El chantaje de los exámenes

LA FUNCIÓN de jueces, en demasiadas ocasiones de única instancia, que la sociedad atribuye a los maestros y profesores de todos los niveles de enseñanza lleva implícita la potestad de aprobar o suspender asignaturas y cursos, aplicando en ocasiones varas de medir que no sólo toman en consideración de forma objetiva la capacidad intelectual o el dominio de la materia por los alumnos, sino también criterios de otro orden o valoraciones subjetivas. Para nadie es un secreto, así, que existe instituciones docentes, privadas, montadas corno negocios más que como centros educativos, que garantizan el aprobado en septiembre a los alumnos suspendidos en junio que se comprometan a asistir -y a pagar- las clases de recuperación programadas durante los meses de verano.Los alumnos deberían estar asistidos, cuando menos, del derecho a conocer, en plazos razonables, esos veredictos cuyos considerandos y resultandos no siempre les Son facilitados. Sin embargo, comienza a convertirse en una irritante- costumbre y en una intolerable práctica la utilización por un sector del profesorado del resultado de los exámenes finales para chantajear a la Administración y obligarla a dar respuestas positivas a sus reivindicaciones. La retención de las actas de calificación, o la no evaluación de los alumnos al concluir el curso se transforman así en una fórmula refinadamente sádica, que desequilibra los nervios de los alumnos y de sus familias, parzi presionar sobre la Administración en favor de los intereses corporativos del personal docente.

Este año han sido las asociaciones nacionales de catedráticos y agregados de bachillerato las que han decidido suspender las evaluaciones finales de los alumnos de COU hásta el próximo 15 de junio. Dado que estos estudiantes tienen que superar, primero, el curso de orientación u niverlitaria y sufrir, después, los exámenes de accesción a la universidad (Selectividad) dentro de plazos limitados de tiempo, resultan víctimas propiciatorias ideales para esta nueva modalidad txtorsionista. Pero también los docentes de la Asociación de Profesores de Centros de Enseñanzas Integradas, las antiguas universidades laborales,»amenazan con boicotear las evaluaciones.

La aviesa-maniobra no es nueva. Los catedráticos y agregados de bachillerato, que dejaron sin clases a sus alumnos durante varias semanas del primer trimestre del presente curso, aplazaron ya las evaluaciones de los estudiantes al finalizar el curso 1978-1979. Sólo, cuando la

Administración aceptó parte de su plataforma reivindicativa los profesores huelguistas depusieron su actitud.

Se plantea así el viejo problema de saber quién educa a los educadores y de cómo quienes se dedican ala ensenanza como vocación pueden degradar su ejercicio, por debajo de cualquier consideración de ética ciudadana, sólo para defenderlos intereses de su prbfesión. No se trata de poner en duda la justicia de buena parte de las reivindicaciones de los enseñantes, sino de rechazar la manipulación del alumnado como instrumento para satisfacerlas. Para mayor escarnio, esas asocíaciones profesionales de profesores de instituto o de universidades laborales, que se jactan de su condición de independientes y apolíticas, se hallan en ocasiones en presumible connivencia con sectores de1a Administración pública, en la que terminan integrándose, en puestos de elevada responsabilidad, algunos de sus líderes. No es de extrañar, como consecuencia, la debilidad, provocada o inducida, de los sindicatos de profesores, marginados por estas agresivas, pero bien conectadas, asociaciones independientes.

La enérgica nota del Ministerio de Educación y Ciencia, hecha pública ayer, para anunciar la apertura de expedientes a los profesores que retrasen las evaluaciones de fin de curso subraya que esa media extorsionista posee «efectos ntgativos,y, en algunos casos, irreversibles, que, por recaer directamente sobre los alumnos y sus familias, excede del ámbito concreto de relaciones entre el Ministerio y el profesorado». La nota también in dica que la grave violación del derecho constitucional a recibir educación y del derecho a la valoración objetiva de los rendimientos educativos que la ley general de Educación feconoce a los alumnos debe prevalecer sobre la más generosa interpretación imaginable del derecho de huelga del profesorado. Pocas dudas cabe albergar, en verdad, sobre el carácter rechazable e indigno de una huelga que utiliza a la población escolar, en este Caso mayoritariamente incluida en los sectores más pobres de nuestrasociedad, como carne de cañón para la defensa de los intereses profesionales de sus presuntos educadores.