manos de los servicios de difusión de departamentos policiales dependientes del Ministerio del Interior, que comunican directamente a las agencias, a los periódicos y a las radios cuál de las hipótesis manejadas en su día por Leopoldo Calvo Sotelo es la correcta. La oficiosidad o la independencia de esos servicios no han dejado en demasiado buen lugar al presidente del Gobierno, a quien hubiera correspondido, aunque sólo fuera por pura cortesía, la tarea de leer a los diputados la segunda entrega, que probablemente no será la última, de tan intrigante investigación.

En lo que respecta a los pavorosos sucesos de Almería, Calvo Sotelo se ha acogido, para no dar ni una brizna de información, al secreto sumarial. Recordemos, sin embargo, que, circunscribiéndonos incluso a este espeluznante caso, tanto la Dirección de la Guardia Civil, dos días después de los acontecimientos, como el ministro del Interior, en la comisión del Congreso, dieron versiones sobre los hechos que no parecen guardar relación con el auténtico desarrollo de la macabra historia. Leopoldo Calvo Sotelo preside un Gobierno que dirige por mandato constitucional la Administración civil y militar del Estado, lo que significa que los eventuales errores o intoxicaciones imputables al Ministerio del Interior o a la Dirección General de la Guardia Civil salpican su propia credibilidad, aunque le disguste la palabra, y le obligan a restablecer la verdad de los hechos.

No pedimos que el Gobierno invada las competencias del poder judicial, sino que cultive con diligencia su propio campo. No pedimos que usurpe las funciones de los magistrados, sino que rectifique, anteriores informa y suministre los datos que permitan reconstruir, sobre esos mentís, el verdadero desarrollo de los hechos. No pedimos que dicte sentencias, sino que nos explique, por ejemplo, la misteriosa naturaleza de la enfermedad que ha forzado, la baja temporal del teniente coronel jefe de la Guardia. Civil de Almería, Castillo. Quero, desde el 10 de mayo, y las razones por las que el letrado que lleva la acusación particular fue expulsado de la misma comandancia.

Mucho nos tememos que el presidente del Gobierno haya caído en la trampa dialéctica, tendida por la ultraderecha golpista, de aceptar que el honor de la Guardia Civil como institución puede ser puesto en entredicho por la investigación,de los comportamientos presuntamente delictivos de algunos oficiales o números, tódos con nombre y apellido, de ese instituto armado. Si las simulaciones marciales de los asaltantes del Banco Central estuvieron dirigidas a que se les confundiera con guardias civiles, a fin de poner en evidencia a un crédulo Gobierno, que dió pábulo a la farsa, sólo una lógica estrafalaria podría llevar a la conclusión de que esa artera maniobra exculpa a los golpistas del 23 de febrero o excluye, por anticipado y como cuestión de principio, la posibilidad de que los sucesos de Almería den lugar a responsabilidades penales. No es el honor de la Guardia Civil lo que anda en juego, sino el juicio sobre el comportamiento de algunos de sus miembros, cuya actitud deshonra al cuerpo al que sirven y al uniforme que visten. Todo lo demás sobra.