Un análisis de la economía española

VENÍA SIENDO habitual que el informe anual del Banco de España fuera hecho público en pleno verano, lo que apagaba sus repercusiones en una opinión pública más preocupada de las vacaciones que de los análisis de nuestra economía. En esta ocasión, el banco ha dado a conocer su estudio sobre 1980, con un anejo estadístico que cubre hasta diciembre de ese año, en fechas más propicias para el debate y en el preciso momento en el que el Gobierno, los grandes partidos, las organizaciones empresariales y las centrales sindicales buscan salidas negociadas a una o1rave situación, caracterizada por el elevado paro y la escasez de inversiones.No hay que hacerse, sin embargo, demasiadas ilusiones sobre la capacidad del informe del Banco de España, pese a la corrección técnica que suele caracterizar su elaboración, para influir en la discusión en curso. El informe sobre 1979 ya subrayó los perversos mecanismos que conducían a un rápido, ineficaz e inevitable déficit presupuestario. Sin embargo, la recomendación implícita de reducir el crecimiento de los gastos corrientes y de frenar las transferencias y subvenciones de fondos públicos, aceptada por partidos políticos, empresarios y sindicatos, no fue tomada en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1980, que adoptaron, en este terreno, medidas correctoras poco relevantes.

El informe ayer presentado analiza los modestos resultados obtenidos por la economía española durante 1980. El crecimiento de la producción interior de bienes y servicios en términos reales habría sido, de acuerdo con sus estimaciones, del 1,2%, meta que no hubiera sido alcanzada sin la gran cosecha del pasado año, ya que el crecimiento real de los sectores industrial y de servicios fue tan sólo del 0,6%. El mayor estímulo procedió de la demanda interior, y en concreto de la demanda de consumo, si bien la inversión registró, por vez primera desde 1974. una variación positiva. En cualquier caso, la formación bruta de capital en la España de 1980, a precios constantes, ha sido inferior a 1974.

La tasa de crecimiento de los precios al consumo fue del 15,5% (15,7% en 1979). En cuanto a la balanza de pagos, el superávit de 1.126 millones de dólares en 1979 ha dejado paso a un déficit de 4.900 millones de dólares, en su mayoría producido por el encarecimiento de la factura petrolera. Las exportaciones han crecido tan lentamente que no han alcanzado a cubrir las importaciones no energéticas. La atonía inversora y exportadora provocó una contracción todavía mayor de la demanda de trabajo, y el nivel de empleo descendió en un 3,2% (442.000 personas), de forma que la tasa de paro afectaba -según los datos del banco-, al terminar el año, al 12,6% de la población activa, esto es, a 1.620.000 personas.

Aunque la mayoría de los paises industrializados siguen inmersos en la crisis, la situación española es comparativamente bastante peor. Nuestra tasa de paro contrasta con el 7,5 % medio de dichos países. Nuestra tasa de crecimiento real es inferior en casi un punto a la de esas economías en los cinco últimos años. Y mientras más allá de nuestras fronteras las tasas de crecimiento de los precios disminuyen y mejoran las cuentas exteriores, la economía española continúa atrapada por la inflación y el estancamiento.

El informe analiza las razones de la rigidez de la economía española para reajustar su estructura productiva frente a la crisis, y pone especial hincapié en las alzas de los salarios reales (*) en la industria entre 1973 y 1978, superiores comparativamente a las registradas en otras economías desarrolladas. Durante este período, según el informe del Banco de España, los salarios reales industriales crecieron en España un 47%, frente al 11,5% en los demás países de referencia. El bajo nivel del que se arrancaba en nuestro país, determinado por la ausencia de un marco de relaciones industriales maduro y de unos sindicatos libres e independientes, explica, sin duda, histórica y socialmente, ese rápido incremento que, por otra parte, en muchos sectores ha sido contrapesado por la mayor presión fiscal sobre determinadas rentas. Por otra parte, la firma del acuerdo-marco interconfederal y la buena disposición de UGT y CC OO para la negociación salarial del próximo año muestran que la sensatez y el realismo de las centrales han sustituido al mito del crecimiento rápido e ilimitado de la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Se echan en falta, por lo demás, referencias explícitas y detalladas en el informe, a la opacidad del mercado de capitales a largo plazo, hoy en manos oligopolísticas, a la desafortunada política de reindustrialización orientada al apuntalamiento de los viejos tinglados, la pesadez e ineficacia de la Administración pública y la mala calidad y elevados costes de los servicios proporcionados a los ciudadanos en contrapartida de sus impuestos. La flexibilidad encomiable que el informe predica para elfactor trabajo no es acompañada de recomendaciones dirigidas a liberalizar el sistema financiero, fomentar la competencia empresarial y evitarlos despilfarros y la ineficiencia de un sector público con empleos garantizados de por vida y no siempre a la altura de sus responsabilidades. En cualquier caso, el informe proporciona análisis sugerentes y enriquecedores sobre los problemas de nuestra economía, necesitada, desde luego, de diagnósticos acertados. Pero también de una resuelta voluntad política de solucionarlos.

El salario real define la capacidad adquisitiva de los sueldos. Su índice se obtiene deduciendo la tasa de inflación del incremento salarial nominal bruto.